La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó la Ley Antibloqueo para "contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva los efectos nocivos generados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales emanadas por otros Estados", principalmente por Estados Unidos.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, presentó este proyecto legislativo para "defenderse y contraatacar" frente a las sanciones, alegando que el país dejó de percibir más de 65.000 millones de dólares entre 2015 y 2019 por la presión sobre su industria petrolera.
La ley establece que sus artículos tendrán acción preferencial sobre el marco legal preexistente, mientras que otorga al Ejecutivo la capacidad de "modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior", según el propio texto legislativo.
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que esta nueva ley se aplicará sin perjuicio del artículo 303 de la Constitución que ordena al Estado conservar la totalidad de las acciones de la petrolera estatal, PDVSA, que se encarga de suministrar las reservas de crudo del país sudamericano.
Asimismo, añadió que "esta Ley es un instrumento para blindar la economía del país, ante las constantes arremetidas del Gobierno de Estados Unidos, los cuales buscan desestabilizar al país".
Ante las acusaciones de que este nuevo marco legislativo es inconstitucional, Cabello insistió en que "garantiza" a la Constitución, aunque el Ejecutivo decidió presentarlo al Consejo de Estado para que éste, a su vez, solicite a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia su opinión sobre su constitucionalidad.
Cabello también señaló que la ANC está en el derecho de dotar al presidente con un instrumento legal con el cual se pueda seguir "combatiendo y maniobrando las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos". Por esto, la nueva ley otorga facultades al Ejecutivo para "la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección de los activos nacionales", según recoge el texto legislativo.
Por otro lado, este marco legislativo declara "secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas", confidencialidad que se mantendrá "hasta 90 días posteriores al cese" de las sanciones que hayan "propiciado la situación".
Sin embargo, la ley no ha sido bien acogida en todos los sectores del chavismo, algunos incluso la han tildado de "ley del saqueo", al considerar que "entregará empresas y activos del Estado al capital privado, nacional e internacional, utilizando la muy conveniente excusa del 'bloqueo'", según expresó el expresidente de la empresa estatal venezolana de petróleo PDVSA Rafael Ramírez.
Por su parte, Maduro, que señaló que la vigencia de la ley será "hasta tanto cese el bloqueo", y consideró que la ley proporcionará "normativas y cancha para maniobrar y trancarle el juego a los que han causado este malévolo bloqueo".
Entre tanto múltiple protestas encienden chispas en el país por la falta de gasolina y la precariedad de servicios básicos. Sin embargo, subrayan analistas, esa creciente conflictividad no ha representado un "riesgo" para Maduro.
Unas 5.800 protestas han sido contabilizadas este año por el independiente Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, 55% por fallas de servicios públicos como electricidad, agua o gas para cocinar y 18% por la falta de combustible, lo que el director de esa organización, Marco Ponce, considera "una gran respuesta nacional" frente a la demoledora crisis que sufre el país.
No obstante, pese a llamados a "retomar las calles" en plena pandemia de covid-19, la oposición no ha sido capaz de darle dirección política a las manifestaciones y masificarlas como en 2014, 2017 o 2019, cuando multitudinarias movilizaciones pusieron en jaque a Maduro.
"Al no estar articuladas, (las protestas) no son lo suficientemente fuertes para provocar un riesgo relevante para el gobierno", comenta el director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Maduro, mientras, avanza hacia las elecciones del 6 de diciembre para renovar el Parlamento, único poder en manos de sus adversarios.