DESCONOCIENDO el texto negociado durante semanas y acordado in extremis por el socialismo gobernante con los independentistas de Junts (Junts per Catalunya) y Esguerra Republicana de Catalunya (ERC), no sólo la oposición conservadora sino la mayoría de los españoles consideran que la ley de amnistía que mañana será develada es otra ‘redención’ de Pedro Sánchez para seguir en el poder, sacrificando el Estado de Derecho.

Un mes después de que los siete parlamentarios de Junts hundieran la iniciativa gubernamental por considerar que no daba las suficientes garantías de ‘perdón’ para la docena de políticos y líderes condenados por el ‘procès’ y luego procesados por el ‘tsunami democrátic’, así como días después de que el Tribunal Supremo de España imputara al líder de ese partido secesionista catalán, Carles Puigdemont,  y al diputado del Parlament catalán Rubén Wagensberg por terrorismo, los socialistas ajustaron la mencionada ley que de seguro contemplará una amnistía plena.

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Hay que recordar que el ‘procès’ fue la investigación e imposición de pena a los responsables de la celebración de un referendo y la declaratoria de independencia de Cataluña, en 2017, liderada por el exiliado en Bélgica y actual eurodiputado Puigdemont, mientras el ‘tsunami democràtic’ fue el enjuiciamiento a los responsables de crear plataformas en Twitter y Telegram, dos años después, para organizar las protestas callejeras contra la sentencia del ‘procès’.

Debilitado tanto por la forzada coalición para asegurarse su continuidad en la Moncloa, que le representó al líder socialista Pedro Sánchez grandes cesiones con aliados otrora impensados (los independentistas), entre otros, una Ley de Amnistía y la condonación de la deuda pública a Catalunya, está a punto de ampliar las mismas por los inamovibles de Junts que son un perdón total para los procesados por los casos arriba mencionados, incluyendo por terrorismo y traición.

Así, todas las miradas están puestas en cómo quedaron redactados los apartados referentes a esos delitos, que fueron lo que generaron el rechazo inicial a la ley de Amnistía. 

Como se sabe, hasta este jueves (7 de marzo) tenían plazo para presentar a la Comisión de Justicia el texto ajustado y salvar la ley, por lo que las negociaciones se intensificaron en los últimos días en medio de un hermetismo inédito, que los socialistas justificaron como una discreción necesaria mientras que la oposición conservadora lo tildó de negociación para una “impunidad total”.

"Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del Psoe, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales", señaló el comunicado emitido ayer por los tres partidos.

En el mismo agregaron que "el contenido íntegro de dicha transacción se dará a conocer mañana, antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados convocada a tal efecto", añade.

La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, cuyas e resoluciones no son vinculantes y a ella acudieron los conservadores acudieron para determinar el alcance del proyecto sanchista. Dicha entidad se pronunció semanas atrás sobre el borrador conocido de la ley de amnistía indicando que no afectaba la separación de poderes, puesto que deja en manos de los jueces la interpretación final del texto. Sin embargo, dicho aval fue para el texto inicialmente rechazado y, en su momento, criticó que el trámite del mismo fuera de urgencia, impidiendo un debate más amplio dela sociedad española.

Ese concepto fue el que esgrimieron como bandera para el acuerdo alcanzado ayer y, no se descarta que para justificar los posibles alcances de la amnistía, los que solo mañana se conocerán.

“Es una humillación”

El conservador Partido Popular que ha cuestionado duramente el pacto de Sánchez con los independentistas para asegurar los siete votos que le permitieron en noviembre pasado otro mandato, alertaron desde ese momento el alto costo del mismo y el daño en ciernes, tanto a la democracia como a la unidad de España.

Desde su líder, Alberto Núñez Feijóo y la directiva del PP, hasta sus parlamentarios, han reiterado en todos los escenarios de que lo que está dispuesto a hacer Sánchez es "inconstitucional, inmoral y avergüenza" a casi toda la sociedad.

Así, la secretaria general del Partido, Cuca Gamarra, acusó al jefe del Ejecutivo de pretender dar "impunidad absoluta" al expresidente catalán Puigdemont y otros "prófugos" de la Justicia, porque de los independentistas depende su continuidad en el poder y máximo ahora que “está con el "agua al cuello por la corrupción económica que acorrala" a su Gobierno, en alusión al 'caso Koldo' o ‘koldogate’, relativo a una presunta trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, en la que estarían implicados uno de los hombres claves de Sánchez, el exministro de Fomento, José Luis Ábalos y la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La 'número dos' de Núñez Feijóo admitió que aunque "a nadie" le ha "sorprendido a estas alturas" escuchar a Sánchez decir que "les dará plenas garantías" (a los independentistas) y que eso "lo que significa es absoluta impunidad", los conservadores seguirán convocando a la sociedad española a rechazar este golpe al Estado de Derecho.

Entre tanto, otras fuentes del partido indicaron que "España le pide perdón al independentismo por orden de Pedro Sánchez. No aceptamos esta humillación", mientras que Sánchez, de visita en Brasilia, tras conocer el acuerdo aseguró que la ley de amnistía que saldrá del Congreso será "constitucional y alineada con el derecho europeo".

Descontada la aprobación mañana en la Comisión de Justicia, la ley se enviará al pleno del Congreso de Diputados, que la debatiría la próxima semana y donde por la mayoría calificada de la coalición gobernante sería aprobada, pese al notorio rechazo de la sociedad española que según las más recientes encuestas es el 62%.

Presupuesto, jueces y marchas 

En el plano legislativo las cosas se le tienden a complicar a Sánchez en dos temas puntuales: la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2024 (aún no presentado) y un acuerdo para destrabar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (Cgpj).

Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular, anticipó que el acuerdo tripartito para sacar avante la amnistía es una "nueva rendición" de Sánchez y que "no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo".

"O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces, y lo que al Gobierno no le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el Partido Popular. El Gobierno tiene que elegir bando…Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial con alguien que al mismo tiempo está humillando, desautorizando y obligando al Tribunal Supremo a corregirse en sus decisiones en el 'procés'”, agregó.

Independientemente del texto ajustado de la Ley de Amnistía que se conocerá esta mañana, la directiva del Partido Popular anunció que enviará a una "alta representación" a la protesta contra esa iniciativa que han convocado asociaciones de la sociedad civil este sábado en la plaza de Cibeles de Madrid, mientras que Núñez Feijóo presidirá las que tendrán lugar en la andaluza Córdoba.

Entre los convocantes a estas concentraciones que tienen como lema 'Sobran los motivos ¡Sánchez dimisión!' figuran Foro España Cívica, Neos, Unión 78, Foro Libertad y Alternativa, Libres e Iguales y Denaes o S'ha acabat, entre otras organizaciones. Todas ellas ya salieron a la calle el pasado 18 de noviembre en Madrid en una protesta similar que tuvo multitudinario respaldo ciudadano.

Francisco de Borja Sèmper, otro dirigente regional de los populares, sostuvo que "es verdaderamente sorprendente que la amnistía ahora mismo se haya convertido en un bote salvavidas para el Psoe y el actual Gobierno", enfatizando que esa ley “es mala para la sociedad española, porque consagra que hay políticos o que políticos independentistas están por encima de la ley".

Así las cosas, presentada como una amnistía para la reconciliación amenaza con polarizar aún más a la sociedad española.