LA Antártida ha sido durante décadas un territorio reclamado por varias naciones en el mundo, europeas como Reino Unido y Noruega, y ahora vecinos del hemisferio sur como Chile y Argentina. Al menos siete países han manifestado argumentos para hacerse con una parte del continente blanco.
A pesar de que unos años después de la firma del Tratado de la Antártida (1959) se congelaron todas las reclamaciones territoriales y se estableció que no se podría hacer ninguna actividad militar, y que el territorio debía usarse solo como una zona dedicada a la cooperación científica y a la investigación, las dinámicas generadas, en parte, por el cambio climático, han hecho que la extracción de recursos sea menos costosa, lo que ha despertado el interés de algunos países por ratificar su soberanía sobre estas zonas.
Esta tensión se ha hecho latente en las últimas semanas tras las acciones de los legislativos de Argentina y Chile que despacharon sendas leyes en las que se establece la normativa jurídica sobre el territorio antártico y que incorporan demarcaciones diferentes del límite exterior de sus plataformas continentales.
“Es una gran noticia para Chile, el cuerpo legal general que regía nuestra acción en la Antártica tenía 65 años, es una modernización muy importante. Chile es la puerta de entrada a la Antártica y la ley reafirma nuestra soberanía en esta región tan importante para el mundo”, señaló el canciller chileno, Andrés Allamand.
Sin embargo, el estatuto antártico aprobado por Chile, que se tramitaba desde el año 2014, se dio semanas después de que el Senado argentino incorporara al derecho interno una superficie total de 1.783.238 kilómetros cuadrados, que contempla una zona situada al sur de Cabo de Hornos. Ese territorio comprende un espacio de 9.700 kilómetros cuadrados que están dentro de la proyección de las 200 millas de las islas chilenas Diego Ramírez.
“Hicieron una ley que para nosotros es inoponible, y Chile, con la aprobación unánime del Congreso, le dio marco jurídico como ley a toda su participación en la Antártica. Nosotros tenemos una pretensión territorial ahí de 1.250.000 kilómetros cuadrados de superficie”, señaló Pablo Cabrera, quien fue presidente de la Delegación de Chile en el Tratado Antártico.
Cabrera, que actualmente es investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, asegura que ambos países han trabajado conjuntamente en cooperación antártica, pero la evolución de las relaciones internacionales y los intereses por la riqueza de la zona pueden, en algunos momentos, modificar esa agenda.
Un conflicto sin enfrentamiento
Aunque Chile asegura que su ley no es una respuesta a la legislación argentina sobre sus pretensiones en el continente blanco y que no tiene ninguna obligación con las normas internas de la nación vecina, la reclamación de ambos países sobre la Antártida americana tiene una larga historia.
Desde 1984 se firmó el Tratado de Amistad y Paz entre ambos países en el que quedaban resueltos todos los problemas fronterizos, a este se sumaron las conversaciones de 1991 entre los expresidentes Carlos Menem (Argentina) y Patricio Aylwin (Chile) en el que se abordaron otros 22 puntos en los que había algún grado de desacuerdo, pero no se contempló el tema de la Antártida.
“Chile es un país que está en la Antártica de manera continua, desde mediados del siglo XIX, desde mucho antes que llegaran los primeros científicos y los primeros turistas. Los ciudadanos de la ciudad de Punta Arenas (sur) fueron los primeros en radicarse en la zona dedicados a la caza de focas y ballenas. Es algo que está larguísimamente documentado”, señaló Jorge Guzmán, doctor en Estudios Polares de la Universidad de Cambridge.
No obstante, Guzmán asegura que desde el Gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet pudo haberse dado una acción más enérgica cuando en el 2009 Argentina presentó ante Naciones Unidas el límite exterior de la plataforma continental en el que contemplaba parte de la Antártica chilena, una resolución que en el 2016 fue adoptada por consenso por la Convención Sobre el Derecho al Mar y que Argentina celebró como el establecimiento de su nuevo mapa.
El canciller chileno de la época, Heraldo Muñoz, aseguró en ese momento que el nuevo mapa no tenía implicancia alguna. Sin embargo, celebró la aprobación de la reciente ley chilena del Estatuto Antártico como una reafirmación de la soberanía de su país sobre este territorio.
“El nuevo Estatuto Antártico reafirma los derechos de Chile sobre el territorio antártico de nuestro país, incluyendo su plataforma continental, además actualiza y moderniza la política antártica. Estoy muy contento por este gran paso para la reafirmación de nuestros derechos”, señaló el excanciller Muñoz.
Los expertos coinciden en que las diferencias limítrofes en la Antártida serán resueltas por ambos países en el marco de la cooperación mutua y los tratados vigentes, y que no marcarán un punto de quiebre en las relaciones bilaterales.
“Argentina y Chile están condenados a entenderse, la historia va a prevalecer. Es un tema muy complejo con aristas geopolíticas pero están dadas las condiciones para que se solucione. Cada país tiene su punto de vista y veremos cómo se resuelve en la mesa de conversación”, concluyó Guzmán.
La Antártida es el continente más austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del círculo polar antártico y está rodeada por el océano Antártico. Es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África.