La situación financiera de Pdvsa, la estatal petrolera venezolana, es un dolor de cabeza para el gobierno Maduro y toda la población del país vecino. El año pasado ni siquiera entregó los resultados financieros consolidados. Sin embargo, por otras fuentes se sabe que los ingresos de la compañía, que genera la mayor parte de las divisas del país, cayeron en un 41% ese año. Mientras que en 2014 registró entradas por 121.895 millones de dólares, en 2015 se redujeron drásticamente a 72.169 millones de dólares. Y la cuestión es más crítica en materia de ganancias, ya que la empresa registró el año pasado apenas 2.588 millones de dólares por este concepto. Ese retroceso, según los expertos, ha seguido y de forma más pronunciada en 2016.

Todo lo anterior explica por qué se agrava la crisis gubernamental venezolana, pues su gobierno está agobiado por las deudas que crecen como una bola de nieve que amenaza colapsar en el inmediato plazo las finanzas estatales. Los intereses de empréstitos billonarios se han vuelto impagables y la ‘petrodiplomacia’ que puso en marcha el chavismo y su “socialismo del siglo XXI” se ha convertido en una fuga autorizada de capital al extranjero.

Aunque también es una incógnita el nivel de producción de barriles diarios de crudo, lo cierto es que parte de esa producción que se exporta es negociada a precios inferiores a los del mercado, con el fin de conseguir capitalización rápida. La oposición denuncia, incluso, que en la petrolera estatal laboran 114.259 personas, de las cuales 100.000 cobran sin trabajar  ya que son miembros de las milicias oficiales. Es más, dice la oposición que tanto la llamada “central bolivariana” como el Psuv -partido único chavista- exigen a los jefes de personal y los supervisores de la estatal petrolera que cumplan con la asignación de cuotas mínimas de incorporación de trabajadores para las milicias, que son los cuerpos de choque que tiene el régimen en todo el país, algunas con entrenamiento militar.

Semejante escenario es el que lleva a economistas y firmas internacionales a sostener que Pdvsa opera virtualmente en quiebra  y son tantas las obligaciones  inusuales del gobierno por las que debe responder, que la también denominada ‘caja menor del régimen’ ya no da abasto. Agregan que los recursos para exploración y explotación, así como modernización de infraestructura y tecnología se dilapidan en esa politiquería parásita, condenando a la empresa a trabajar con las uñas y descapitalizarse a niveles críticos.

En vano la Asamblea Nacional ha tratado de investigar lo que pasa en Pdvsa. Denuncian los parlamentarios que los esfuerzos del Legislativo por penetrar la maraña de entuertos tropiezan con la oposición de los militares -otros grandes beneficiados con la administración caprichosa de la compañía- que  impiden a los investigadores ingresar a las oficinas y plantas de la petrolera. Precisamente es tal el

hermetismo que muchos piensan que, incluso, la situación de descalabro es peor.

Para los conocedores del mundo de los hidrocarburos es claro que la sola caída en la producción y la crisis de precios no tienen como consecuencia la falta de mantenimiento de los equipos y plantas, lo que se agrava con la inexperiencia de muchos operarios recomendados por los políticos oficiales.

Los dirigentes políticos opositores, e incluso algunos oficialistas mejor enterados, se duelen de la forma en que Pdvsa se deshace a pedazos. Temen que los más recalcitrantes agentes del chavismo intenten destruirla antes que dejar que la oposición llegue al poder y pueda no sólo establecer qué pasó allí, sino recuperarla y modernizarla.

La agonía de Pdvsa se da mientras la economía colapsa y el hambre y la enfermedad se ensañan contra los más pobres. En las marchas populares más que ubicarse en una u otra orilla de la polarización política, las gentes lo que reclaman es comida.

Todo este escenario económico y social debe tenerse claro a la hora de analizar por qué no avanza el proceso de diálogo interno entre Maduro y la Mesa de Unidad Democrática (MUD). El Gobierno no quiere evidenciar su fracaso en la petrolera y esa es una de las razones por las que las conversaciones de la oposición y el oficialismo no pasan de ser un sainete. Maduro y compañía se aferran al poder, pues saben que si cae el régimen no tienen a dónde ir para escapar de la justicia. Hasta se especula que no se consiguen divisas puesto que los poderosos de la cúpula oficialista las reclaman en su mayoría para el dorado exilio que vislumbran.  

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup, aseguró en días pasados que la coalición opositora siempre está dispuesta a negociar, más no con un pistola apuntando a la cabeza. Es obvio que hubo una actitud gubernamental dilatoria, a sabiendas de que bajo la estratagema de los diálogos el régimen ya consiguió demorar el proceso del referendo revocatorio. Incluso, ya todo apunta a que si lograra sacarse avante esta citación a las urnas, se daría muy entrado el 2017 y si la gente vota por sacar a Maduro, como es lo más probable, asumiría el resto del mandato el vicepresidente chavista. Todo ello sin importar que el sistema político, económico, social e institucional venezolano haga implosión por un régimen que raya en lo dictatorial.