Un congresista, un exmagistrado, un exfiscal y un comandante en retiro de las FF.MM. expusieron su concepto sobre este escenario.

Un debate que promete profundas discusiones en medio de la polarización que vive el país por el proceso de paz, promete el tema de los beneficios judiciales a los militares condenados e investigados, modelo conocido como justicia transicional.

Consideraciones de varios tipos, son las que no hacen de este un tema fácil de resolver para el Gobierno.

La encrucijada a la que se enfrenta el presidente Juan Manuel Santos comienza con los compromisos de Colombia con el Estatuto de Roma, que prohíbe otorgar indultos a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad.

De la misma forma elaborar un modelo que beneficie equitativamente a guerrilleros y militares en medio del rechazo de sectores castrenses por equiparar a las Fuerzas Armadas con organizaciones ilegales. Pero también de aquellos que no están de acuerdo con que a los uniformados se les brinden rebajas de pena.

Justicia vs impunidad

En su concepto, el senador conservador Eduardo Enríquez Maya, cualquier modelo que se use, debe ajustarse a la Constitución colombiana y a los tratados internacionales.

“Con la justicia transicional hay que hacer algunas concesiones que no vayan a atentar contra la Constitución ni contra el bloque de constitucionalidad y menos contra el Tratado de Roma. Se debe contar con justicia sin impunidad”, precisó.

Para el Parlamentario, es más beneficioso para el proceso que los acuerdos que se hagan en este sentido incluyan a guerrilleros y militares. “No se puede solucionar los problemas por separado, hay que solucionarlos integralmente si hay voluntad política de los alzados en armas”.

Enríquez consideró como necesaria la creación de esta figura, ya que según el Congresista “el Estado ha sido avaro con las Fuerzas Militares y ha sido muy generoso con los alzados en armas, voluntad generosa no ha tenido efecto”.

Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, opinó que es necesario que en el modelo no haya impunidad en ninguno de los casos y que se excluya los delitos de lesa humanidad.

“En los procesos de justicia transicional no puede haber impunidad ni para los unos ni para los otros, por lo tanto me parece que si existen crímenes de lesa humanidad no se puede aplicar la amnistía y el indulto”, subrayó Hernández.

El jurista dijo que dependerá de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc la forma como se desarrollen las propuestas frente a este tema y la vía legal para esto.

“De ahí va a depender qué tipo de normas se necesitan, si son normas constitucionales, leyes estatutarias o disposiciones del Gobierno”.

Militares sin beneficios

A pesar del  apoyo generalizado a la entrega de beneficios, el ex fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso, sostuvo que los militares investigados por acciones propias del servicio, no tienen por qué brindarle trato especial.

“Yo parto de la base que las acciones de los militares parten de la legalidad y siempre he creído que el militar como tal si cumple con su deber no tiene por qué acogerse a unos beneficios. En el caso del guerrillero lo que pasa es que sí actúa al margen de la Ley”, aseguró el exfiscal.

Valdivieso rechazó las posiciones de quienes expresan la necesidad de reconciliar a todos los actores del conflicto creando figuras especiales.

“Lo que pasa es que paramilitares y guerrilleros han estado fuera de la ley y los militares no. Cuando a los militares se les encuentra culpables de un delito es porque actuaron fuera de la Ley. Esa es la discusión. A los militares nunca se les puede condenar por una muerte causada en combate, lo que pasa, como en el caso del Palacio de Justicia, es que son hechos cometidos fuera del combate y que no corresponden al ejercicio de sus funciones”, dijo.

El exfuncionario aclaró que “no todos los delitos de los guerrilleros son indultables. Habría que ver qué tipo de sanción se les impone ya que el delito político no se puede asimilar a cualquier conducta como decir el narcotráfico”.

Afrenta a la dignidad

Como se había planteado, el excomandante de las Fuerzas Armadas, general en retiro Harold Bedoya afirmó que los militares no buscan obtener beneficios por medio de una ley que los ponga al mismo nivel con los insurgentes.

“Podemos hablar de casos emblemáticos, caso del coronel Plazas y del general Arias Cabrales, ellos no están pidiendo rebaja de penas, lo que piden es que haya justicia, no porque les rebajen las penas equiparándolos con un grupo terrorista.  Con esto se atenta contra el honor y la dignidad de un Ejército”, afirmó Bedoya.

Para Bedoya, lo que se debe hacer es pasar todas las investigaciones por conductas del servicio que contra militares tiene la Fiscalía, pasen a la Justicia Penal Militar.

“Todo lo que haga la Fiscalía General hace parte de la guerra jurídica que han desarrollado los terroristas en contra del Ejército. Lo que hay que hacer es quitarle a la Fiscalía toda esa cantidad de juicios equivocados y pasarlos a la Justicia Penal Militar, quienes son los que deben tomar las decisiones”, anotó.

El general en retiro desvirtuó los beneficios que presuntamente les da a los integrantes de la Fuerza Pública el fuero militar que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

“La Constitución dice claramente que los militares se ajustan a la Justicia Penal Militar por actos del servicio, el resto es colocarles arandelas que no tienen nada que ver con los actos del servicio”, puntualizó Bedoya.

En la actualidad hay aproximadamente 15 mil militares investigados por la Fiscalía General de la Nación acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.

El Marco Legal para la Paz, ley que está pendiente de reglamentación en el Congreso, integra la posibilidad de desarrollar la justicia transicional para los militares.