Varios medios radiales señalaron que el Fiscal Néstor Humberto Martínez se reunió con varios integrantes del secretariado de las Farc, tras una petición de varios integrantes de la cúpula de esa guerrilla para reunirse con el jefe del ente acusador. 

Según fuentes de la Fiscalía, la reunión se produjo este 27 de mayo con algunos miembros del secretario de las Farc, quienes le propusieron crear una Unidad de Investigación Autónoma al interior de la Fiscalía para luchar contra los reductos del paramilitarismo. 

En el encuentro también se tocaron temas como los delitos continuados, la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la entrega de los bienes por parte de esta guerrilla. 

Aunque no se tienen mayores detalles de la reunión, se pudo establecer que tanto el jefe del ente acusador como los miembros del secretariado de las Farc se mostraron dispuestos a seguir resolviendo las dudas que se generen en torno a los acuerdos de paz.

Este encuentro se presentó ante varias declaraciones hechas al interior de la Fiscalía que no tiene tan contento al secretariado de las Farc, y por eso consideran que lo dicho por Martínez  puede ser zancadilla al proceso de paz.

Temas como la entrega de bienes y lo que llamaron delitos continuados, secuestro y enriquecimiento ilícito, ubicaron en orillas diferentes a las Farc y sin querer, al fiscal Néstor Humberto Martínez. Si las Farc no reportan las propiedades adquiridas gracias a las actividades ilegales y siguen sin dar respuesta por personas, al parecer secuestradas, la posición de la Fiscalía es que los guerrilleros serán investigados.

En las Farc la idea de resultar investigados y en la Fiscalía la posibilidad de perder autonomía en la Unidad que se diseñó en los acuerdos de paz, serán temas de discusión del encuentro entre Fiscal y delegados de la guerrilla.

Con fecha y lugar definidos, se conoció que el objetivo de la reunión era compartir dudas y solucionar inquietudes de lado y lado.

Las Farc esperaban conocer de voz del jefe de la Fiscalía cuál es el papel de la justicia ordinaria una vez arranque la jurisdicción especial para la paz y Martínez entender el malestar de la guerrilla y porque insisten en atravesarse en la autonomía de la Fiscalía a la hora de investigar los delitos que cometieron y mantienen aún después de la firma de paz.

Reservas del Fiscal

En algunas declaraciones el Fiscal ha dicho repetidamente que su pedido a las Farc de registrar los bienes no era nada diferente a lo que estaba acordado en La Habana.

“La Jurisdicción Especial para la Paz solo conocerá de los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del acuerdo final. Esto significa que con posterioridad a dicha vigencia se recupera la competencia plena de la justicia ordinaria y por lo tanto de la Fiscalía”, puntualizó Martínez.

En una intervención ante la Corte Constitucional, el Fiscal aseguró que cualquier ataque que cometa la guerrilla después de la firma de la paz, sería un ataque contra lo pactado.

Igualmente hace unas semanas Martínez pidió que se reanudaran las fumigaciones contra los cultivos de coca, un tema de importancia en la guerrilla.

El Fiscal también ha declarado en diversas oportunidades que la Fiscalía tendrá mano dura contra los guerrilleros que no cumplan con lo pactado.

Martínez señaló que el ente acusador entregará oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que “permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado”.

“La Fiscalía ha dispuesto lo pertinente para actuar en el territorio como guardián jurídico de los compromisos adquiridos y judicializará con todo rigor cualquier conducta penal que escape a la palabra empeñada por las partes (Gobierno y Farc)”, dijo.

En relación con los bienes obtenidos ilícitamente por las Farc durante el conflicto, el grupo guerrillero debe informar sobre la existencia de los mismos antes de la entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz, puesto que ese patrimonio todavía no ha sido declarado y esto constituiría un delito de ejecución continuada, específicamente el de lavado de activos. De no hacerlo, los miembros de la gerrilla podrían ser judicializados en la justicia ordinaria por el delito de lavado de activos. Martínez advirtió que una vez estos bienes sean identificados serán objeto de extinción de dominio.