El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ordenó iniciar acciones legales contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a las Naciones Unidas.

Morales le dio un plazo de 24 horas a los funcionarios de la Comisión para que dejen el país.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el fin del acuerdo con las Naciones Unidas que dio paso a la creación de la CICIG, una comisión que trabaja con el Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción.

La canciller de Guatemala acusó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de "sacrificar" a la CICIG por proteger al comisionado de origen colombiano, Iván Velázquez, quien se convirtió en la piedra en el zapato para los funcionarios corruptos en la nación centroamericana.

En agosto de 2017, el mandatario de Guatemala declaró persona 'non grata' a Iván Velázquez y ordenó su expulsión del país, pero la Corte de Constitucionalidad salió al paso y lo impidió. 

La CICIG, en cabeza de Velázquez, descubrió la red de corrupción liderada por el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti Elías. 

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) aseguró que Pérez y Baldetti despilfarraron en un periodo de dos años cerca de USD 40 millones.

Según el inciso 0 del artículo 183 de la Constitución de Guatemala, el acuerdo de la CICIG y el Estado de Guatemala, firmado en 2006 y ratificado en 2007, solo puede ser terminado por la ONU.

El Ejecutivo guatemalteco argumenta que el acuerdo se debe acabar porque la CICIG se desvirtuó desde hace varios meses e inició una persecución selectiva contra determinados funcionarios. 

Por su parte, el jefe de la ONU aseguró que la CICIG continuará trabajando hasta septiembre de este año, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin.