- Acelerar trámite de proyecto de Financiamiento
- No es el momento de tomar riesgos económicos
La cuenta regresiva para la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento empieza a agotarse. Ya solo quedan cuatro semanas de sesiones ordinarias y algunos días más en caso de que sea necesario citar a extraordinarias para darle una última puntada a la iniciativa, de forma tal que el Presidente de la República tenga tiempo para sancionarla antes del 31 de diciembre y que entre a regir para la vigencia fiscal de 2020.
Radicado en octubre pasado, el proyecto no ha avanzado con la celeridad esperada, pese a que desde el Gobierno, las firmas calificadoras de riesgo, los gremios y otros sectores políticos, económicos e institucionales se ha insistido en que aprobar esa norma es de trascendental importancia para mantener el ritmo de recuperación productiva en Colombia y asegurar la viabilidad fiscal para lo que resta del cuatrienio Duque.
No hay que olvidar que en medio de un escenario global convulso, la economía nacional está creciendo a un ritmo del 3,3% como porcentaje del Producto Interno Bruto (según el último reporte del DANE con corte al tercer trimestre) y podría cerrar 2019 con un 3,4%, entre los más altos de una región latinoamericana que no llegaría, acorde con la proyección de la Cepal, más allá del 0,5% en promedio. Es más, en la semana que termina la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reiteró que el crecimiento de Colombia se mantendrá sólido en los próximos dos años “a pesar de los vientos en contra externos”. Señaló el ritmo creciente de la inversión, los proyectos de infraestructura, las bajas tasas de interés, una inflación controlada y el aumento en el consumo de hogares como los motores de ese dinamismo productivo. Y, de paso, resaltó los resultados positivos de la Ley de Financiamiento aplicada este año y la necesidad de que el Congreso apruebe el proyecto en trámite. A ello se suma que si bien esta semana la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings mantuvo su nota a Colombia, alertó sobre los problemas fiscales por la caída de la Ley de Financiamiento, las dificultades derivadas para el presupuesto de 2020 así como para el cumplimiento de las metas a largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo. De allí que pidiera al Gobierno un mayor esfuerzo en materia fiscal, para lo cual es clave la norma tributaria en trámite en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
Y si faltara algún argumento más para insistir en la urgente aprobación del proyecto tributario, debe traerse a colación que la propia Corte Constitucional, en el fallo de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento aprobada a finales del año pasado, reconoció que dicha iniciativa era vital para asegurar la viabilidad presupuestal de la nación, razón por la cual si bien hundió esa reforma impositiva por evidentes vicios de forma, dejó vivos sus efectos de recaudo hasta el último día de este año.
¿Cómo va el trámite? El nuevo proyecto, para asegurar su aprobación rápida, fue presentado por el Ejecutivo con un articulado casi idéntico al aprobado en diciembre de 2018. Las comisiones económicas conjuntas han trabajado junto al Ministro de Hacienda varias semanas, pero hasta el momento no hay ponencia para primer debate. El principal problema es que pasan de doscientas las proposiciones de ajustes a temas ya incluidos o sobre artículos nuevos en múltiples temas. Aun así, en medio de un ambiente político y partidista muy caldeado en el último mes en el Parlamento, se ha logrado avanzar en algunos preacuerdos, sobre todo referidos a la posibilidad de revivir la normalización tributaria para la vigencia del próximo año, reducir el porcentaje de la renta presuntiva, establecer medidas para la generación de empleo vía exenciones, eliminar el criticado impuesto al consumo de bienes inmuebles, precisar régimen de IVA en zonas francas, restablecer la sobretasa al sistema financiero por tres años, crear una comisión que evalúe gabelas tributarias vigentes, implementar el beneficio de auditoría para 2021, fijar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional el componente inflacionario de los rendimientos financieros, aumentar el máximo de ingresos que se admite para acceder a la renta exenta en el sector agrícola así como excluir de IVA los tratamientos de belleza y las cirugías estéticas.
Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. Se espera, incluso, que en una reunión mañana entre ambas partes se definan los últimos ajustes al texto, con el fin de poder radicar la ponencia antes del viernes y que la próxima semana empiece a aprobarse en primer debate. Si ello no ocurre el tiempo empezará a asomar como el mayor enemigo de la iniciativa, con todo lo que ello implicará en materia de golpe al crecimiento de la economía, incertidumbre fiscal, mayor aumento del desempleo, notas negativas de las calificadoras de riesgo y pérdida de la confianza de los inversionistas. Un sendero tan peligroso como inaudito para un país que, precisamente en estos momentos de crispación social, no puede darse el lujo de retroceder en dinamismo productivo, pues este es la única vía en la búsqueda de mayor plusvalía pública y privada para reducir de forma más sustancial las brechas de pobreza e inequidad, una de las marcadas motivaciones del paro de esta semana.