TRAS cinco años desde que la Operación Lava Jato detonó un esquema de corrupción en Brasil, las esquirlas siguen esparciendo el escándalo en América Latina, donde no solo ha destronado a altas figuras de la política y los negocios, sino que se ha cobrado al menos una muerte, mientras otras siguen bajo investigación.

La región hizo propio el caso desde que la constructora Odebrecht, protagonista de la megacausa brasileña, admitió en 2016 haber pagado sobornos por 788 millones de dólares en una decena de países latinoamericanos y dos africanos.

Hasta entonces, el gigante de Brasil operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y estadios y hasta como fabricante de submarinos. Pero fue la exportación de su modelo de corrupción lo que popularizó su nombre.

El reparto, que dejó la mayor suma en el país de origen y tuvo como principales destinos Venezuela, República Dominicana y Panamá, ha tenido repercusiones desiguales en las distintas naciones implicadas.

En Perú, la constructora declaró un pago de 29 millones de dólares. Fue allí que el caso derribó en 2018 por primera vez a un mandatario, cuando Pedro Pablo Kuczynski dejó la presidencia cercado por la oposición. 

Ecuador es otro de los países en los que el caso ha escalado a altos niveles de jerarquía. El exvicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a mediados de diciembre de 2017 a seis años de prisión por cobrar 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que habría pagado un total de 40 millones. 

Según la oficina del fiscal, 22 personas están detenidas y 24 casos han sido abiertos. Tomislav Topic, un empresario, se comprometió en febrero a entregar al estado 13,5 millones de dólares pagados por el grupo, de los cuales desconocía su origen ilícito.

En los países de la región, las ramificaciones de Odebrecht siguen impulsando procesos judiciales a políticos encumbrados y hombres de negocios. 

Según la justicia brasileña, la causa madre, el Lava Jato, sumaba hasta marzo 1.196 órdenes de detención, 548 pedidos de cooperación internacional, y un total de 242 condenas contra 155 personas.     

Perú, caso emblemático

Con Pablo Kuczynski, detenido este mes, ya son dos los exmandatarios peruanos presos, después de que en enero pasado Alberto Fujimori fuera devuelto a la cárcel a terminar de cumplir una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno (1990-2000).

Los otros dos expresidentes que encaran investigaciones judiciales y que pueden terminar tras las rejas son Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

Todos los exmandatarios electos que gobernaron Perú tras el fin del régimen militar en 1980 tienen causas judiciales. Tres, además de García, están salpicados por el escándalo de las dádivas de Odebrecht a políticos; y Fujimori, por violaciones de los derechos humanos y corrupción. 

Humala y Kuczynski tienen prohibición de salida del país --García también la tenía--, mientras que Toledo escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición.

El fallecido presidente interino Valentín Paniagua, que gobernó ocho meses entre la caída de Fujimori y la elección de Toledo (noviembre 2000-julio 2001) es la solitaria excepción que escapa a las acusaciones. 

La constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense que había pagado 29 millones de dólares en sobornos durante tres gobiernos peruanos, incluido el segundo de García.

En diciembre pasado, la compañía firmó un acuerdo de cooperación por el cual accedió a pagar una multa al Estado peruano y a entregar testimonios que pueden comprometer todavía más a los expresidentes y a otros políticos y funcionarios peruanos. Humala y su esposa Nadine estuvieron nueve meses en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

Fujimori estuvo un año libre, luego que Kuczynski lo indultara en la Navidad de 2017, pero volvió a prisión en enero después de que la justicia peruana anulara el perdón presidencial por cuestiones de forma.

Aunque el expresidente de antepasados japoneses no está involucrado en el caso Odebrecht, sí lo está su primogénita, la líder opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión desde el 31 de octubre acusada de recibir aportes ilegales de la constructora brasileña para la campaña en 2011.

En noviembre de 2018, García había solicitado asilo en la embajada uruguaya, alegando ser víctima de una persecución política después de que la justicia peruana le prohibiera salir del país, pero el gobierno del frenteamplista (izquierda) Tabaré Vázquez rechazó su pedido.