Tras 10 años de aplicación, es necesario un profundo revolcón al Sistema Penal Acusatorio ya que este se ha estancado debido a la restricción que le ha impuesto varias leyes, entre otros problemas.

Así arranca el análisis que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, hacen sobre el modelo del cual se presentó un proyecto que se espera presentar al Congreso el próximo año.

El Magistrado y el Fiscal coinciden en decir que es necesaria la implementación plena de los preacuerdos y de los principios de oportunidad, los cuales se han quedado en meros formalismos. Tanto Montealegre como Bustos, ven en esta iniciativa una salida para brindar justicia pronta y eficaz.

 

‘Algunas leyes traban el sistema’

EL NUEVO SIGLO: -  ¿Cómo ve este proyecto de reforma al Sistema Penal Acusatorio?

EDUARDO MONTEALEGRE: Es importante hacerle un gran revolcón a la Justicia Penal después de casi 10 años de implementación del sistema acusatorio en el cual hemos detectado fallas estructurales en algunos puntos. Es importante por ejemplo darle coherencia a la política criminal. Durante varios años se ha venido desnaturalizando el sistema acusatorio a raíz de prohibiciones que se han venido introduciendo por parte del Congreso de la República para efectos de preacuerdos, de principios de oportunidad.

ENS: - ¿Para usted cuál es el centro del proyecto?

EM: Uno de los temas es darle coherencia a la política criminal. Un tema sensible es el de que todo sistema penal acusatorio tiene un buen sistema de preacuerdos y de principios de oportunidad. Existen ciertas normas que están entrabando los preacuerdos y de principios de oportunidad. Hay ciertas normas que entraban los preacuerdos. Hay un clamor generalizado de una dilación injustificada de audiencias de imputación de algunas trabas formales en la realización del juicio oral. Lo que queremos entonces es darle más coherencia a la política criminal del Estado, quitar las trabas y los formalismos que están obstaculizando el proceso. Esperamos contar con el apoyo del Gobierno.

ENS: - ¿Cuál ha sido el problema en la aplicación de los preacuerdos y los principios de oportunidad?

EM: Uno de los temas que tiene que modificarse en el sistema penal son los preacuerdos y del manejo del principio de oportunidad. Todavía seguimos con unos preacuerdos demasiado formalistas y unos acuerdos demasiado estrechos. Necesitamos más flexibilidad en el manejo de la Fiscalía para estos efectos. En la medida en que logremos esta flexibilización debemos ganar en verdad y en justicia material.

ENS: -  ¿Se ponen en riesgo investigaciones emblemáticas que podrían generar impunidad?

EM: Lo que queremos es precisamente evitar el colapso del sistema. Creo que hay fallas estructurales. Es obvio que después de 10 años ya podamos observar cuáles son ese tipo de fallas. De todos modos debemos rescatar que uno de esos grandes avances que se han hecho en el país en materia penal ha sido la implementación del sistema acusatorio. Debemos entender que estos modelos se forman culturalmente. En Europa y Estados Unidos los sistemas acusatorios llevan dos siglos de experiencia en que se han venido formando debido a la cultura y a las necesidades. Creo que es un gran mérito de Colombia respecto a América Latina. La cultura de abogados, de jueces, de fiscales, sigue anclada en los viejos esquemas del procedimiento. Tenemos que avanzar en un cambio de cultura judicial.

ENS: - ¿Está en crisis el Sistema Penal Acusatorio en Colombia?

EM: Yo no creo que podamos hablar de una crisis del Sistema Penal Acusatorio. No podemos hablar de un colapso. Lo que sí podemos decir es que hay cierto tipo de fallas, algunas que son estructurales. Observamos que se deben hacer ajustes al sistema, no para retroceder, sino para seguir afianzando este modelo que ha sido ejemplar en América Latina.

ENS: - ¿No es más grave derogar leyes como la de Infancia, contra el terrorismo y la de Seguridad Ciudadana?

EM: Lo que pasa es que hemos encontrado que no hay coherencia en el manejo de la política criminal del Estado. Es decir, durante estos últimos años no ha habido una política criminal seria por parte del Estado. He dicho que esta se ha hecho al vaivén de las coyunturas, ha consistido exclusivamente en aumento de penas, en la supresión de beneficios y esto ha venido deformando el sistema acusatorio.

ENS: - ¿Esta reforma al contrario de lo que busca podría incentivar los falsos testigos?

EM: Lo que queremos con esto y con la reforma a la Fiscalía que va a hacer el Presidente con las facultades extraordinarias, es volver al manejo de la prueba técnica. Una de las debilidades del sistema es que prácticamente se está basando en la prueba testimonial y en el manejo de los preacuerdos. Eso no es lo ideal, un sistema que se fundamente en prueba técnica, en una práctica de la Policía judicial en cuanto a implementación de tecnologías modernas en la investigación. La prueba testimonial es muy frágil. Uno de los objetivos de esta reforma es fortalecer la policía judicial y el manejo de la prueba técnica.

