Poco ha significado que prácticamente Michel Temer (1940 -) sea un presidente provisional, que culmina el período de la destituida Presidente Dilma Rousseff (1947 -).  De poco ha servido que Temer ha estado al borde de una destitución y que en una maniobra completamente política –situación que contrastó con el trato dado a Rousseff- no haya sido separado del poder.  De poco ha servido que actualmente, Temer tenga tan sólo un 8 por ciento de aprobación, y que un 70 por ciento de los brasileños consideran que el mandatario tiene una gestión “mala o pésima”. 

Esos factores no son obstáculos para que el actual gobierno desde Brasilia tome decisiones sobre limitaciones a los beneficios laborales, contracción de la demanda interna del país, una “modernizante” reforma laboral -los adjetivos dan para todo- además de una drástica reforma pensional.  Es evidente que Temer está respondiendo a dominantes intereses económicos y financieros del país. 

Se trata de responder a los requerimientos de grupos que tradicionalmente –situación más o menos generalizada en Latinoamérica- no se han preocupado por generar una demanda de los mercados internos, como fuente motriz del emprendimiento y la innovación; como factores de competitividad que puedan propiciar un crecimiento de producción que se traduzca en desarrollo económico y social.  Se trataría de que mediante pertinentes medidas, la sociedad brasileña avanzara en la inclusión social.

Pero esto no ocurre ahora en la más grande economía de la Latinoamérica.  Esto no ocurre en el país que tiene nada menos que 2.8 trillones –millones de millones de dólares- como total anual de su producción, lo que equivale a la séptima economía del planeta.  Ese poder económico está fuera de toda duda.  Sus exportaciones superan los 200,000 millones de dólares anuales.  De manera que en ciertos productos puede llegar a afectar los precios internacionales, ser un genuino “price maker”.

Reforma laboral

Temer sabe que no puede ya perder nada. Por ello se lanza desbocado a realizar maniobras estructurales especialmente en materia de empleo.  Algo que pueda favorecer a grandes consorcios, lo que está bien, pero que afecta negativamente a trabajadores.  Con esas medidas los asalariados de nuevo están quedando al margen delos esfuerzos que se realizan en pro de aumentar las capacidades de las personas y de incrementar las oportunidades por la vía del empleo productivo y el emprendimiento.

La reforma laboral de Temer se ha llevado a cabo en un escenario nacional en el cual se tiene un 13 por ciento de desempleo abierto.  Situación que estaría afectando a unos 14 millones de brasileños.  Muchos desempleados ya no se cuentan, dado que han dejado de buscar trabajo, o bien tienen que ganarse el sustento en las muchas veces tenebrosos senderos de la economía informal o marginal. 

Ahora ya ha sido aprobado el conjunto de modificaciones al “Consolidado de Leyes del Trabajo” (CLT).  Se han cambiado los rasgos de estipulaciones laborales que prevalecían desde 1943 y que han constituido un medio muy importante con base en el cual se había fortalecido la demanda interna de Brasil, se habían regulado las relaciones laborales, además de que mediante ello se tenían garantías respecto a derechos de trabajadores, antigüedad, descanso, vacaciones e incluso participación en las utilidades de las empresas.

Los políticos que ejercen una democracia sin pueblo, tal y como ahora ocurre en Brasil, desestimaron toda la oposición que se tuvo ante la reforma laboral y el Senado del país aprobó el martes 25 de julio pasado, las modificaciones que tenían como origen las iniciativas de la Administración Temer.  El margen de aprobación no fue apabullante, pero sí suficiente: 50 votos contra 26.

A partir de las modificaciones que deben ser ratificadas, el total de horas de trabajo podrá ahora ser de hasta 12 horas al día, con un tope de 60 horas semanales.  Se contemplan cambios que podrían desembocar en que los trabajadores pueden tener hasta 36 horas ininterrumpidas de descanso.  A todo esto se agrega que el tiempo para almuerzo ya no sería de una hora sino de 30 minutos.  Grandes empresarios se frotan las manos.  La mano de obra será competitiva. “Esta vez sí se logrará”.  Media hora de almuerzo, ¿para qué más?

Otra modificación que de ratificarse el conjunto de reformas se implementaría consiste en que el total de salarios sería calculado con base en una consideración horaria o diaria, pero ya no de manera mensual.  Tal y como lo documenta Crismar Lujano de Celag, el empleador podría llamar al empleado con un mínimo de tres días de antelación y le podrá “informar cuál será la jornada de trabajo.  Fuera de ese período el trabajador no estará a disposición de la empresa”.

Con las nuevas disposiciones se suprimiría el derecho a horas extras.  En esto se calca el modelo que tienen otros países como medidas de “flexibilización” y “competitividad” laboral, tal el caso de Colombia.  En este último país las horas extras se pagan como recargo nocturno después de las 9 de la  noche hasta las 6 de la mañana y corresponde al hecho de sólo trabajar de noche.  Tan sólo el 14 de junio pasado, el Senado aprobó las últimas correcciones a la ley correspondiente.

En pro de empresas afecta a trabajadores

Las modificaciones a la ley laboral impulsadas por la Administración Temer favorecen notablemente lo que es la tercerización laboral.  En este sentido, la empresa queda exenta de responder por muchas garantías de trabajo.  Con ello, el vínculo laboral no es permanente. 

Relacionado con esto se hace evidente el caso de empresas cuya temporalidad de contrato puede evitar el pago de prestaciones.  Todo legalmente.  Aunque los contratos con la mismas persona sean recurrentes, pero evitando que el tiempo de la relación laboral tenga peso sobre los pasivos de las compañías.  El empleado puede muy bien perder el derecho al seguro de desempleo.

Los trabajadores tendrán que haber cotizado durante 40 años sin interrupciones para poder optar a recibir una pensión completa.  A todo esto, como era de esperarse, no se van a tocar las pensiones o salarios de retiro de los militares.  Tómese en cuenta que este renglón se lleva casi 10,500 millones de dólares al año.  Los cambios no afectarán a los cargos políticos actuales, sino a quienes resulten electos a partir de 2018 -se prevé que la elecciones presidenciales serían en octubre del año entrante-.

Los problemas de nuevo gravitan en que los asalariados pagan las crisis.  Pero no sólo son coyunturales estas medidas, sino de carácter estructural.  Con ello, la exclusión social se acentúa.  Se echa en reversa medidas que propiciaron salir de la pobreza a cerca de 43 millones de personas, mientras se fortalecen los factores de inequidad en la distribución de oportunidades en Brasil.