Un grupo de 94 congresistas estadounidenses le pidieron ayer al gobierno de Donald Trump que condene los asesinatos de líderes sociales en Colombia y que presione a su homólogo Iván Duque para que los responsables sean juzgados.

Los congresistas demócratas expresaron en una carta dirigida al jefe de la diplomacia Mike Pompeo su petición para que el gobierno de Trump inste a Duque a que proteja a los defensores de los derechos humanos en Colombia, afirmando que la vulnerabilidad de este colectivo “se ha agudizado durante la cuarentena del Covid-19”.

“Le instamos a que vele para que todas las agencias de Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar, los cada vez más frecuentes asesinatos”, afirmaron los congresistas. 

Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo que va de 2020, en Colombia fueron asesinados 157 líderes sociales. 

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció que Colombia sigue siendo el país de América Latina con el mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. 

Según la ONU, una de las principales causas de los asesinatos es la voluntad de los activistas de implementar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Farc en 2016 que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado. 

En un momento en que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, esta petición puede tener consecuencias cuando se discuta la aprobación de la ayuda que Estados Unidos entrega anualmente a Colombia, que en el año fiscal 2020 sumó US$528 millones, según la agencia de cooperación Usaid. 

El grupo de legisladores también pidió que el gobierno de Duque “desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas”, ya que estos grupos se alimentan en gran parte de “la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos”.

Entre los legisladores más importantes que firmaron la carta están Adam Schiff, jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, y James P. McGovern, presidente de la Comisión de Normas y copresidente del Comité de Derechos Humanos.

Como los congresistas norteamericanos también se refieren al apoyo a la implementación del acuerdo de paz, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales que el respaldo de los legisladores “se suma al apoyo a los que ya hemos recibido por parte del Congreso de Estados Unidos con unos presupuestos significativos para la implementación. Es un apoyo que se suma a lo que ya hace Usaid con nosotros. Es un apoyo que se suma a la iniciativa conjunta con INL para el proceso de sustitución voluntaria de cultivos. Es un apoyo que se suma a las voces que hemos recibido de parte del embajador de Estados Unidos en Colombia”.

“Durante estos 20 meses Estados Unidos ha alineado sus políticas de apoyo a Colombia para estar claramente en la línea de lo que tiene que es correcto por parte del Gobierno de Colombia, en materia de víctimas y en materia de Catastro Multipropósito, en materia de la implementación de los PDET, en materia de desarrollo rural integral. Y solamente, la semana pasada estábamos en el Catatumbo Sostenible recibiendo de parte de ellos respiradores para acompañar los planes de desarrollo con enfoque territorial”, anotó.

El viernes, el representante especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, consideró durante la presentación a medios de comunicación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión que la paz no puede ser otra víctima de la pandemia y dijo que, si bien, en este informe destaca el compromiso y la voluntad de las partes signatarias para adaptarse a la pandemia, incluyendo esfuerzos conjuntos para atender la situación, especialmente en los antiguos ETCR, lamenta, que a pesar del llamado del Secretario General a un cese al fuego global, que se une a la resolución emitida por el Consejo de Seguridad el pasado miércoles en la que piden una pausa humanitaria por 90 días, continúen acciones violentas en algunas regiones impactando las garantías de seguridad de comunidades, líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, además de excombatientes comprometidos con el proceso de reincorporación.