A medida que la crisis política, económica, social e institucional se agrava en Venezuela, las alarmas en los departamentos fronterizos colombianos van creciendo en intensidad. La cantidad de ciudadanos del vecino país que ha llegado en los últimos meses a ciudades como Cúcuta, Bucaramanga y muchos municipios cercanos a la zona limítrofe es muy alta, lo que ha generado distintas problemáticas que ya varios gobernadores y alcaldes se han encargado de denunciar hasta las más altas esferas del Gobierno nacional. Problemáticas que tienen que ver no sólo con la alta informalidad en materia migratoria, por tratarse de una población flotante que no tiene regularizada su estadía en nuestro país, sino que ya se extendió a temas como una mayor inseguridad, alta demanda del poco volumen de empleo en la zona, capacidad de servicios públicos a punto de colapsar en varias localidades, mayor volumen de contrabando de víveres y medicinas, prostitución, mendicidad, explosión de vendedores ambulantes, mercado negro de dólares y otros flagelos más que, incluso existiendo desde hace tiempo, ahora comportan dimensiones sin antecedentes y muy difíciles de manejar.

Aunque desde hace varios meses las autoridades colombianas en la frontera han implementado medidas de distinto tipo para tratar de hacer frente a esta situación, lo cierto es que el flujo de venezolanos y de compatriotas que regresan a Colombia ha rebasado todos los planes de contingencia.

La última decisión fue la creación de la llamada Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que entró en vigencia este mes y que establece que los venezolanos que viven en zona de frontera y que cruzan frecuentemente a nuestro país por tierra tienen que presentar el pre-registro de la misma. Si no tienen dicho documento o su pasaporte vigente, no podrán ingresar. Ahora bien, dicha tarjeta solo sirve para hacer el tránsito a través de los Puestos de Control Migratorio autorizados por Migración Colombia y hasta determinados puntos cercanos a la frontera. Si el nacional venezolano quiere ir al interior del país u otros departamentos deberá ingresar con pasaporte vigente debidamente sellado. Para muchos habitantes de la zona limítrofe este mecanismo ha resultado bastante complicado e incluso dio lugar a que inescrupulosos empezarán a estafar a  incautos que tenían afán de cumplir dicho trámite. Además de ello, es claro que la frontera es una región que tiene múltiples trochas y caminos a campo traviesa en donde a diario decenas o incluso centenares de personas cruzan la línea limítrofe sin mayor control de las autoridades de lado y lado.

¿Está preparado el país para recibir una oleada de venezolanos en caso de que la crisis en el vecino país llegue a la peligrosa antesala de una guerra civil? Esa pregunta ya se la han planteado las autoridades de la zona de frontera y también en el Gobierno nacional. Se sabe que ya están previstos algunos planes de contingencia para activar en caso de que se presente una situación como esta. Planes que comprenden instancias de tipo migratorio excepcional, humanitario y de asistencia, pero poco se ha dicho de estrategias para amortiguar a corto y mediano plazos los efectos de tipo económico, social, laboral, de servicios públicos, comercio y en otros sectores…

En el Congreso también hay muchas voces que consideran que es urgente tomar medidas para enfrentar esta circunstancia migratoria, no sólo de venezolanos que huyen de las adversidades y el clima explosivo en ese país, sino también de miles y miles de colombianos que llevaban años viviendo allá, pero que ante el agravamiento de la crisis decidieron regresar a su patria natal. Incluso hay dirigentes que han pedido que se active una especie de “plan retorno” para nuestros compatriotas, tal como se hiciera años atrás cuando la crisis económica en España y la drasticidad de las nuevas normas migratorias, dejó a muchos colombianos en el limbo y en riesgo de deportación masiva.

La preocupación ha llegado al punto de que hay instancias locales en la frontera con Venezuela que consideran que el gobierno Santos debería pedir asesoría de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para configurar un plan más eficiente en caso de que se presente una ola masiva de migración desde el vecino país.

A su turno, varios gobernadores y alcaldes han pedido a la Casa de Nariño que considere la posibilidad de declarar un estado de emergencia social, económica y ambiental en la zona de frontera, pero no pocos analistas han advertido que esta clase de medidas excepcionales y de rango temporal no aportan una solución eficiente y permanente. Incluso recuerdan que cuando, en 2015, el gobierno Maduro cerró intempestivamente la frontera, se acudió a la misma figura pero sin mayores resultados positivos para enfrentar el impacto por el bloqueo limítrofe, la deportación de más de 2.000 colombianos y el regreso temeroso de otros 13.000 ante el temor de ser expulsados o, incluso, sus casas marcadas y derrumbadas por la Guardia Bolivariana.

Como se ve, es claro que el Estado colombiano tiene que proyectar un plan de contingencia lo suficientemente efectivo en prevención de una oleada de miles o decenas de miles de venezolanos tratando de ingresar al país si se complica la crisis en la vecina nación, que ya de por sí se encuentra al borde de un estallido por la peligrosa polarización entre chavistas y oposición. Un plan que debe ir más allá de las etapas de asistencia humanitaria y migratoria. Un plan integral, financiable y, sobre todo, efectivo. Ese es el reto.