La creación de un listado con los nombres de los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, que tengan algún tipo de propiedad en Colombia, y la congelación de sus activos contempla un proyecto de ley que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de la República.

La iniciativa, de autoría de un grupo de congresistas del partido Cambio Radical, fue aprobada en su primer debate el pasado mes de marzo y se encuentra en el orden de proyectos para ser discutidos próximamente en la plenaria del Senado de la República.

El texto que será puesto a consideración de la plenaria de la cámara alta señala que los integrantes de la lista tendrán los siguientes criterios: ser alto funcionario del gobierno venezolano, ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, ser miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas y ser representante legal de empresas vinculadas el régimen.

Para la conformación de la lista, señala la ponencia, se tendrán en cuenta, además, “indicios de participación en actividades de lavado de activos, la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico, el desarrollo de actividades delictivas como financiación del terrorismo, narcotráfico y corrupción, entre otros”.

Como se señaló, la iniciativa establece el congelamiento de cualquier activo detectado a los integrantes del listado. “Todo bien que haya sido detectado como perteneciente a cualquiera de las personas relacionadas en la lista deberá ser objeto de las medidas cautelares establecidas en el Artículo 88 de la Ley 1708 de 2014 y será dispuesto a favor de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), que tendrá la responsabilidad de su administración hasta tanto se defina la situación jurídica de las personas incluidas en la lista y se retorne a un sistema democrático para lo cual se establecerá como criterio el cumplimiento razonable de las condiciones establecidas en la Carta Democrática Interamericana, según lo determinarán en su momento el Congreso de la República y el Gobierno nacional”, señala el texto.

Para los migrantes

Adicionalmente, los bienes de las personas de la lista que sean condenadas en procesos judiciales relacionados con delitos de narcotráfico o lavado de activos podrán ser trasladados a un fondo con el fin de prestar ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos.

El proyecto también contempla que el Gobierno nacional deberá establecer un régimen migratorio especial para miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, “para garantizar su libre tránsito y permanencia en nuestro territorio, eximiéndolos de los requisitos generales de regulación tales como la presentación de pasaportes”.

La iniciativa fue aprobada el pasado mes de marzo en su primer debate en la Comisión Primera. “Nosotros no podemos ser cómplices de lavado de activos del régimen venezolano. Este es el camino para debilitar diplomáticamente a este gobierno”, aseguró entonces el ponente del proyecto, el senador Rodrigo Lara. “Con esta norma se podrán adoptar medidas cautelares que consisten en congelar esos bienes, entregárselos a la SAE e iniciar paralelamente investigaciones por lavado de activos cuando se encuentre un rastro o un vínculo entre esos bienes y personas de ese régimen”, dijo. Y agregó que el Gobierno nacional “tendrá la facultad de crear la lista”.

Para la actualización del listado las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, el proyecto contempla que se creará en cada corporación una comisión accidental denominada “Comisión contra el lavado de activos”, que podrá recomendar al Gobierno nacional su actualización “sin perjuicio de las competencias del Ejecutivo en el manejo de las relaciones exteriores”. “Las comisiones accidentales sesionarán conjuntamente una vez al semestre con el fin de verificar la necesidad de actualizar la lista y recomendar al Gobierno nacional las correspondientes inclusiones”, establece el texto.

“Urge evitar que estas personas desarrollen actividades delictivas en Colombia. Hacer caso omiso de este riesgo puede llevar a que se deteriore el orden público en el país como consecuencia de la acción delincuencial de las mafias de narcotraficantes. Es imperativo detener la llegada de recursos financieros que estimulen la delincuencia en Colombia y que fortalezcan a las bandas criminales”, se señala en la exposición de motivos del articulado.

Prohibición de ingreso

En enero pasado, el director general de Migración, Christian Krüger Sarmiento, anunció que “más de 200 personas, colaboradores de la dictadura de Nicolás Maduro, no podrán ingresar al territorio colombiano”. La decisión se tomó en concordancia con las directrices adoptadas en el Grupo de Lima, agrupación conformada por 14 países del continente, que busca una transición democrática y pacífica en Venezuela. Sin embargo, como reiteró Krüger, se trata de una medida “soberana y discrecional” por parte de la autoridad migratoria, lo que significa que los demás países que conforman el Grupo pueden o no adherirse a este tipo de acciones contra el círculo político y empresarial del chavismo.