Si llega a confirmarse que detrás de la muerte de nueve campesinos en zona rural de Tumaco estuvo un grupo de narcos y desertores, en medio de una protesta cocalera, es claro que sería el hecho más grave cometido por estas facciones rebeldes. Los acontecimientos del último mes, desde la huida de ‘Cadete’ hasta el abatimiento de otro cabecilla, evidencian que la problemática va más allá de 400 hombres-arma.

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La muerte el jueves pasado de nueve campesinos en el marco de una protesta contra operativos de erradicación de narcocultivos en zona rural de Tumaco (Nariño) evidencia que el fenómeno de las disidencias de las Farc no es un problema menor y que, por el contrario, la respuesta del Estado no parece estar siendo lo suficientemente contundente.

La versión oficial sostiene que sobre las 10 de la mañana del jueves personal de la Policía Nacional y del Ejército adelantaba un acompañamiento a los grupos móviles de erradicación en la zona de Puerto Rico, cuando gente del narcotraficante alias “Guacho”, que trabaja en conjunto con  disidentes de las Farc de la antigua columna “Daniel Aldana”, lanzó cinco cilindros-bomba a los integrantes de la Fuerza Pública y los campesinos que protestaban contra la acción de las autoridades. Tras ello, los subversivos habrían atacado con fusiles a los militares, policías y civiles, causando la muerte a nueve campesinos y heridas a otros más.

La información del Ministerio de Defensa señala que alias ‘Guacho’ y su banda criminal “ya no solo llevan a la población a la supuesta protesta social forzadamente, sino que le disparan con bombas, fusiles y ametralladoras de manera indiscriminada con el objetivo de evitar la erradicación de los cultivos ilícitos extensivos que pertenecen a esa organización criminal”.

Según el ministro Luis Carlos Villegas ese grupo de disidencias de Farc se ha dedicado a forzar a la gente, “les ayuda a cuidar los cultivos y también a protestar cuando llega la Fuerza Pública, como sucedió este jueves”. De igual manera destacó que las Fuerzas Armadas están copando zonas a donde no se podía ir en los últimos 15 años.

Sin embargo, a la par de esa versión oficial el viernes se conocieron otras en las que los voceros de los campesinos que protestaban negaron que estuvieran siendo presionados por ‘Guacho’ y la disidencia de las Farc, e incluso señalaban a la Fuerza Pública de iniciar los disparos. A su turno, el partido político “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Cómun” (Farc) culpó al Ejército de la “masacre”.

Hace una semana, igualmente, apenas unas horas antes de que entrara en vigor el cese el fuego entre el Gobierno y la guerrilla del Eln, tres policías habían sido asesinados en zona rural de Miranda (Cauca), al parecer por disidentes de las Farc, específicamente del sexto frente, al mando de alias ‘Mordisco’.

Unos días antes, el jueves 28 de septiembre, la Fuerza Pública le había propinado un primer duro golpe a las disidencias de las Farc, al abatir en combate, en zona rural de Calamar, a Luis Lizcano, alias ‘Euclides Mora’, sindicado de ser el segundo al mando de un grupo de desertores de esa guerrilla que opera en Guaviare, una de las zonas con más cultivos de coca en el país.

Tras ese golpe, el propio presidente Juan Manuel Santos indicó, a través de Twitter, lo siguiente: "mensaje es claro: entréguense, de lo contrario les espera la cárcel o la tumba".

La caída de ‘Euclides Mora’ se considera importante ya que era la mano derecha de Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, quien al mando de un grupo de decenas de guerrilleros del frente séptimo de las Farc se le rebeló al proceso de paz, pese incluso a estar presente en alguna ronda de negociación en Cuba así como en los primeros actos de concentración del pie de fuerza subversivo.

La gente de ‘Duarte’ y otros dos cabecillas de las Farc se considera, por parte de las Fuerzas Militares, como la facción de disidentes más peligrosa, toda vez que no sólo tratan de reanudar las operaciones de narcotráfico, extorsión y minería ilegal en Meta, Guaviare y Caquetá, sino que, además, ya estarían reclutamiento a nuevos combatientes.

A ello se suma que el pasado 11 de septiembre, Edgar Mesías Salgado, alias ‘Rodrigo Cadete’, excomandante del frente 17 de las Farc y quien ya se había desmovilizado, pidió ser trasladado a Cartagena del Chairá, en el Caquetá. Una vez allí, llegó un grupo de guerrilleros disidentes que desarmó a los escoltas de ‘Cadete’, que pertenecían a la Unidad Nacional de Protección, y huyeron del lugar.

Es claro, según información de las autoridades, que alias ‘Cadete’ volvió a la vida guerrillera, pese a que tan sólo unos días atrás había estado en la capital del país participando de varios actos relacionados con la implementación del pacto de paz y los mecanismos de reinserción.

