Un nuevo capítulo le abrió hoy el Consejo de Estado al general, Miguel Maza Márquez en el proceso de investigación que se adelanta por el magnicidio del líder del partido Liberal, Luis Carlos Galán.

El Alto Tribunal lo responsabilizó de culpar apresuradamente y privar injustamente de la libertad a Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero por haber participado como autores materiales con fines terroristas en el homicidio del entonces candidato presidencial.

El Consejo aseguró que en ese entonces Maza Márquez ejercía su función como director general del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y  Óscar Eduardo Peláez Carmona como director de la Dijin de la Policía por lo que  explicó que “de los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos, no se podía esperar, ni exigir, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas, máxime en un asunto tan delicado, de tanta trascendencia y de tan graves repercusiones tanto para la vida institucional y democrática del país, como para quienes resultaron ser señalados por esos organismos estatales de la realización de semejante magnicidio"

Por este mismo motivo la corporación emitió una multa a la Policía y a la Fiscalía de 3.000 millones de pesos para que indemnice a las víctimas que pagaron cerca de tres años de prisión por un caso que no cometieron  y sin que existiera ni siquiera una decisión judicial. De igual manera los ex funcionarios deberán reintegrarle al Estado el 50%, cada uno las sumas de dinero que las entidades demandadas deben pagar.

La Sala reiteró que “en el caso se presentó una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, puesto que fue un hecho notorio a nivel nacional que el propio Estado… sometiera a tales personas al escarnio público y se empecinara en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas

 En la sentencia proferida la corporación argumenta que “fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los asesinos del doctor Luis Caros Galán, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito”