- Celeridad en Comisión de Acusación
- Las tóxicas ramas de la retórica
Lo más apremiante en estos momentos, cuando las encuestas señalan un 83 por ciento de desconfianza en la justicia y los operadores judiciales, es recuperar y poner a tono la majestad de las instituciones. No vale en lo absoluto, como se viene haciendo de manera retórica y sin consecuencias inmediatas, la formulación de infinidad de propuestas, desde la resurrección de la Comisión de Aforados hasta una Asamblea Constituyente, para proceder en materia de investigación penal por parte del Congreso de la República. Hay que hacer caso omiso de esas propuestas, pues generar todo tipo de populismos jurídicos es, al contrario de lo que se necesita, perturbar la marcha de los procedimientos establecidos, aquí y ahora.
La Constitución establece claramente, para la indagación de los magistrados de la Corte Suprema incursos en las investigaciones del más grande escándalo en la historia nacional sobre compraventa de fallos y sentencias, que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes proceda a la instrucción y formule la ponencia del caso, una vez surtido el debido proceso. Para ello se tiene un plazo determinado y se puede contar, a su vez, con toda la colaboración correspondiente de la Fiscalía y la Procuraduría.
A estos efectos, precisamente, ya se ha remitido buena parte del acervo probatorio a la Comisión de Acusación y, por lo tanto, es indispensable actuar con la celeridad del caso. En ello, por ejemplo, ha sido acucioso el Procurador General de la Nación, a fin de prestar toda la cooperación a los instructores de la Cámara de Representantes. Y en la misma medida, de acuerdo con el Reglamento Interno del Congreso, los parlamentarios de la dicha Comisión, convertidos en fiscales, pueden pedir el auxilio técnico y científico de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, que los instrumentos están a la mano, y de modo inmediato, para poner en marcha el procedimiento institucional. Evadir esa posibilidad, que es prácticamente un mandato, sería tanto como incurrir en prevaricato por omisión. En ese sentido, es muy poco lo que se ha escuchado de los integrantes de la Comisión de Acusación. Los medios y la opinión pública, antes que oír los cantos de sirena que se ponen sobre el tapete para una gaseosa reforma a la justicia, deberían concentrarse en las actividades de esa instancia judicial congresional. Así las cosas, abrir de inmediato el juicio de responsabilidades por indignidad, que es lo que corresponde antes de pasar el proceso al Senado, es un imperativo categórico.
En ese orden de ideas, precisamente, el Congreso de la República y su presidente, Efraín Cepeda, deben dedicarse al caso, cuya urgencia es indudable. El país puede deshacerse estruendosamente si los parlamentarios, en general, siguen distraídos en otras leyes o debates que no sean, única y exclusivamente, aquellos que se puedan adelantar en procura de la debida y pronta acción de la propia institución. La creación al interior del Congreso de una especie de estado de emergencia judicial tácito, por un compromiso obvio con los electores, es la conducta a seguir sobre cualquier otro distractor por cuya rendija se esfume lo que queda de democracia en el país.
Visto ello, no es, pues, menester de la opinión pública exigir de la corporación parlamentaria acciones efectivas e inmediatas. El Congreso, por sí solo, debe proceder en ese sentido, más aún porque todo lo que se dice de propuestas para mejorar la justicia, si algún día fueran aprobadas, no tienen legalmente carácter retroactivo, de modo que ante el grave escándalo lo único vigente y constitucional, cualesquiera sean las circunstancias, es el procedimiento actualmente contemplado.
No hay, entonces, choque de trenes alguno entre las dos ramas del Poder Público, la Legislativa y la Judicial, sino que por el contrario es el momento exacto para que colaboren mutuamente en la destrucción del régimen soportado en la corrupción y la negligencia. La Constitución igualmente obliga a la colaboración entre las ramas del Poder Público y he aquí la oportunidad exacta para que ello se haga realidad a la vista de todos.
El caso de los magistrados debe llevarse, igualmente, dentro del más preclaro principio de publicidad. En los tiempos contemporáneos, las audiencias y todo lo actuado deben adelantarse a la luz pública, además de ser transmitido por la televisión y las páginas electrónicas de los periódicos.
Son muchos los frentes de acción, como el espeluznante caso de Odebrecht y las campañas presidenciales, que esperan resoluciones prontas de la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral. En lo que respecta a las trapisondas de los más altos exponentes de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y la Comisión de Acusaciones tienen la palabra. No hay alternativa.
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