A todo lo anterior se suma que en varios de los operativos llevados a cabo por la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía en el último mes contra bandas criminales organizadas (Bacrim) como el ‘Cartel del Golfo’, y otros grupos criminales relacionados con minería ilegal, contrabando y distintos delitos, se ha hablado de alianzas de estas facciones con grupos disidentes de las Farc.

 

Fenómeno creciente

Todos estos sucesos del último mes no hacen más que confirmar que el problema de las disidencias de las Farc está tomando ribetes cada vez más preocupantes, razón por la cual ya no se pueden considerar como un asunto “residual” del proceso de desmovilización y desarme del grueso de esa facción ilegal, hoy ya convertida en partido político.

El ministro Villegas ha reiterado que la disidencia de las Farc estaría entre un 5 y 7% de sus más de 7.000 hombres-arma, lo que significa que serían un poco más de 400 combatientes.

Sin embargo, en algunas regiones se afirma que esas cifras son muy bajas, no sólo porque los grupos disidentes estarían en una campaña ‘agresiva’ de reclutamiento de combatientes, sino porque se han aliado o incluso fusionado con algunas Bacrim, carteles del narcotráfico y minería ilegal. A ello se suma que también se escuchan rumores en torno a que estos disidentes estarían buscando aliarse con grupos del Eln que no quieren atender la orden de su “comando central” de entrar en cese el fuego y de hostilidades hasta el 9 de enero.

También se investigan testimonios de pobladores, sobre todo de Meta y Caquetá, en torno a que hay una lucha interna entre algunas facciones de disidentes de las Farc por hacerse con el control de zonas de cultivos ilícitos y narcolaboratorios, así como de “retaguardias campamentarias” dejadas por el grueso de la organización que sí se desmovilizó. Incluso algunos de los subversivos que no se acogieron al proceso de paz y se quedaron en el monte, se habrían entregado a las autoridades en semanas recientes al ver esa ‘guerra interna’ y temer por sus vidas.

Denuncias de Fiscalía

A todo lo anterior debe sumarse que el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez, al exigir esta semana ajustes al proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), advirtió que era necesario adoptar mecanismos más fuertes para perseguir judicialmente a los guerrilleros reincidentes y desertores.

Incluso trajo a colación que mientras a los desmovilizados el Estado les podía pagar un millón de pesos al mes por ayudar en la erradicación de narcocultivos, las Bacrim estaban pagándoles 8 millones por delinquir con ellas.

“Si el Gobierno no tiene sino un millón de pesitos para los cultivadores por mes y las organizaciones criminales les están pagando 8 millones de pesos, tenemos que persuadirlos, por el imperio de la ley y del Estado, de que si se van allá, no les vamos a borrar su pasado y tendrán que vérselas con la ley”, advirtió Martínez.

Según el Fiscal “acaban de crear una cosa que se llama ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, ya son más de 120 hombres alzados en armas. La ‘Banda del Guacho’ ya tiene 60 integrantes armados… No les podemos decir que su pasado se lo dejamos limpio y que no pasó nada”.

También denunció el jefe del ente acusador que era necesario cerrar la lista de desmovilizados de las Farc, ya que estas seguían “metiendo gente”.

No hay que olvidar que, precisamente, hace dos semanas el Gobierno anunció de había excluido de los listados entregados por las Farc sobre sus integrantes, a más de 258 nombres, 19 de ellos presuntos extraditables por narcotráfico, al comprobarse que no militaban en esa facción ilegal, sino que eran delincuentes comunes o de bandas criminales organizadas.

 

El problema

¿Cómo frenar esta creciente problemática con las disidencias de las Farc? No es un tema fácil. En primer lugar es claro que hay varios aspectos mezclados en este fenómeno. Por ejemplo, aquellos cabecillas que, desde antes de firmar el pacto de paz, ya se habían mostrado contrarios a lo negociado y decidieron seguir en el monte defendiendo la ‘causa revolucionaria’.

Precisamente días atrás se conoció una entrevista dada por alias ‘Aldemar’, un cabecilla guerrillero disidente del frente primero, en el Guaviare. "¿Disidencia? No hemos cambiado una coma en la parte ideológica, seguimos siendo revolucionarios que buscan el poder para el pueblo por la vía político-militar", dijo.

Sobre la cúpula de las Farc, el guerrillero aseguró que "nos traicionaron", pero advierte que "a pesar de ser unos traidores no vamos a atacarlos, siempre y cuando no se conviertan en agentes del Estado y respeten los bienes. En nuestras zonas los trataremos como un partido (político) más".

"La entrega de armas fue precipitada, se dio antes de que se cumplieran los acuerdos, el paramilitarismo sigue, la doctrina militar (antiguerrillera) no fue cambiada, no hubo negociación con los campesinos cocaleros", concluyó.

Por último dijo que “volveremos a ser un ejército, ya estamos en Guaviare, Guainía, Nariño, Vichada, Vaupés, Caquetá, Chocó, Antioquia".

