El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de Venezuela solicitó la circular de alerta roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra el presidente Nicolás Maduro.
El pasado 29 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio publicó una sentencia definitiva contra el presidente Maduro en la que lo encontró culpable por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales.
Según esa sentencia, Maduro deberá cumplir una condena de 18 años y tres meses de prisión.
La audiencia del juicio por corrupción contra Maduro se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, después de que en agosto el Tribunal se decidiera a deliberar sobre el veredicto.
Los magistrados del Tribunal en el exilio se reunieron en privado durante una hora después de que la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expusiera las pruebas con las que acusó a Maduro de cometer delitos de corrupción y legitimación de los sobornos en el caso de Odebrecht.
El proceso contra Maduro se inició con base en una denuncia hecha por la exfiscal Ortega, quien acusó al presidente de Venezuela de aprobar la construcción de un puente sobre el Lago de Maracaibo -a cargo de Odebrecht- que nunca se ejecutó.
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Además, aseguró que Maduro omitió el presunto pago de USD 98 millones de la empresa brasileña a funcionarios venezolanos.
Cabe recordar que ni el poder ejecutivo venezolano, ni la Asamblea Nacional Constituyente (oficialista), reconocen a la autoproclamada “Corte Suprema de Justicia en el Exilio” que hizo la solicitud de enjuiciamiento al Parlamento venezolano.
A su vez, la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) desestima las facultades y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, debido a que varios de sus magistrados se pusieron a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de corte oficialista.
En su momento, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el enjuiciamiento contra el presidente de Venezuela es un show aupado por Estados Unidos, por lo tanto lo considera ilegítimo.