Al tiempo que, Por segunda ocasión no se pudo realizar la audiencia de acusación en contra de 12 de los implicados en el descalabro de la intervenida firma comisionista Interbolsa, fracasó la asamblea de inversionistas del Fondo Premium porque no se cumplió con el quórum del 75% para votar si aprobaban o no la oferta hecha por los intervenidos.

De una parte, la diligencia judicial fue aplazada porque otro juez de la República no ha resuelto la nulidad de la conexidad de los procesos contra todos los involucrados.

Uno de los abogados de las víctimas, Juan Andrés Sampedro, aseguró que sólo hasta el próximo mes se definirá si los presuntos “cerebros” del multimillonario desfalco, serán o no acusados.

“Básicamente lo que sucede es que no se puede avanzar en la imputación porque no se ha resuelto la nulidad que presentaron los defensores y hasta tanto no se resuelva esa instancia antes de continuarse con el juicio”, indicó.

Dijo que “si no se sanea el proceso si no queda completamente sana la actuación, no se puede continuar con el proceso, porque eso perjudicaría a las víctimas y a sus defendidos... Seguir adelante es perder lo que se ha hecho”.

Entre los imputados se encuentra Rodrigo Jaramillo expresidente de Interbolsa, Javier Tomás Villadiego exrepresentante y Alessandro Corridori principal accionista de la intervenida firma entre otros, quienes están siendo procesados por los delitos de manipulación de especies, administración desleal y fraude procesal entre otros, por su presunta responsabilidad en el descalabro de esa entidad financiera.

Por otro lado, la falta de quórum significó automáticamente que la propuesta de los intervenidos, de entregar cerca de 80 mil millones de pesos en bienes a las víctimas, fuera definitivamente rechazada.

Era necesario que un 75% de inversionistas participara de la votación, pero la asistencia fue del 60%. Sin embargo, se hizo un sondeo para evaluar qué posición tenían las víctimas y el 99% dijo no a la propuesta de los intervenidos.

“Los inversionistas no están dispuestos a aceptar las propuestas que se les llevaron y en ese orden de ideas hay un mensaje claro que lo que continúa es la liquidación judicial, que significa el remate de todos los bienes embargados”, afirmó el interventor del Fondo, Alejandro Revollo. 

La suma total de los dineros que reclaman las víctimas es de $320.000’.000.000, y de acuerdo con el interventor, con el remate de los bienes embargados se recaudaría un monto superior a la oferta de los intervenidos.

Con el fin de la intervención, Ortiz, Jaramillo y Maldonado no tienen posibilidad de ser beneficiados con el principio de oportunidad en el proceso penal que adelanta la Fiscalía.

Para las víctimas, más allá de reclamar los dineros que perdieron, exigen que los culpables paguen penalmente el daño. “Nos robaron nuestra tranquilidad, nuestro futuro y nuestra pensión, ahorros de toda la vida. Son unos ladrones de cuello blanco”, manifestó una de las inversionistas afectadas.