Ante la petición del fiscal Néstor Humberto Martínez, que pidió que se derogara la Ley 1786 de excarcelación, los legisladores expresaron que lo que se tiene que hacer es una verdadera reforma a la política criminal.

Durante un consejo de seguridad en Medellín, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que solo en Medellín han quedado en libertad 1.200 delincuentes y hay 360 más que están esperando una decisión al respecto.

Explicó que con la Ley 1786 quienes recuperan su libertad son un peligro para la sociedad, especialmente hombres relacionados con delitos sexuales que podrían seguir incurriendo en las mismas acciones.

El Fiscal anunció también que a Antioquia llegaron 20 nuevos fiscales, entre los que habrá siete para Medellín y cinco para Turbo, que tendrán como objetivo hacerle frente a delitos como el homicidio y el hurto; advirtió que se multiplicarán por diez las acciones contra las ollas de vicio. 

Consultados varios legisladores, entre ellos el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, recalcó, “nosotros compartimos la sincera preocupación del señor Fiscal frente a lo que podría ser una excarcelación masiva que vendría no aliviar una situación, sino a empeorar otra, en este caso una de las situaciones urbanas de orden público que pueden incrementarse la ocurrencia de delitos por cuenta de estas personas que aún no están en el nivel adecuado de resocialización, y estarían en circulación en la calle”.

Señaló por ejemplo, “Barranquilla presenta unas tasas de ocupación carcelaria, y una superpoblación, en ese orden de ideas uno pensaría que en el tema de microtráfico y Bacrim que no está controlado, sale una gran cantidad de gente, que con esos antecedentes judiciales va a seguir, pues el remedio resultará peor que la enfermedad”.

La senadora Claudia López, de la de la Alianza Verde, dijo que no entiende por qué ahora piden que se derogue, si fue la misma Fiscalía la que propuso que se aprobara, “la Fiscalía y el Ministerio de Justicia son los ponentes aquí en el Senado”.

Hernán Andrade, del Partido Conservador, afirmó que lo que se debe hacer es unificar criterios, “no podemos estar al vaivén, el proyecto tuvo su razón de ser, yo no me atrevo a decir que respaldo la petición, yo voté el proyecto, lo que pasa es que la libertad es sagrada, alguien que esté cuatro años sin que le solucionen, tiene derecho que le resuelvan su situación. Pero me parece que hay que darle estudio en la Comisión Primera”.

Alfredo Rangel, del Centro Democrático, dijo, “creo que el Gobierno se excedió en el alcance de esa ley porque muchos responsables o vinculados en juicios por delitos graves, finalmente salieron excarcelados y eso representa un peligro para la seguridad”.

La senadora Viviane Morales, del Partido Liberal, además exfiscal, aseguró, “en el debate sobre esa ley, cuando postergó un año más su vigencia, es decir se amplió un año más para darle tiempo a la justicia, yo dije que nuestro sistema judicial, no estaba en capacidad de responder en un año a todos los procesos que llevan, y sin embargo irresponsablemente el ministro de  Justicia de esa época y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo insistieron en que se prorrogara esa ley”.

El senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador, consideró, “antes de derogar la ley sobre excarcelación, el señor Fiscal, que conoce la materia suficientemente, debe proponer una revisión casi que total del sistema penal acusatorio, es urgente con la finalidad de adecuar un sistema penal que garantice la seguridad de la sociedad”.

Hernán Penagos, del Partido de La U, informó, “en las circunstancias actuales, y dado que en el plazo que estimó la ley no se ha podido resolver la situación jurídica de muchos que hoy están privados de la libertad, se hace necesario derogarla, si no de lo contrario van a salir de la cárcel y eso es una forma de impunidad”.