Mientras que en nuestro país viven más de dos millones de venezolanos expulsados por la crisis generada por la dictadura chavista y decenas de miles transitan a diario por el territorio con destino al sur, centro o norte del continente americano, miles de colombianos continúan emigrando e incluso pidiendo asilo en naciones vecinas, como Ecuador.

Por lo menos así se desprende de un reciente informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Con base en una encuesta para conocer la realidad actual de personas refugiadas y otras en movilidad humana en Quito, se determinó que más de la mitad de estas temen regresar a su país de origen.

Este ejercicio estadístico, llevado a cabo por Acnur y sus socios, recoge los resultados de 842 encuestas a familias en movilidad humana de Colombia y Venezuela que residen en la capital ecuatoriana. De igual forma, el informe contiene los resultados de ejercicios de mapeos participativos y 33 grupos focales desarrollados con el apoyo de organizaciones socias y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de su Secretaría de Inclusión Social y la secretaria de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.

“Ecuador es hogar de uno de los números más altos de personas reconocidas como refugiadas y el tercer número más grande de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. En el país, la Provincia de Pichincha alberga casi 108.000 personas refugiadas y migrantes, siendo Quito la principal ciudad de acogida, en donde podrían encontrar mayores oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas e integrarse localmente”, sostiene el informe.

No es un tema menor si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la base de datos de la agencia de la ONU, a mayo pasado se habían registrado 454.929 personas “de interés de Acnur y se estima que alrededor de 107.909 (23.7%) residen en Pichincha, de las cuales 71.106 personas señalaron a Quito como domicilio al momento de su registro. 

De este universo de población, el 87% corresponde a nacionalidad venezolana, el 7% corresponde a personas colombianas y un 6% a otras nacionalidades. De igual forma, el 45% de las mujeres eran adultas, un 16% niñas y adolescentes y un 2% adultas mayores. En el caso de hombres, 57% son adultos, 16% son niños y adolescentes, y el 1% restante son adultos mayores.

Los riesgos

¿Por qué muchas de estas personas temen regresar a su país? En un 60 por ciento consideran que estarían en peligro de enfrentarse a riesgos contra su integridad física y psicológica. 

Los migrantes consultados mencionaron amenazas directas, incluyendo extorsión, reclutamiento, violencia generalizada e inseguridad, entre otros. El 40% restante advirtió peligros relacionados a la falta de acceso a alimentos, servicios médicos, trabajo y riesgo de salud inminente.

Esto indica, según el estudio de la agencia de la ONU, un alto nivel de necesidad de protección internacional en las personas en movilidad humana que residen en Quito. 

El referido estudio reveló también que el 69 por ciento de esas personas encuestadas en la capital ecuatoriana han solicitado o piensan solicitar asilo en Ecuador. De ese total, un 57% son colombianos. Los datos arrojados determinan que el 46% de la población venezolana desconoce sobre estos temas. 

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Como es apenas obvio, 67% de las familias migrantes encuestadas en 2021 que dijeron residir en Quito indicó haber ingresado de manera irregular. A nivel nacional, se observa una diferencia en 7 puntos porcentuales, ya que un 40% de las personas manifiestan haber entrado al país de manera ilícita frente a un 60% que lo hizo de manera irregular.

Ello explica porque el 70% de la población venezolana encuestada mencionó que no contaba con ningún tipo de visa frente a un 32% de la colombiana. De manera similar, el 45% de nuestros compatriotas cuenta con una visa de solicitante de refugio mientras que solo el 2% de la población venezolana tiene este documento. Esto denota el estado de desprotección legal en el que se encuentra los migrantes venezolanos en la ciudad de Quito ya que el hecho de no contar con documentación adecuada limita el acceso a derechos y servicios sociales y aumenta el riesgo de abuso y/o explotación.

De igual manera, al consultar a la población sobre los motivos por los cuales sus familiares se quedaron atrás, el 33% se refirió a la falta de dinero, seguido de la falta de documentos (13%), preferencia personal, (13%), temas de salud (12%), adultos mayores (12%) y con un porcentaje menor entre 5% a 1% cuidado de bienes, cuidado a un dependiente, trabajo o estudio, riesgos de seguridad, entre otras razones.

Al comparar las respuestas por nacionalidad, un 55% de la población venezolana mencionó que se iría a otra ciudad del Ecuador mientras que solo un 17% de la colombiana optaría por hacerlo. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la posibilidad de desplazarse a otro país, el 46% de los colombianos apostaría por hacerlo frente a un 14% de la población venezolana. Esto podría asociarse, de acuerdo al estudio de la Acnur, a la percepción por parte de las familias colombianas del deterioro de la seguridad en Ecuador debido a la presencia de sus agentes persecutores en el país.

Integración, un reto

Según la encuesta, el 72 por ciento de las personas encuestadas en Quito tienen como prioridad acceder a necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda. El 61 por ciento está empleada, pero solo el 4 por ciento tiene un trabajo formal y el 57 por ciento depende de trabajos informales para satisfacer sus necesidades.

“La integración oportuna de las personas refugiadas y migrantes es clave para facilitar su protección y que puedan rehacer sus vidas de manera autosuficiente”, comentó Giovanni Bassu, Representante de Acnur en Ecuador. “El proceso de regularización que está pronto a iniciar será clave para muchas personas que actualmente han quedado por fuera del sistema de protección”, agregó.

Mientras que el 63 por ciento indicó que había sufrido algún tipo de discriminación en su vida diaria -una dinámica que consideran recurrente-, el 51 por ciento de las personas encuestadas en Quito tiene una relación positiva con su comunidad de acogida. El 87 por ciento de estas personas quiere quedarse en Quito. 

La cercanía a servicios e instituciones del Estado, así como la percepción de acceso a mayores oportunidades de empleo, hacen que la ciudad se erija como un destino predilecto para la población en movilidad humana. Ello pone de relieve la necesidad de generar de políticas públicas y programas que incluyan a esta población en el desarrollo de la ciudad.

Acnur y socios trabajan en Ecuador para apoyar a las personas refugiadas y otras en movilidad humana a rehacer sus vidas en el país a través de iniciativas de asistencia, protección y soluciones. Sin embargo, a la fecha la agencia solo ha recibido el 19 por ciento de los fondos requeridos para responder a las necesidades de las personas en las condiciones más vulnerables.