El fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira manifestó que se declara “francamente aterrado” por los beneficios que se les otorgaría. Minjusticia dice que se pretende  contribuir al proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos.

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Un duro cuestionamiento hizo el fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, al proyecto que presentó el Ministro de Justicia para reducir las penas a los pequeños cultivadores de coca, marihuana y otros cultivos ilícitos, y señaló que esta iniciativa es inconveniente. 
Martínez Neira manifestó que el ente investigador se declara “francamente aterrado” por los beneficios que se les otorgaría a estas personas.

El fiscal Martínez la calificó como un retroceso en la lucha antinarcóticos y aseguró que no es un tratamiento penal diferenciado sino "arrodillado".

Martínez Neira, quien inauguró la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, expresó que en medio del boom de los narco-cultivos en Colombia “no es posible debilitar la política antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta de un 80% para quienes siembren cultivos ilícitos. No importa, siquiera, que sean cultivadores industriales. No se trata de pequeños cultivadores. Esto, de alguna manera, se fragmenta en los cultivos y pueden beneficiarse con algunas normas aquellos que no tendrían derecho a una política antinarcóticos y criminal adecuada”.

El proyecto de ley busca reducir el impacto penal sobre los eslabones más débiles en la cadena del narcotráfico.

Mal mensaje

Además, el jefe del ente investigador señaló que se trata de un “muy mal mensaje en el momento que estamos viviendo. Se llega al extremo, inclusive, de por primera vez, plantear la legalización de cultivos ilícitos hasta en 18 metros cuadrados. Esta podría ser una puerta para los cultivadores industriales a partir del ‘pitufeo’ puedan ampararse de la acción judicial del Estado”.

El Fiscal General dijo que el miércoles envió una carta al Ministerio de Justicia exponiéndole los reparos a este proyecto y al ministro del Posconflicto, quien también, según él, se declaró atónito del alcance de este proyecto.

Posición gubernamental

Al intervenir en el conversatorio ‘Por la Integridad y la Transparencia del Poder Judicial’, el Presidente Santos se refirió al proyecto de ley que, por una sola vez, busca darles un tratamiento penal diferenciado a más de 100 mil pequeños cultivadores de hoja de coca.

El Presidente Juan Manuel Santos pidió darle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país.

En este sentido, el Jefe de Estado se refirió al proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República y que busca darles un tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de coca.

Al respecto precisó que dicha iniciativa solo beneficia por una sola vez a los pequeños campesinos que declaren que erradicarán el cultivo, para lo cual tienen un plazo de 45 días. Además dispondrán de un año para acogerse a los programas de sustitución de cultivos ilícitos.

Señaló que, según el proyecto, los beneficios no se aplicarán retroactivamente y que los campesinos deben comprometerse a no reincidir porque, de lo contrario, perderían los beneficios.

Entre tanto el ministro Enrique Gil Botero anotó que con el fin de contribuir al proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del Acuerdo Final de Paz con las Farc, el Gobierno nacional ha venido trabajando desde 2016 en la formulación de un proyecto de ley cuyo objeto es generar mecanismos sociales y administrativos para enfrentar dicha problemática.

Reconoce un tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores, el cual busca contribuir a la transformación económica  y social de los territorios afectados por cultivos ilícitos e intensificar la lucha contra los actores u organizaciones dedicados al narcotráfico y al lavado de activos.

En este contexto, el Ministerio de Justicia radicó ante el Congreso una iniciativa que ofrece tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores, la cual se sustenta en la renuncia especial a la acción penal y la sanción penal incorporada en el Acuerdo de Paz.

“Se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las conductas previstas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000. Está previsto que se beneficien unas 100.000 familias”, manifestó el Ministro de Justicia Gil Botero, quien explicó que la iniciativa, por ser un desarrollo del Acuerdo Final de La Habana, se tramitaría vía fast track.

El alto funcionario añadió que este proyecto hace una diferenciación cualitativa y cuantitativa en la medida en que busca perseguir a las organizaciones criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los pequeños cultivadores. “No queremos que se sancione el eslabón más débil de la gran empresa del narcotráfico”, puntualizó.  

Beneficios

Para poder acceder a dicho beneficio, el proyecto de ley propone a estos pequeños cultivadores vincularse al Programa Nacional de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas.

Dicha iniciativa fue socializada y concertada con el Consejo Superior de Política Criminal, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Antinarcóticos y la Alta Consejería para el Posconflicto. 

El Ministro detalló que la idea es proponerles una alternativa a estos campesinos a cambio de que renuncien a los cultivos ilícitos y se acojan a programas de sustitución voluntaria. Si cumplen con ello, ya no estarían en la mira de las autoridades y recibirían un tratamiento penal diferencial. De esta manera, explicó Gil, se beneficiaría a cerca de 100 mil familias inmersas en cultivos ilícitos. Este proyecto recoge lo acordado en el punto cuatro de La Habana, para solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito. En Cuba se conoció como los delitos de hambre, y pretende aliviar la situación jurídica de quienes se metieron en cultivos ilícitos por falta de oportunidades.

“Los pequeños cultivadores deben manifestar su intención de terminar con esta actividad ilegal y acogerse a programas de sustitución. Para ello tienen dos meses en los que se verificará su no reincidencia para proceder a la extinción de la acción penal. Tienen un año para acogerse a los programas y firmar compromisos. Y, para acabar con los cultivos tendrán un plazo de 45 días”, manifestó el Ministro.

El Ministerio de Agricultura espera que semanalmente 5.000 familias se sometan a sustitución de cultivos ilícitos Por su lado el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, declaró que espera que al menos unas 5.000 familias colombianas se sometan al programa de sustitución de cultivos ilícitos semanalmente con el fin de reducir el aumento de la siembra de hectáreas de hoja de coca.

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