El otro lío frente a la problemática de las disidencias es la cantidad de guerrilleros que pasaron a las Bacrim o al propio Eln. Por ejemplo, días atrás se conoció una entrevista del jefe negociador de esta guerrilla en Quito, Pablo Beltrán.

Cuando se le preguntó sobre si había “gente de las Farc” tratando de entrar al Eln, respondió: “Lo que nosotros registramos son hechos muy preocupantes. En las cuentas que nosotros llevamos, cerca del 40% de los combatientes de las Farc que entraron en esto (de la paz) están, dijéramos, como por fuera de los programas (para su reinserción), pero eso no quiere decir que todos ellos se vayan para el Eln”.

Interrogado sobre de cuántos guerrilleros de las Farc se estaba hablando, Beltrán dijo que "más de 2.000, que es mucho".

Otro flanco de este fenómeno es, precisamente, el relacionado con los guerrilleros desmovilizados que ante las demoras en la definición de su situación jurídica o en la entrega de las ayudas económicas del Estado, habrían salido de las zonas en donde funcionaron las 26 zonas veredales de concentración (ahora convertidas en “Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación”, ETCR)  y vuelto a delinquir.

Un informe de la Defensoría del Pueblo conocido días atrás hacía una radiografía de cómo avanzaba este proceso de reincorporación en esos ETCR. Si bien encontró avances en algunos de ellos, en otros describió que los desmovilizados estaban saliendo porque no se hicieron las obras prometidas, tampoco se cumplían con los compromisos económicos y otros actores de violencia estaban en la zona, ya sea  amenazándolos o queriendo ‘reclutarlos’.

El propio máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, advertía en una carta al presidente Santos días atrás, al denunciar incumplimientos en el acuerdo de paz, sobre la situación de los desmovilizados.

"Son miles los excombatientes (...) que no reciben el giro mensual del noventa por ciento de salario mínimo" acordado, y el "acceso a la salud" de los guerrilleros "pasa por las más increíbles dificultades", dijo.

El presidente Santos, por el contario, dio un balance esta semana del proceso de implementación del acuerdo de paz y lo consideró positivo en muchos aspectos. Por ejemplo, sostuvo que de la lista de más de 14 mil nombres entregada por esa guerrilla  para iniciar su reincorporación, ya se han acreditado más de 11.400, es decir un 80 por ciento

Narco, lío de fondo

Sin embargo, lo cierto es que la mayoría del fenómeno de la disidencia guerrillera tiene como telón de fondo el narcotráfico. No en vano los grupúsculos ‘desertores’ se ubican en Guaviare, Meta, Caquetá y Nariño, las zonas con mayor presencia de narcocultivos. La expulsión en diciembre de las Farc de los cabecillas  alias ‘Gentil Duarte’, ‘John 40’, ‘Giovanny Chuscas’ y ‘Julián Chollo’, así lo prueba, pues operaban en estas regiones.

Estados Unidos, que incluso amenazó semanas atrás con “descertificar” a Colombia en su lucha antidrogas, luego de que la extensión de sembradíos ilegales se cuadriplicará en tres años, llegando a 188 mil hectáreas, ha advertido que las Farc no están cumpliendo con los compromisos de entrega de rutas, cultivos, laboratorios y demás información sobre el tráfico de drogas.

El propio vicepresidente colombiano, general (r) Óscar Naranjo, ha dicho que los disidentes de las Farc serán perseguidos sin tregua por el Estado y sometidos a la justicia ordinaria, lo que significa que no tendrán derecho a los beneficios políticos, jurídicos y económicos del proceso de paz.

"Notifico a esos grupos residuales que actuaremos sin contemplaciones para someterlos al imperio de la ley, en una triple operación de: estabilización, una operación a la ofensiva y una operación de sustitución de cultivos para estabilizar el territorio", recalcó.

A la par de lo anterior reconoció que la lucha contra los cultivos ilícitos ha avanzado desde la desmovilización del grueso de las Farc y prueba de ello es que ya se completaron 35 mil hectáreas erradicadas este año, que equivalen al 67,4 % hectáreas de erradicación forzosa. A ello se suma, un proceso de sustitución donde de 115 mil familias cultivadoras 20 mil ya han firmado acuerdos individuales.

Como se ve, el problema de las disidencias de las Farc cada día es más complicado de manejar. Más allá de las dudas que existen sobre lo ocurrido en Tumaco, lo cierto es que el de los desertores en armas ya no es un lío tangencial de apenas 400 hombres y unos pocos cabecillas. El ‘monstrico’ está creciendo y podría poner en peligro no sólo el acuerdo de paz, sino reciclar la violencia en muchas regiones y hacer más difícil la lucha, ya de por sí complicada por los magros resultados, contra el narcotráfico y la minería ilegal.

 

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