El encarcelado expresidente guatemalteco Otto Pérez fue acusado hoy de facilitar la firma de un millonario contrato fraudulento para el usufructo de operaciones portuarias, informaron fuentes oficiales.

 

El exgobernante "Pérez utilizó la calidad de su cargo como presidente para facilitar una negociación donde obtendrían un beneficio financiero directo, en detrimento de los intereses de la Nación", dijo en rueda de prensa la fiscal general Thelma Aldana.

 

Pérez fue acusado de encabezar "la estructura criminal" para que la firma Terminal de Contenedores Barcelona (TCB) ganara el usufructo por 25 años prorrogables para operar una parte del Puerto Quetzal (Pacífico).

 

De acuerdo con la funcionaria, la red era dirigida igualmente por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, también en prisión.

 

Lo dos pagan prisión porque encabezaron una banda de defraudación fiscal aduanera denominada La Línea, que fue develada el 16 de abril del año pasado.

 

El anómalo contrato de usufructo se firmó el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades e incluía una comisión de 30 millones de dólares para los gestores nacionales e internacionales.

 

Además, a Pérez y Beldetti se beneficiarían con 4,2 millones de dólares cada uno, según la acusación.

 

"Se concertó un grupo criminal con roles claramente definidos conformado por Otto Pérez y Roxana Baldetti como líderes de esta estructura criminal", aseguró Aldana.

 

En este nuevo caso también fue capturado el empresario español Juan José Suárez, director general de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la filial de la española en este país centroamericano.

 

Las autoridades también capturaron a ocho guatemaltecos, entre ellos Gustavo Martínez, exsecretario general del gobierno de Pérez, quien está bajo arresto domiciliario por otro millonario contrato fraudulento con una hidroeléctrica.

 

La TCQ opera en el interior del Puerto Quetzal, 100 km al sur de la capital guatemalteca, sobre el Pacífico.

 

La empresa española tenía previsto invertir 225 millones de dólares en tres fases.

 

En tanto, el colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU para apoyar la justicia en el país, comentó que este nuevo caso de corrupción se desprende de las investigaciones de La Línea.

 

En este nuevo caso, Pérez y Baldetti son acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, precisó el ministro del Interior, Francisco Rivas.

 

Tanto Pérez como Baldetti renunciaron a sus cargos en medio de protestas callejeras y ahora se encuentran en prisión preventiva a la espera de que un juez decida si deben enfrentar un juicio público.

 

Baldetti dejó el cargo en mayo y Pérez renunció en septiembre tras asumir el mando el 14 de enero de 2012 para un período de cuatro años que no pudieron concluir. /AFP