Con denuncias de complots y una arremetida sin igual contra la oposición, a la que reiteradamente  sindica de estar tras esos “planes desestabilizadores de la democracia”  el presidente Nicolás Maduro busca asegurar su gobernabilidad, minimizar la cada vez más creciente polarización y manejar la caótica situación económica.

Aunque el discurso es reiterativo, su trasfondo es diferente al de meses atrás. Primero fue la denuncia de ser blanco de una “guerra económica”, por ello la escasez alimentaria y la alta inflación. Al poco tiempo habló sobre una  conspiración política orquestada por la radical oposición y siempre con el apoyo de Estados Unidos y la ultraderecha colombiana. Con esas denuncias  justificó la gravísima situación económica que vivía Venezuela.

Sin embargo, la de esa semana, la motivación es claramente diferente. La razón: ya no es posible ocultar la caótica realidad de desabastecimiento alimentario, galopante inflación,  alto desempleo, crisis cambiaria, disparada violencia y creciente descontento social.

Así, la magnitud de la crisis se tornó en un elefante inocultable y una vez allí –donde está y parece quedarse- la estrategia para enfrentarla tenía que ser política. Sin otro muro distractor posible ante los desbordantes hechos, retornó el raído discurso de los planes atentatorios a la democracia y la revolución chavista pero esta vez con el fin de señalar a los presuntos culpables.

De allí la ofensiva “judicial” contra los líderes opositores, iniciando con el inesperado arresto del alcalde Antonio Ledezma el jueves en la tarde, a quien sin mediar orden judicial y en un operativo caracterizado por la fuerza se le sacó de su oficina y se trasladó a la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano, donde permanecía ayer a la espera de que se le definiera  su suerte. Esa “suerte” que, sin duda, será la misma que desde hace un año tiene tras las rejas a otro connotado antichavista, Leopoldo López, a quien se le sigue un juicio carente de garantías –según denuncia- por la violencia de ese entonces y que dejó 43 muertos.

Ledezma, retenido en instalaciones del espionaje interno, está a la espera de que según informó los fiscales Katherine Harington y Yeison Moreno le imputen cargos  por "estar presuntamente incurso en hechos conspirativos para organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno".

El jueves, el presidente Nicolás Maduro había justificado ese arresto en un anuncio pago y publicado hace una semana en la prensa, con la firma de estos líderes radicales, en el que planteaban la necesidad de una transición democrática.

El comunicado opositor denunciaba a "una élite sin escrúpulos de no más de cien personas, que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario" y exhortaba a "evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad".

Ledezma es el segundo de los tres principales líderes radicales en prisión. Le antecede Leopoldo López y estaría en la antesala María Corina Machado, la diputada destituida en marzo de 2014 por aceptar que Panamá la acreditara como representante alterna ante el Consejo Permanente de la OEA y así poder denunciar en ese foro las violaciones a los derechos humanos del gobierno venezolano.

Maduro formuló esta nueva acusación de plan golpista, días después de que anunciara el arresto de siete oficiales de la Fuerza Aérea Venezolana, quienes dijo serían los encargados de “atacar Miraflores o el sitio donde me encontrara” y en una prolongada radioalocución al país en el mismo momento del violento operativo policial contra Ledezma y un presunto intento de la guardia de Ramo Verde por “secuestrar” a López, según informó su esposa Lilian Tintori.

El escenario y las circunstancias no podían ser mejores para la nueva estrategia: la de señalar con nombre y apellido a quienes estarían detrás del presunto golpe de Estado. Así. El  heredero político de Hugo Chávez, quien  ha jalonado sus dos años de gestión con reiteradas revelaciones sobre planes desestabilizadores golpistas e intentos de magnicidio, da una nueva lectura al inocultable  telón de fondo de la realidad venezolana: inflación que roza 70% anual, devaluaciones encubiertas, penuria de bienes básicos y desplome de su popularidad hasta 20%.

En un gobierno sin límites, aislado políticamente de medio mundo y asfixiado por la crisis económica, la “Salida” - irónicamente el nombre del movimiento de resistencia ciudadana que lideró el encarcelado Leopoldo López- para el chavismo es política.  Llamar a la defensa de la democracia y la Patria ante los conspiradores apoyados por el eje “Madrid-Bogotá-Miami”, tal y como lo denunció el mandatario “madura” el sentimiento nacionalista y momentáneamente desvía la atención de los reales problemas sociales.

Y es por eso que ahora el gobierno chavista enfila todas sus baterías contra la oposición. Y con el sorpresivo arresto del alcalde Ledezma pasa de la retórica a la acción. ¿Será Machado la próxima? ¿En el plan de los supuestos “conspiretas” también está el icónico gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles?.

Aupados bajo la Mesa de Unidad y liderados por el propio Capriles, la oposición venezolana exige al gobierno respuestas y pide a la comunidad internacional presionar para conseguirlas.

"¿Maduro cree que poniéndonos presos a todos va recuperar 50 puntos de popularidad o va a ganar elecciones?", dijo Capriles el viernes, al tiempo que le exigió presentar pruebas de la supuesta conspiración.

No descartó que las detenciones continúen, pero advirtió que “no puede meter a 30 millones de venezolanos presos. 80% puede derrotar al 20% aunque ese 20% tenga tanques de guerra”.

Capriles rechazó las denuncias de un supuesto complot para sacar del poder al chavismo, al igual que lo hicieron los gobiernos de Estados Unidos y Colombia y fue enfático en señalar que “queremos que el gobierno se caiga democráticamente. Los demócratas no tumbamos gobiernos, cambiamos gobiernos”.

La preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela es creciente y evidente. Sacó de su letargo a organizaciones como Unasur, OEA y hasta el Mercosur, quienes anunciaron visitas a Caracas para evaluar la situación y plantear vías que  solución que preserven la “institucionalidad democrática” y el respeto a los derechos humanos.

El presidente Maduro insiste en que es víctima de intentonas de  golpe de Estado, muchos de sus detractores señalan que lo que se vive es todo lo contrario, un golpe desde el Estado. Y sustentan esa teoría en que el alcalde Ledezma es un gobernante electo legítimamente y que tras ser reiterativamente descalificado sin la rigurosidad de la denuncia por el gobierno, fue privado de su libertad sin orden judicial, a la fuerza y ahora sindicado, sin pruebas,  de golpista.

Por lo pronto, la tensión está en su punto más alto  y el futuro venezolano es más que incierto. ¿Está en riesgo de un corto circuito?/CMB