ESCOCIA no puede convocar un nuevo referendo sobre su independencia del Reino Unido sin el acuerdo de Londres, dictó la justicia británica, complicando los planes de la primera ministra nacionalista Nicola Sturgeon, quien rechazó sin embargo darse por vencida.
Autorizar tal consulta está "reservado" al parlamento del Reino Unido y, por tanto, "el parlamento escocés no tiene la capacidad de legislar" al respecto, afirmó el presidente del Tribunal Supremo británico, Robert Reed, leyendo una sentencia alcanzada por unanimidad en solo seis semanas.
La primera ministra escocesa se declaró "decepcionada" por una decisión que en su opinión "no hace la ley, solo la interpreta".
Es una sentencia "clara y definitiva", afirmó por su parte el jefe del gobierno británico, Rishi Sunak, llamando a ambos ejecutivos a "trabajar juntos" de forma "constructiva, colaborativa, en asociación" en un contexto de grave crisis económica en el Reino Unido.
Para Sturgeon "negar a uno de los socios" el derecho a decidir su futuro "es una píldora difícil de tragar para cualquier defensor de la independencia y de la democracia", reconoció en rueda de prensa en Edimburgo, denunciando "una situación simplemente insostenible".
"Debemos encontrar y encontraremos otro medio democrático, legal y constitucional por el que el pueblo escocés pueda expresar su voluntad", afirmó. "En mi opinión, eso sólo puede ser una elección", agregó, anunciando que buscará el modo de convertir las próximas legislativas británicas, previstas en enero de 2025 a más tardar, en un "referéndum de facto".
A las puertas del Tribunal Supremo en Londres una decena de independentistas escoceses con sus banderas azules y blancas coincidían con ella.
"Al fin y al cabo, este es un debate político", dijo la diputada Philippa Whitford. "Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del Reino Unido, se nos dice constantemente que se trata de una unión voluntaria", agregaba.
"Esto es una relación de propietarios y nosotros somos la propiedad", denunciaba junto a ella David Simpson, jubilado de 70 años.
El Partido Nacional Escocés (SNP) de Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes en el norte del Reino Unido, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta "¿Debe Escocia ser un país independiente?".
Y ya había fijado la fecha del 19 de octubre de 2023. Pero, buscando evitar un conflicto como el vivido en España a raíz de la consulta organizada en Cataluña en 2017 pese a la prohibición de la justicia, aseguró desear "un referéndum legal".
El ejecutivo central de Londres se niega en rotundo, argumentando que Escocia ya organizó un plebiscito de autodeterminación en 2014, así que el SNP buscaba cubrirse con un marco legal propio, aprobado por la cámara regional escocesa.
Los abogados del gobierno británico argumentaron en octubre que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que concierne a la unión de todo el país. Y los jueces del Supremo les dieron la razón.
Afirmando "respetar" el fallo, el ministro británico para Escocia, Alister Jack, llamó al ejecutivo escocés a pasar página y centrarse "en los asuntos que más importan".
En el referendo de 2014, organizado con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, 55% de escoceses votó a favor de permanecer en el Reino Unido.
El principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea.
Pero paradójicamente, dos años más tarde el referéndum sobre el Brexit --contra el que votó el 62% de escoceses-- acabó sacando a la región del bloque precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
El SNP argumenta que esto cambia completamente la situación y considera disponer de un "mandato indiscutible" para organizar otra consulta gracias a su mayoría en el parlamento regional.