El Incoder denunció que representantes del grupo empresarial la Dolce Vista INC. han impedido el acceso de las asociaciones campesinas a la inspección ocular de la Hacienda Bellacruz, proceso que permitirá definir físicamente la ubicación de los predios baldíos, identificar quién los ocupa, si lo hace de manera indebida y proceder a su recuperación dado el caso.

 El martes se dio inicio a la diligencia de inspección con equipos técnicos del INCODER, junto con el IGAC y la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, pero fue interrumpida en horas de la mañana después de que se impidiera el ingreso de los campesinos y delegados de las dos asociaciones que participan como terceros en el proceso, Asocol y Asodacar.

 Quienes se opusieron al ingreso fueron José Alberto Martínez, jefe de seguridad privada de la empresa agropecuaria La Gloria; el abogado Jorge Enrique Martínez, apoderado de la sociedad M.R de Inversiones S.A.S., y la abogada Orieta Daza, apoderada del Grupo Agroindustrial S.A.

 Ellos manifestaron que la orden de impedir el acceso de los campesinos proviene de la Gerencia General del grupo empresarial de la Dolce Vista INC.

 Para el Incoder es necesaria la participación de estas asociaciones en la inspección ocular, pues fueron quienes solicitaron al Instituto la realización del proceso. Además, se trata de población campesina vulnerable, en situación de desplazamiento forzado, y que se encuentra amenazada.

 En la inspección ocular se practican las pruebas que sean solicitadas por las partes y los interesados, por lo que impedir la participación de los campesinos vulnera su debido proceso.

 Incoder tomará las medidas necesarias para garantizar los derechos de los campesinos, lo cual está respaldado por la Procuraduría Delegada para asuntos Agrarios y Ambientales. 

 La normatividad agraria estipula que los terrenos baldíos pertenecen a la Nación y que por su calidad son imprescriptibles, inalienables e inembargables. Solo corresponde a la Nación, en cabeza del Incoder  disponer de estos baldíos y con ellos garantizar el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de las familias campesinas que reúnan los requisitos de la reforma agraria.

 El caso de la Hacienda Bellacruz

 El Incoder inició desde el año pasado un proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados sobre siete predios de más de 1.100 hectáreas que hacen parte de las 8.200 hectáreas que integran el gran globo de tierra reconocido como la Hacienda Bellacruz, ubicada en jurisdicción de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque del departamento del Cesar.

 Los predios que están siendo objeto del proceso de recuperación son: Potosí, Caño Negro, Los Bajos, San Simón, Venecia, María Isidra y San Miguel, que fueron declarados como baldíos dentro del proceso de clarificación de la propiedad culminado mediante la Resolución No. 01551 del 20 de abril de 1994 por el antiguo ncora. Esta decisión fue reprochada sin éxito ante el Consejo de Estado, que rechazó la demanda.

 Este procedimiento agrario, reglado en el Capítulo X de la Ley 160 y en el Decreto 2664 de 1994, busca la recuperación de tierras baldías de la Nación que están siendo ocupadas de manera indebida por particulares que no ostentan la calidad de sujetos de reforma agraria.

 La Hacienda Bellacruz ha sido uno de los casos más sonoros en el proceso de restitución de tierras, debido al desplazamiento violento que allí sufrieron decenas de campesinos y por la aparición actual de los llamados ‘ejércitos antirrestitución de tierras’.