El gobierno de Donald Trump defendió en la Corte Suprema de Estados Unidos su decisión de incluir una pregunta sobre la nacionalidad en el próximo censo, una cuestión controvertida que es clave para la comunidad latina. 

El tema parece meramente técnico, pero sus implicaciones son enormes: el censo, que debe hacerse cada diez años según la Constitución, es clave para el reparto de unos 675.000 millones de dólares en subvenciones federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.  

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad en el censo de 2020. Esta pregunta había sido abandonada hace más de 60 años. 

Esta decisión suscitó la protesta inmediata de los demócratas y de los defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas. 

Trump -que hizo de la lucha contra la inmigración clandestina uno de los temas centrales de su campaña y de su gestión- defendió la pregunta que calificó como "esencial".

Sin ella, el censo "perdería toda significación y ello equivaldría a despilfarrar miles de millones de dólares", tuiteó a comienzos de abril.

Antes del inicio de los argumentos este martes, algunas personas se manifestaron delante de la corte con pancartas que demandaban "Un censo justo para todos" y afirmaban: "Cada persona cuenta".  

Los magistrados conservadores -que son mayoría- parecían escuchar con conformidad los argumentos del gobierno de que esta pregunta se incluye otros países y que ya había formado parte de los censos en Estados Unidos. 

Pero los jueces progresistas destacaron la vaguedad de las motivaciones del gobierno y la decisión de descartar todos los estudios contrarios. 

Según los expertos, los magistrados deberían pronunciarse antes de junio para que los formularios puedan ser impresos a tiempo.

 El impacto para los latinos

Esta audiencia es la de mayor peso político desde la incorporación a la Corte, en octubre, del juez Brett Kavanaugh, un nombramiento realizado por Trump que dio mayoría a los conservadores.

Durante el proceso de este martes las dos partes reconocieron que la pregunta sobre la nacionalidad va a tener un impacto sobre la tasa de respuesta de los inmigrantes, especialmente de los latinos. 

La jueza progresista Elena Kagan dijo que un secretario de Estado puede divergir de las conclusiones de sus expertos, pero para ello necesita tener razones.  

"Yo miré los archivos y no encontré esas razones", indicó. 

Según la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO), ningún otro asunto que sea tratado por el tribunal va a tener consecuencias más directas para los latinos. 

Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas ciudades, entre ellas San Francisco y Chicago, denunciaron los cambios en el censo.

Entre los temores está el recibir menos subvenciones que las que les correspondería por su nivel real de población.

Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Ross "no tuvo en cuenta importantes aspectos" y "actuó irracionalmente".  

Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron en el mismo sentido. 

"La evidencia en este caso es clara. Tres cortes federales ya determinaron que la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía fue hecha violando la ley federal y esto va a implicar un subregistro de los latinos y de los inmigrantes", explicó NALEO en un comunicado. 

Según el abogado del gobierno ante la Suprema, Noel Francisco, Ross tuvo que sopesar entre el "costo" y el "beneficio" de la pregunta y afirmó que quizás había otras motivaciones para no participar, que no estaban relacionadas con el origen de las personas, y sugirió que podía haber grupos que no participaran porque no les gusta el gobierno actual.  

La jueza Sonia Sotomayor lo interpeló: "¿Está sugiriendo que los latinos están boicoteando el censo, que realmente no tienen un miedo legítimo?".  

El gobierno de Trump solicitó a la Suprema Corte que interviniera con urgencia, antes de que se pronunciaran los tribunales de apelaciones.