No es nada fácil para la administración Distrital como para ningún alcalde o gobernador del  país afrontar la problemática que se deriva de la población de habitantes de calle que deambula en sus respectivas jurisdicciones. Tras los exitosos operativos que la Alcaldía de Bogotá, la Policía y otras entidades a nivel local y nacional realizaron en los sectores del Bronx, San Bernardo, y “Cinco Huecos”, en donde por años imperó la ley del miedo y el crimen, la ciudad se ha visto abocada al desafío sobre qué hacer con los centenares de personas  que fueron desalojadas de dichas áreas y que hoy se han convertido en un foco no sólo de inseguridad, sino de humanidad.

Es claro, y así lo reiteramos en estas páginas, que la intervención del Bronx y las otras dos ‘ollas del microtráfico’ en el centro de la capital del país fue una acción acertada porque no se podía seguir permitiendo que a escasas cuadras del centro del poder político, legislativo y judicial de la Nación siguiera funcionando un “infierno” en donde miles de personas se perdían entre el tráfico de drogas, la prostitución infantil, la indigencia y múltiples delitos. En su momento advertimos que todos estos operativos debían ir acompañados de políticas para asistir a la población de habitantes de calle, con el fin de ofrecerles todas las oportunidades de rehabilitación individual, social, económica y de oportunidad de vida. Y ello efectivamente se realizó, pero es necesario entender que ninguna persona puede ser obligada a someterse a esta clase de programas por más bien intencionados que estén, y así lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional en no pocas ocasiones. Por lo tanto, las propuestas que se han escuchado en la última semana respecto a que las autoridades distritales obliguen a los habitantes de calle que deambulan por el centro de la ciudad y que se han tratado de tomar distintos lugares, incluso caños y zonas bajas de puentes vehiculares, no tienen sustento legal alguno, porque, como se dijo, forzarlos a ir a centros de rehabilitación, refugios temporales o “campamentos” de paso atenta contra el orden legal establecido y la libertad individual que asiste a todos los colombianos, sea cual sea su situación política, económica o social.

Aclarado este punto, lo que debe estudiarse es cuáles medidas son efectivamente las que se pueden aplicar  a las personas que por años vivieron, si es que cabe el término, en estos tres sectores deprimidos y focos de criminalidad del centro de Bogotá. Y para ello, debe partirse de la base de que el habitante de calle no es ni puede ser considerado, a priori, como delincuente y, por lo tanto, no puede ser conducido ni detenido por las autoridades a menos que exista una orden de captura vigente en su contra o sea descubierto en flagrancia violando la ley.  En este orden de ideas, las peticiones de la ciudadanía y los comerciantes en torno a que cada vez que aparezcan estas personas tengan que ser requeridas por la Policía no son viables, como tampoco lo es que se les agreda por el simple hecho de transitar por determinadas calles o lugares y menos aún porque pidan limosna. Esto debe quedar absolutamente claro para la ciudadanía porque quienes así procedan pueden terminar afrontando un proceso judicial.

Así las cosas la única vía procedente es la del convencimiento, caso por caso, de los habitantes de calle sobre las bondades de los programas de rehabilitación a que pueden acogerse. Es necesario, por tanto, romper la unidad de cuerpo que algunos líderes de esta población, no se sabe con qué intenciones, han tratado de generar para obligar al Distrito a que les permita concentrarse definitivamente en determinadas cuadras o sitios, con la clara intención de crear allí nuevos focos de criminalidad como los que ya fueron removidos del Bronx y similares. Los funcionarios distritales deben hablar con cada una de estas personas y convencerlas de la solución para su caso particular, de forma tal que se vaya reduciendo progresivamente el volumen de esta población deambulante y se evite que sean manipulados por quienes quieren condenarlos a seguir mal viviendo en condiciones infrahumanas, el vicio, la indigencia y la propensión al delito. Solo así es posible enfrentar esta problemática.

Las otras opciones sobre la mesa o son ilegales o, simple y llanamente, no tienen aplicación práctica frente a un fenómeno tan complejo que, como se dijo, termina siendo un reto a la humanidad y no un asunto de mera criminalidad.