 

‘Hay problemas muy graves’

ENS: - ¿Cuál es su diagnóstico del Sistema Penal Acusatorio?

LEONIDAS BUSTOS: El Sistema Penal Acusatorio yo creo que se encuentra en crisis, que está en unos problemas muy graves. En unas dificultades de carácter investigativo, del juzgamiento. Hay un entrabamiento. Lo que buscamos es que todo aquello que pueda perjudicar el buen desarrollo del sistema sea excluido, se corrijan las debilidades y podamos presentarle al país una propuesta de reforma que garantice que el sistema va a ser operativo.

ENS: -  ¿Por qué son pertinentes los beneficios incluso a los condenados?

LB: Me parece que ese sistema de colaboración eficaz con la justicia hay que mantenerlo como parte de la base de que un Estado no posee una infraestructura  capaz de contener y erradicar absolutamente la impunidad. Bajo esos parámetros se requiere la colaboración del imputado o de los condenados, de tal manera debemos flexibilizar la ley penal mediante la concesión de beneficios para estimular la colaboración y permitir la producción de rápidas sentencias anticipadas.

ENS: -  ¿Coincide con el Fiscal en decir que varias leyes han afectado el Sistema?

LB: Se han hecho muchas reformas, las cuales han inducido al entrabamiento del sistema. El Penal Acusatorio es un sistema considerado como premial, que prevé unos estímulos, para quienes se allanan tempranamente a cargos. El Legislador, a través de una legislación un tanto improvisada, prohíbe la concesión de beneficios. Ante esta realidad, el Sistema no se convierte en algo atractivo y por tanto tendría que existir contraprestación de esa colaboración por medio de una infraestructura muy fuerte por parte de la Fiscalía.

ENS: -  ¿Se unificará el criterio para que los acuerdos a los que llega la Fiscalía no los tumben los tribunales superiores?

LB: Es lo que se busca corregir. Tiene que salir una propuesta coherente sobre los preacuerdos y principios de oportunidad que permita superar esas debilidades.

ENS: - ¿Qué cree que le hace falta a la propuesta?

LB: El ejercicio de la acción penal por parte de las víctimas; es decir, lo que se denomina como pequeñas causas. Eso podría ser parte de este proyecto o de un estatuto independiente.

 

Apoyo del Congreso

Tras señalar que apoya al Fiscal en su decisión de descongestionar la justicia, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, dijo que apoyará la iniciativa.

“Quiero decir estamos listos para recibir los insumos de quienes son los más autorizados para presentarlos. El Congreso termina legislando muy de la mano de la propia justicia. Uno entiende que es una reforma seria y a profundidad. El sistema sí está colapsado, lo ha dicho la propia Fiscalía, por lo que hemos acompañado al Fiscal en esto”, precisó.

Aunque dijo que va a ser una discusión a profundidad, destacó el esfuerzo por realizar el diagnóstico.

“Creo que llegar a consenso no va a ser fácil; de eso se trata, de hacer un debate a fondo y que nadie le había metido diente. Celebro que la Fiscalía y la Sala Penal de la Corte hayan conformado esta comisión. Ideas que serán destrozadas al futuro, pero de la que saldrá un nuevo proyecto”, precisó.

Cristo señaló que la reforma debe pensar en cómo va a atender los procesos en el posconflicto en Colombia.

“En esta reforma al Sistema Penal debemos ir pensando cómo va ser la justicia colombiana en el posconflicto. En esas zonas de conflicto es donde ha estado ausente la justicia. Allí hay un desafío muy grande en este momento del estado en su conjunto”, concluyó.

 

¿Qué dice el proyecto?

El restablecimiento de la justicia premial que contempla la Ley 906 de 2004, medidas entre las que se encuentra la rebaja de penas por colaboración a los condenados, planteó la Fiscalía General de la Nación y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su proyecto de reforma al Sistema Penal Acusatorio presentado ayer en el segundo Foro sobre el tema realizado en Paipa (Boyacá).

La iniciativa, creada para superar las múltiples dificultades que se presentan para la aplicación eficaz de la norma, incluye el descuento de hasta un 50% de la pena por la aceptación de cargos, la ampliación de los términos para la aplicación del principio de oportunidad, así como la eliminación de la audiencia de imputación de cargos.

La propuesta, constituida por 14 puntos, se presenta tras siete años de la implementación del sistema y tras un año de evaluación de las falencias de la Ley.

Frente al restablecimiento de la justicia premial, que propone la derogación de la Ley de Infancia, la Ley Antiterrorismo y la de Seguridad Ciudadana, el vicefiscal General de la Nación,  Jorge Perdomo explicó que estas normas son inconvenientes para la aplicación de la justicia.