La participación del sector privado en la administración de las cárceles en el país es uno de los puntos más polémicos de la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, al punto que varios sindicatos del Inpec alertaron que se violaría la Constitución por la privatización de estos establecimientos y habría el riesgo de que se conviertan en prisiones administradas por organizaciones criminales, como lo manifestaron la semana anterior durante una audiencia pública en el Congreso.
Sin embargo, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que las alianzas público-privadas para contratar con las cárceles se vienen dando desde tiempo atrás, y que ahora lo que se busca con el Código es reducir el número de contratistas por cada centro penitenciario con el fin de llevar mejores condiciones a las personas privadas de la libertad.
 “En las cárceles la alimentación está en cabeza de un contratista, la salud ahora la vamos a contratar con EPS particulares, los servicios de resocialización se hacen a través de contratos con empresas particulares. El tema ya se está trabajando y ahora lo que se busca es que no hayan muchos contratistas”, explicó. Y agregó que con el proyecto que está estructurando la CAF, Corporación Andina de Fomento, se darán las pautas para que a través de asociaciones público- privadas sea un contratista el encargado de mantener los centros penitenciarios en óptimas condiciones.
La funcionaria pidió al Congreso dar prioridad a este proyecto ante la crisis que se presenta, especialmente por la sobrepoblación que hay en la mayoría de establecimientos del país. Por lo que se mostró confiada en que “alcance a ser aprobado antes del 20 de junio”.