El gobierno estadounidense endureció este miércoles su postura frente a lo que llama "la troika de la tiranía" anunciando que permitirá demandas contra firmas extranjeras presentes en Cuba, limitando las remesas y los viajes hacia la isla y decretando nuevas sanciones para Venezuela y Nicaragua. 

"Cuando Venezuela sea libre, y Cuba sea libre y Nicaragua sea libre, entonces este va a ser el primer hemisferio libre de toda la historia de la humanidad", dijo el presidente Donald Trump. 

Por la mañana el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que el 2 de mayo entrará en vigor una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados tras la revolución, terminando con una exención de dos décadas, pese a las advertencias de sus socios. 

Poco después desde Miami, en un encuentro con exiliados cubanos, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció "cambios regulatorios para restringir los viajes no familiares" a la isla y nuevos límites a las remesas. 

"La gente está viviendo acá, mandando dinero y así manteniendo el gobierno. El propósito es cambiar el gobierno, no mantener un sistema totalitario", dijo a la AFP Raymon Molina, un veterano de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

No existen cifras oficiales, pero se estima que las remesas son la segunda fuente de ingresos de la isla, detrás de la exportación de servicios médicos. De acuerdo con el Havana Consulting Group, el 70% de los cubanos reciben remesas.

Cuba rechazó este miércoles el anuncio de la entrada en vigor del título III de la Ley Helms-Burton, una norma que permite iniciar acciones en los tribunales estadounidenses contra las empresas que registren ganancias gracias a activos que hayan sido nacionalizados durante la revolución de 1959.

Su ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, repudió "enérgicamente" el anuncio y dijo que "es un ataque al Derecho Internacional y a la soberanía de Cuba y de terceros Estados".

La subsecretaria del departamento de Estado para el Hemisferio Occidental estadounidense, Kimberly Breier, aclaró que no habrá exenciones. 

La Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017, y Canadá manifestaron este miércoles su disgusto en una declaración conjunta, y prometieron "proteger los intereses" de sus empresas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

- Sanciones contra el Banco Central de Venezuela -

Cuba, que sufre un embargo estadounidense desde 1962, es acusada por Washington de apoyar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno no ha sido reconocido por Estados Unidos, que apoya al líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela.

Estados Unidos encabeza la presión internacional para sacar a Maduro del poder y ha aplicado sanciones financieras y petroleras contra la maltrecha economía venezolana. En ese marco, ha penalizado también a empresas que llevaban crudo venezolano a la isla. 

Este miércoles Bolton indicó que Washington prohibirá las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, así como las de su directora, Iliana Ruzza Terán. 

El vínculo entre Cuba y Washington se deterioró aún más desde la llegada a la Casa Blanca de Bolton, quien ya había anunciado antes "acciones directas" contra lo que denominó la "troika de la tiranía", integrada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El Departamento del Tesoro anunció también sanciones contra Laureano Ortega Murillo, el hijo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo.   

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Problemas a la vista  

Breier aclaró que los únicos negocios que se verán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos.

Cuando la ley fue adoptada hace más de dos décadas, el departamento de Estado estimó que existían unas 200.000 demandas potenciales. Pero hasta el momento, los gobernantes estadounidenses postergaron la entrada en vigor de esa cláusula cada seis meses, para evitar problemas con sus aliados. 

En su declaración conjunta, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, reiteraron que la "aplicación extraterritorial de medidas unilaterales" sobre Cuba "es contraria al derecho internacional". 

El gobierno de Trump ha adoptado una postura firme contra Cuba, que contrasta con la flexibilización de su predecesor Barack Obama, quien consideró que la estrategia impulsada durante medio siglo por Washington contra el régimen cubano no había dado resultados.

La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.