Mientras en Colombia desfilaban las Fuerzas Militares y se instalaban la sesiones ordinarias del Congreso, el jueves 20 de julio el Departamento de Justicia a través de sus fiscales presentaba ante los tribunales del Distrito Sur de Florida un documento de diez páginas acusando al exjefe anticorrupción Luis Gustavo Moreno de seis delitos, incluyendo conspiración para lavar activos y lavado de activos. 

Junto a Moreno fue acusado el abogado Leonardo Pinilla. Moreno y Pinilla le habrían solicitado un soborno al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en suelo estadounidense. Pinilla habría contactado Lyons para, a nombre de Moreno, compartirle información confidencial relacionada con los procesos en su contra. Lyons es señalado de malversar recursos públicos durante su mandato. 

Pero Lyons ya tenía un arreglo con la DEA y todos encuentros efectuados desde noviembre quedaron documentados por la justicia norteamericana.

Con base en la acusación presentada en Florida, la justicia norteamericana ya hizo la solicitud formal para extraditar a Moreno, que sigue recluido en la cárcel La Picota.

Una comisión de la Fiscalía General de la Nación viajó para cruzar información sobre los seguimientos a Moreno y Pinilla.
 
El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que Lyons ha demostrado ser un testigo confiable, pero no se le dará impunidad en esos casos: "Nuestros fiscales se han reunido con los abogados del exgobernador. Se está tramitando un principio de oportunidad para obtener más información, peor por supuesto, con la condición de que no habrá impunidad y tiene que hacerse sobre la base que se indemnicen los daños causados. Es justicia de colaboración, pero con reconocimiento de las conductas".
 
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