A pesar de que el Concejo Municipal de Valledupar le dio su aprobación al proyecto por medio del cual se faculta al alcalde Fredys Socarrás para celebrar un acuerdo de reestructuración de pasivos de la ciudad en el marco de la Ley 550 de 1999, ahora surgen los primeros cuestionamientos cuando ni siquiera ha comenzado la aplicación de la norma.

Hace unos meses, el Ministerio de Hacienda aprobó el ingreso de Valledupar a la Ley 550, lo que le permitirá hacer acuerdos de pagos con sus acreedores para atender las deudas superiores a los 200.000 millones de pesos, que en lo corrido del año ha producido cerca de seis mil embargos a cuentas  del municipio.

En ese sentido, el alcalde Socarrás fue el promotor de que la ciudad lograra ser aceptada por el Ministerio de Hacienda en esta norma. Al respecto dijo hace algunas semanas que “es una noticia saludable para Valledupar porque pone en organización y estabilidad las finanzas, para que un gobierno serio pueda tener sostenibilidad. Ahora podremos tener inversiones y el acompañamiento del Ministerio de Hacienda”.

En ese sentido, el Mandatario municipal explicó que Valledupar tendrá ocho años para pagar la deuda que hoy le agobia.

Sin embargo, cuando aún faltan algunos detalles para que la ciudad entre a gestionar la estructuración de los acuerdos de pasivos con los acreedores, el presidente del Concejo de Valledupar, Carlos Andrés Cotes, del Partido Conservador, recordó que “un Municipio que está en Ley 550 el Alcalde debe reportar todos los gastos. Sólo el año pasado él y su administración se gastaron 550 millones de pesos y en contratos de prestación de servicio casi 5.100 millones de pesos. Uno piensa que el Alcalde debe viajar para gestionar recursos, pero nosotros estamos a tiempo para exigir resultado”.

Además, el concejal Cotes dijo que a la administración municipal le ha faltado ejecución, “pasado un año y 7 meses de gobierno no sabemos qué ha pasado con el plan de desarrollo y su cumplimiento”.