Es famosa la frase del Libertador Simón Bolívar en la cual definía a Venezuela como un cuartel, a la Nueva Granada como una universidad y a Ecuador como un convento. En sus tiempos,  así como en parte del siglo XIX e incluso del XX, tenía vigencia la sentencia del prócer. En la actualidad sólo algo de ese dictamen responde a la realidad, sobre todo porque en los últimos meses hemos visto que en Venezuela se libra una feroz disputa, no bélica pero sí legalista sobre la prevalencia de las instituciones y la democracia. Una lucha que se desarrolla en dos frentes: el popular, escenificado en las calles mediante la acción intrépida y las marchas  de los opositores; y el jurídico y legalista, en donde los operadores judiciales son los protagonistas.

Así como en Colombia el Legislativo entró a formular un espurio ‘fast track’ sobre los acuerdos de La Habana y el Colón, renunciando a su potestad deliberante, sólo en algo recuperada por la última sentencia de la Corte Constitucional que permitió la modificación de las leyes referentes y que en esta semana el Ejecutivo, en su autoritarismo conocido, demandó, por igual en Venezuela se recurre a los mismos trucos para la perpetuación del régimen, a través de la convocatoria a una asamblea constituyente que no tiene ton ni son.

En ambos casos suceden cosas similares: mientras en nuestro país se desconocieron los resultados adversos del plebiscito sobre el acuerdo habanero, en Venezuela se hizo hasta lo imposible, inclusive con muertos de por medio, para ganar tiempo y abstenerse de convocar el referendo revocatorio y suspender otras elecciones por descontado adversas al régimen.

Hoy en Venezuela se libra una de esas batallas legales y políticas más formidables de su historia. El duelo se da entre la oposición y el gobierno. Los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral se enfrentan a la Asamblea Nacional legislativa, en donde se refugian las mayorías que están en contra de que el país se consolide como una dictadura a la cubana.

El Palacio de Miraflores, como una fórmula para desconocer el poder mayoritario de la Asamblea, ha resuelto violar la Constitución heredada de Hugo Chávez y convocar directamente a una constituyente para formar un nuevo Estado, lo que ha resquebrajado el régimen en todas sus instancias. En las Fuerzas Armadas distinguidos oficiales, parte de la cadena de mando y hasta los soldados rasos se han mostrado contrarios a la propuesta de Nicolás Maduro y sostienen que se atenta contra el estado de derecho que ellos juraron defender. Entre tanto, las llamadas “milicias bolivarianas” y la Guardia Nacional reprimen en las calles a los que claman por el retorno a la democracia,  exigen y suplican porque no sigan matando de hambre al pueblo.

La fiscal general Luisa Ortega, purasangre del chavismo, se ha pronunciado varias veces en sesudos alegatos jurídicos en los cuales señala, artículo por artículo, las violaciones del Gobierno a la Constitución y la ley. Sus pronunciamientos taxativos han conmovido a los venezolanos y motivado el apoyo internacional de los defensores de la democracia y el estado de derecho. La Fiscal ha desenmascarado el contubernio entre el Ejecutivo venezolano y la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en procura de desconocer los fueros de la Asamblea Nacional. Esos señalamientos han evidenciado que la convocatoria a crear un Estado nuevo es una farsa que busca anular la soberanía  popular que encarna la Asamblea y derrumbar el resto de poderes que consagró, inclusive el chavismo, dando paso a establecer un sultanato y de partido único a la cubana.

La Fiscal General, con sus demandas, trata de evitar que el país siga por el despeñadero de violar el legado constitucional. Al asumir con carácter y autoridad intelectual la defensa del derecho, se ha convertido en el imperativo de la legalidad frente al intento oficial de consagrar la ilegitimidad y desconocer los poderes públicos que no están a su servicio así como los derechos de la oposición y de todos los venezolanos, que están siendo masacrados en las calles. Por lo mismo, solicitó Ortega que se anulara el nombramiento fraudulento de 33 jueces. Pero el Tribunal, al desechar sin argumento válido los alegatos de la alta funcionaria, se inclinó por mantenerse en la ilegalidad así ello lo deje expuesto a gravísimas sanciones en el futuro.

Más allá de ello, Ortega ha desnudado la naturaleza dictatorial del régimen y sus jueces de bolsillo así como el truco de convocar a una constituyente. Ante esto, el mundo rodea a la Fiscal, la indudable figura emergente en Venezuela.