LA GUERRAcontra las drogas ha fracasado y es el momento de crear una nueva estrategia mundial para combatir este problema. Esta es la principal conclusión del informe ‘Acabando la guerra contra las drogas’ (Ending the drug wars) publicado por el London School of Economics (LSE) y firmado por cinco premios Nobel, el ministro de Salud colombiano, entre otros expertos mundiales en la materia.

La nueva política debe pasar, según los investigadores del LSE, de basarse en acciones punitivas y prohibicionistas, hacia esfuerzos enfocados en “salud pública, contención de daños, acceso ampliado a medidas esenciales, minimización del consumo problemático, experimentación regulatoria rigurosamente monitoreada, y un compromiso inquebrantable con los principios de los derechos humanos”.

Esto como consecuencia de que la llamada ‘Guerra contra las drogas’ ha producido impactos negativos en todos los continentes. En el prólogo del informe plantean como ejemplo las  “encarcelaciones masivas en Estados Unidos, unas políticas altamente represivas en Asia, una enorme corrupción y desestabilización política en Afganistán y el oeste de África, una inmensa violencia en Latinoamérica y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos en todo el mundo”. Por esto, los firmantes consideran inútil que los Estados sigan destinando esfuerzos hacia políticas punitivas.

Además de los resultados económicos de las políticas tradicionalmente aplicadas para luchar contra los narcóticos, el informe argumenta que los peores efectos de esta estrategia han recaído sobre los países productores y aquellos por donde transita la droga. El coordinador del informe, John Collins, pide además que las responsabilidades sean compartidas entre estos Estados y aquellos donde hay más población de consumidores.

El documento promueve una nueva estrategia alejada de lo que durante décadas han impulsado las Naciones Unidas a través de estrategias “excesivamente militares” y su implícito daño colateral. Aseguran que estas medidas prohibicionistas han sido uniformes para todos los países, dejando de lado otras políticas “más efectivas que incorporan enfoques de salud pública y manejo de los mercados ilícitos”.  Por el contrario, el grupo de expertos impulsa una aproximación basada en la cooperación internacional y que involucre diferentes políticas para cada región. 

Con respecto a políticas de descriminalización, legalización y tratamientos de salud pública, el informe destaca avances positivos como el de Uruguay y Colorado (EU). Sin embargo, “si se va a intentar la legalización debería hacerse con un espíritu experimental. Dada la amplia gama de pérdidas y beneficios potenciales, así como de opciones, las probabilidades de dar con una combinación perfecta a la primera son probablemente nulas”, escribieron Mark A.R. Kleiman y Jeremy Ziskind, en uno de los capítulos.

Los más afectados

Dos colombianos participaron en esta publicación para argumentar cómo en los países afectados por la producción y el tráfico de drogas ha fracasado la política prohibicionista. Daniel Mejía (director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes) y Pascual Restrepo (candidato a doctorado en economía en el MIT) explican que en estos territorios “el incremento de la violencia relacionada con la droga agobió la capacidad del sistema judicial para confrontar las organizaciones criminales”.

Tal es el caso colombiano, donde “grupos criminales organizados desataron una guerra abierta contra el Estado y los medios, que luego financió la expansión de guerrilla y paramilitares”.

Por estos costos que terminan perjudicando a la población civil, piden que la política antidrogas, “como cualquier otra política pública”, se juzgue por sus resultados y no por sus intenciones, pues aunque “en teoría la prohibición suena como una opción razonable, la evidencia es clara en demostrar los altísimos costos y la ineficiencia de la llamada guerra antidrogas”.

Colombia, el ‘giro’ que no llega

En 2012, el presidente Juan Manuel Santos publicó un texto titulado ‘Reexaminando el problema de las drogas desde una nueva perspectiva’. En él se mostraba una especie de espaldarazo al informe de la Comisión Global de Política de Drogas, que hacía un llamado urgente a la revisión de las políticas prohibicionistas y abogaba por una aproximación desde la salud pública y no desde la criminalidad al problema de las drogas.

Incluso, Santos hablaba de “mirar este tema con nuevos ojos” e invitaba a líderes, científicos y expertos a “romper esquemas preconcebidos”. Estas palabras, que fueron percibidas como un llamado valiente por parte de la comunidad internacional, no son coherentes con la realidad actual del país, según Jairo Téllez, director del grupo de investigación en Sustancias Psicoactivas de la Universidad Nacional.

Para Téllez, el único esfuerzo que desde entonces se ha dado en Colombia por cambiar la percepción del problema ha sido la aprobación en diciembre de 2012 de la Ley que declara la drogadicción problema de salud pública. Sin embargo, lamenta que “esa ley fue sancionada hace 15 meses y no ha sido reglamentada. Esa reglamentación implica que las EPS se hagan cargo de los tratamientos preventivos y curativos, pero no se está haciendo”.

