Por Álvaro E. Sánchez H. *

Especial para EL NUEVO SIGLO

Una parte importante de las antiguas reservas forestales del país ha venido sufriendo procesos de extracción, que suelen ser dispendiosos y demorados en el tiempo y que, en el momento de salir en forma definitiva, se encuentran desactualizados o simplemente ya no corresponden a la realidad social y económica de la zona afectada; también ocurre con frecuencia que al terminar dichos procesos acaba manteniéndose, como reserva, alguna que otra zona que ya no representa ningún patrimonio en términos ambientales.

Un ejemplo claro de la situación está dado por la reserva forestal ubicada en la llamada “Teta de San Lucas”, ubicada en la serranía del mismo nombre, allí se inició un proceso de sustracción hace más de veinticinco años y, según se dice en los municipios de la región, “está próximo a salir”; en los mapas de ese proceso de sustracción, tal como se conocen, se encuentran amplias zonas que aún conservan vegetación nativa y por lo tanto no deberían estar incluidas, y se encuentran excluidas algunas zonas en las que hoy se encuentran centros poblados y actividades agrícolas, ganaderas y de minería. En definitiva, de lo que otrora fue una gran reserva forestal hoy solo queda menos de un 35%, el que aún deberíamos tratar de conservar.

Los estudios

Aparte de la tramitología y los desplazamientos de documentos y cartografías por todos los despachos oficiales, en los cuales no he adentrado ni pienso adentrar, deberían existir varios documentos y estudios que permitieran un análisis más serio y ambientalmente más sano; quisiera ahondar un poco en ésta afirmación explicando cuáles son estos estudios y por qué se deberían mantener actualizados, veamos:

1.   Línea base del área a substraer. El país no tiene una línea base confiable y la Fuerza Pública no ha podido garantizar el conocimiento detallado de todo el territorio nacional y de sus inventarios eco-sistémicos, esto incluye el inventario de fauna, el inventario forestal, el inventario de flora, el diagnóstico sociocultural, el inventario hídrico, el inventario minero y el inventario de actividades económicas; si todo en su conjunto no se tiene, entonces ¿cómo se puede definir cuáles son las zonas extraíbles de nuestras reservas? Y ¿Cómo se puede establecer el cumplimiento de la protección de la zona de reserva?

2.   El sostenimiento económico de las familias que viven actualmente en la reserva. Si éste punto no está debidamente analizado, se corre el riesgo de incluir áreas que podrían mantenerse como reservas y con actividades complementarias, o de excluir áreas que son indispensables para la supervivencia de grupos étnicos o culturales que no tendrían otra posibilidad de subsistencia. No podemos olvidar que la primera prioridad debe ser la salud y la vida de las comunidades y la segunda el ambiente, y que el cuidado de éste último se da en función de permitir la supervivencia de la especie humana.

3.   La proyección del crecimiento de las comunidades circunvecinas y los planes de ordenamiento territorial de los municipios involucrados. Nada se ganará con que se haga correctamente el proceso de sustracción si no se tiene el cuidado de regular el entorno, el crecimiento de las poblaciones circundantes acabará por ahogar la reserva mantenida y por presionar la sustracción de nuevas áreas, en un proceso irreversible que acabará más temprano que tarde por destruir nuestra riqueza natural.

Otros problemas

De un lado, los buenos ciudadanos, respetamos la reserva y propendemos por su mantenimiento y protección, de otro lado las actividades ilegales de los movimientos guerrilleros y de las Bacrim, tales como siembras de cultivos ilícitos y minería criminal, aumentan en proporcionas abismales ante la inoperancia de los mecanismos de control del Estado; de ésta manera generan deterioros quizá mucho mayores que los que generan las actividades de subsistencia de quienes fueron retirados del lugar por las normas de la reserva misma.

En la zona del corregimiento de Canelos del municipio de Santa Rosa del Sur, se puede ver a simple vista como han aumentado los sembradíos de hoja de coca ante la mirada impotente de los habitantes de bien, que tienen que escoger entre quedarse callados o sufrir las retaliaciones de los movimientos guerrilleros que ordenan el cultivo; éstos cultivos se realizan en zonas que se van talando poco a poco y van disminuyendo, de hecho, una frontera forestal de importancia estratégica para el país.

En el mismo municipio, los habitantes están sometidos a cantidades de metales pesados en el agua, que exceden cualquier norma internacional y seguramente tendrán altas tasas de contaminación que no han sido medidas por autoridad alguna y que, sin duda, tendrán efectos en la salud y en la genética de dichos habitantes.

Entonces nos encontramos en un parangón y es que, el retiro de las gentes de bien y de sus actividades de subsistencia está significando dejar el camino libre para la entrada de los depredadores ilegales, que no solo no protegen nuestros recursos, sino que por el contrario han puesto un acelerador a la destrucción de los mismos.

Observaciones finales

Quiero dejar en claro que no estoy en contra de las reservas ni de la substracción que permita las actividades productivas de las comunidades; no se trata de criticar unas herramientas que en esencia son buenas, se trata de propugnar por la mejora integral de la norma, por su agilidad en el tiempo para hacerla eficaz, por su aplicación con los criterios técnicos suficientes para garantizar su efectividad, por el respeto a la cultura de los habitantes ancestrales de las regiones intervenidas y por el respeto a quienes se acogen a las normas, se trata en fin de que se haga bien.

No deja de parecerme triste el comentario escuchado de un concejal de la región, que por más señas pertenece al partido de La U, o sea al partido de gobierno: “si algún día puedo hablar con los comandantes del ELN, les tendré que agradecer que hayan prohibido los cultivos de coca en su territorio”. Es increíble como la autoridad del Estado va siendo desplazada por movimientos ilegales.

* Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental". Escuela de Ingenierías. Universidad Sergio Arboleda. alsanchez2006@yahoo.es @alvaro080255