Enriquecer aún más el proyecto de ley que busca crear un sistema nacional de convivencia escolar en el país, reclama el representante del Partido Liberal Carlos Andrés Amaya, ponente de la iniciativa que tendrá hoy su primer debate en la Comisión Sexta.
Para Amaya la iniciativa presentada por el Ministerio de Educación Nacional y un grupo de congresistas es interesante porque le da importancia a un tema que se tenía relegado en la agenda pública nacional como hasta, hace unos meses, era el ‘matoneo’; sin embargo, cree que hace falta darle más discusión a la propuesta y de esa forma enriquecerla.
“Creo que lo más importante ahora es dar debates y discusiones con las instituciones encargadas para que las conclusiones de estos encuentros permitan enriquecer el proyecto. Por eso yo he propuesto que el proyecto de ley se discuta hasta tanto varios debates permitan generar conclusiones respecto al tema”, explicó el Representante.
A pesar de que la propia ministra de Educación María Fernanda Campo ha defendido la propuesta diciendo que lo que buscan es crear una ruta de atención integral para que cuando un estudiante sea agredido o se le estén vulnerando sus derechos “la escuela sepa qué es lo que realmente se debe hacer y a quién acudir”, el Representante insiste en que hace falta mayor discusión del tema antes de ser votado y dice que las entidades “se tiran la pelota” de la responsabilidad en el tema.
“Lo que el Ministerio de Educación ha dicho es que ellos tienen que ver con el asunto, pero no son solo ellos, que eso también incluye a las familias, y con respecto a las familias el Bienestar Familiar dice que eso no les corresponde a ellos sino que el tema tiene que ver con el Ministerio de Educación y los rectores y todos terminan tirándose la pelota de un lado a otro sin encontrar responsable”.
Los autores, contrario a lo que piensa uno de los ponentes, sí creen que el proyecto de ley sea un método efectivo para atender los problemas de violencia que ocurren en las instituciones educativas porque busca crear un Comité Nacional de Convivencia Escolar que fortalecerá las instancias del Gobierno para la convivencia escolar, para la construcción de ciudadanía y para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes.
El Comité contaría con la presencia de los Ministerios de Salud, Cultura, Tecnologías de la Información, Interior, Justicia, y además acompañamiento de entidades importantes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Dirección de la Policía de Infancia y representantes de las Altas Consejerías para la Convivencia y la Seguridad, y la de la Equidad de la Mujer. Incluso la ministra Campo dijo que a través de éste pretenden desarrollar competencias ciudadanas y formación de ciudadanía para promover los derechos humanos en las aulas.
Pero la propuesta no busca quedarse en lo nacional, ya que incluye pequeños comités que serían los responsables a nivel regional y local como instancia que coordinaría las acciones que se tomen a nivel nacional y las aplicarían a los sistemas educativos de cada población.
Otro de los objetivos es el relacionado con la creación de la figura del Comité Escolar de Convivencia dentro de los manuales de convivencia de todas las instituciones educativas del país, con el fin de que éste medie en los conflictos escolares, además de garantizar la participación activa de toda la comunidad educativa en procesos de fomento de convivencia y construcción de ciudadanía.
Al respecto, el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, y uno de los autores, considera importante los cambios en el manual de convivencia para evitar que el ‘matoneo’ en los colegios convierta a los niños en menores con baja autoestima y promueva la proliferación de pequeñas bandas dentro de las instituciones.