El exministro de Obras Públicas de República Dominicana, Víctor Díaz Rúa, uno de los 14 detenidos por el escándalo de corrupción de Odebrecht en ese país, estará desde este viernes bajo libertad condicional por decisión del juez del caso. 

El magistrado de instrucción especial, Francisco Ortega, otorgó la medida sustitutiva a Díaz Rúa, y también a Ángel Rondón, representante comercial de la constructora brasileña en el país entre 2001 y 2014 y a quien la Procuraduría atribuye la distribución de los sobornos.

Ambos estaban presos en la cárcel de Najayo, en el suroeste de la capital, pero ahora deberán presentarse periódicamente ante la Procuraduría Especial Anticorrupción. Además tienen prohibido salir del país.

De los 14 implicados, también estuvieron en prisión por poco tiempo el exministro de Economía, Temístocles Montás; el expresidente del Senado, Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González, entre otros. 

El Ministerio Público les imputa cargos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Según los datos suministrados por Odebrecht, República Dominicana es el tercer país donde más coimas pagó para agenciarse obras y favores, con 92 millones de dólares, solo después de Brasil, donde erogó 349 millones de dólares, y Venezuela, donde pagó 98 millones de dólares.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, calificó de "funesta" la decisión del juez Ortega y aseguró que las evidencias del expediente sobre el caso justifican que los implicados se mantengan en prisión. 

"Esta resolución pone de manifiesto la inequidad con que algunos jueces aplican las leyes", acotó Rodríguez.

En junio pasado, cuando ordenó el encarcelamiento preventivo de los implicados, el magistrado Ortega dio un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público completara la investigación sobre el caso. 

Los 14 acusados aparecen en las declaraciones bajo juramento realizadas ante el Ministerio Público Federal de Brasil por cinco exejecutivos de Odebrecht, validadas a su vez por el Supremo Tribunal Federal de ese país.