El profesor coincide con el informe del LSE en que la lucha debe enfocarse más a la prevención que a la restricción, pero a eso le agrega un componente pedagógico: “la prevención debe hacerse con comprensión, es decir que el individuo tenga la facultad de decidir si consume o no al tener una comprensión clara de lo que le puede pasar”, aseguró a El Nuevo Siglo. Para ello cree necesario que la población pueda acceder a información científica y académica sobre el tema.

Recientemente, el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, dio otro mensaje de cambio, al promover un enfoque de salud pública al problema de las drogas ilícitas: “Los diversos planteamientos expresados en la sesión ordinaria 54 de la CICAD nos  deberían conducir a que, a nivel hemisférico, avancemos hacia la búsqueda de alternativas para la despenalización del consumo y en consonancia con el  reconocimiento pleno de los consumidores como sujetos de derechos”, manifestó durante la 55 sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

Desplazamiento forzado, el efecto de prohibir

El desplazamiento interno es uno de los efectos indirectos de las políticas prohibicionistas contra las drogas. Eso concluye la profesora mexicana Laura Atuesta, que en el reporte del LSE explica cómo estas medidas implementadas en México y Colombia durante la década del 2000 han tenido una consecuencia en las poblaciones civiles.

Atuesta aclara que, aunque el debate global se está orientando hacia alternativas como la prevención del consumo y la atención a las adicciones, e incluso la regulación o la legalización, en estos dos países es muy pronto para contemplar estas salidas. “Las políticas basadas en la prohibición y la ‘guerra contra las drogas’ han dejado estos países con serios problemas que no podemos ignorar al aprobar cambios drásticos en las políticas de narcótico”.

Entonces, ¿qué deben hacer los Estados para evitar que la lucha contra las drogas siga generando más desplazamientos? La estrategia antidrogas debe acompañar esas salidas alternas sin dejar de lado medidas de seguridad, propone la investigadora. Atuesta plantea la tesis de que la calidad de vida de estas poblaciones solo mejorará “cuando el Gobierno reinvierta los gastos en seguridad en otros sectores productivos como la salud, la educación y el transporte”.

En este sentido, celebra avances en Colombia como la Ley de Víctimas y la desmovilización de los grupos paramilitares, pero cree que esto no ha impedido el surgimiento de nuevos grupos armados. Contrario a este esfuerzo nacional por reconocer y atender a la población desplazada, lamenta que el gobierno mexicano “no ha reconocido el problema, a pesar de la aprobación de la Ley de Víctimas en 2013”. 

El problema se traslada

Una de las hipótesis ampliamente difundidas durante años ha sido que al atacar la producción y el tráfico de drogas en una región,  esa actividad se trasladará a los países vecinos. Esta teoría lleva por nombre Efecto Globo y es estudiada en el informe por Peter Reuter, profesor del departamento de criminología de la Universidad de Maryland.

Reuter pone los logros de las políticas colombianas como ejemplo: “Con el giro de más prohibición y menos erradicación en Colombia, los cultivos de coca empezaron a trasladarse a Perú y Bolivia; el procesamiento a Venezuela y Ecuador; y las bases de las principales organizaciones de narcotráfico hacia México y Centroamérica”.

Incluso el presidente Santos reconoció este problema en su documento publicado en 2012 tras el informe de la Comisión Global: “Décadas de duro trabajo y sacrificio han dado logros significativos. Sin embargo, actualmente presenciamos con profunda preocupación, cómo esta situación se viene desplazando hacia países vecinos, junto con todo el dolor, la violencia y la corrupción que ello conlleva, y que hemos soportado en nuestro país durante demasiados años”.

Reuter reconoce que si bien una coordinación internacional es “extremadamente difícil, sin ella, los efectos negativos del narcotráfico seguirán cruzando fronteras”.

Aspersión aérea: método ineficaz y dañino

El documento de London School of Economics revive la discusión sobre la efectividad de la aspersión aérea a los cultivos ilícitos, una de las principales estrategias aplicadas en Colombia para combatir la producción de cocaína.

Además de reiterar la baja o poca efectividad de este método, los investigadores colombianos Daniel Mejía y Pascual Restrepo agregan que estas campañas “han demostrado que generan problemas de salud a las poblaciones rurales expuestos a herbicidas, además de daños al ambiente y pérdida de confianza en las instituciones”.

Hace unas semanas, Mejía le explicó a El Nuevo Siglo las otras alternativas que se aplican en otros países con el propósito de atacar el narcotráfico: “En Colombia ha sido muy eficiente la interdicción, que consiste en detectar y destruir los laboratorios para el procesamiento de cocaína; e ir tras los envíos al exterior. Otros países tratan de que los campesinos cambien de cultivos ilícitos a lícitos mediante apoyos técnicos y cooperación”.