El Ministerio Público de Brasil pidió una condena contra el expresidente Lula da Silva en un nuevo juicio por corrupción y lavado de dinero.

En este nuevo caso, es acusado por supuestamente beneficiarse de obras de reparación por valor de BRL 920.000, es decir unos USD 235 mil, que tres empresas (OAS, Schahin y Odebrecht) hicieron en una casa de campo en Atibaia, al interior del estado de Sao Paulo, atribuida al exdirigente.

La solicitud de condena aparece en el alegato final que el Ministerio Público remitió este lunes a Gabriela Hardt, la jueza federal de Curitiba que reemplazó al magistrado Sérgio Moro, quien será ministro de Justicia del electo Jair Bolsonaro y que dictó la primera sentencia condenatoria contra Lula. 

Aunque el inmueble no es de propiedad de Lula da Silva, la Fiscalía afirma que se favoreció de una “gran y poderosa” trama que desviaba recursos de la estatal petrolera Petrobras.

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El dueño de la casa de Atibaia es el empresario Fernando Bittar, amigo de la familia del líder del Partido de los Trabajadores (PT), que le prestó la casa a Lula en 2010.

Los investigadores señalan que Lula recibió recursos de forma ilegal de las adecuaciones en la vivienda, adecuaciones hechas a petición del exmandatario sindicalista.

El abogado de Lula, Cristiano Zanin, considera por su parte, que “las alegaciones finales evidencian que la acusación no ha podido obtener ninguna prueba de culpa contra Lula” y que, por el contrario, buscan desestimar las pruebas de inocencia presentadas por la defensa del ex presidente.

El exmandatario obrero ya cumple una condena de 12 años de prisión por estos delitos y está recluido desde hace ocho meses, desde el 7 de abril, en la sede de la Policía Federal de Curitiba.