Una ley sobre el derecho al retorno de cerca de 600 mil refugiados colombianos fue una de la revindicaciones presentadas esta tarde en Ginebra por el Foro Internacional de Víctimas del conflicto interno en ese país ante el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El mandato de ACNUR permite que esas reivindicaciones sean remitidas a los negociadores del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana.

"Hay que reforzar la legislación que no reconoce la situación de la migración, y crear una ley sobre el derecho al retorno. Somos 6 millones de colombianos que fuimos obligados a dejar el país", declaró el abogado colombiano Miguel Puerto, miembro de la delegación que entregó el miércoles al ACNUR 598 testimonios de víctimas.

Los testimonios fueron recogidos en 17 ciudades de 15 países en Europa y América el pasado 13 de septiembre, para ser enviados a las discusiones de paz en Cuba.

Los testimonios son relatos de víctimas, sin distinción de victimario, que sufrieron la violencia ya sea de la fuerza pública, de los paramilitares o de la guerrilla.

Ese es el caso de Elizabeth Restrepo, quien contó en Ginebra que tuvo "que salir con la tristeza a cuestas", tras denunciar el asesinato de su hermano por paramilitares, los cuales la amenazaron para que retirara la denuncia. La mujer, que debió salir huyendo, hoy integra el Foro de Víctimas en Noruega.

"El desplazamiento forzado transfronterizo ha sido masivo y sistemático, un crimen de lesa humanidad", denunció Ivan Forero Robayo, un exilado colombiano en España, integrante de la delegación que concurrió a la reunión con el ACNUR.

"Es la demostración de que hubo políticas que utilizaron el exilio como una forma para eliminar a la oposición política y social", dijo, señalando la "responsabilidad del Estado" y reclamando "un retorno con seguridad y dignidad".

"Se necesita un plan de retorno acordado con el exilio, debe ser un tema que se discuta como parte de las negociaciones de paz", recalcó José Gamboa, exilado colombiano en Suecia, mientras que Hernán Motta Motta, refugiado en Ginebra, reclamó "el derecho a la verdad en cada caso particular".

Tiempo "para que sepamos todos quienes han sido los causantes de la catástrofe y por qué intereses", afirmó.

"Debemos ser reconocidos como interlocutores validos para los acuerdos de paz", reclamó el veterinario colombiano Dilberto Trujillo. "Somos población activa en el extranjero" y "exigimos un cese el fuego bilateral entre el gobierno y las FARC, que se inicien negociaciones con el ELN, además de verdad y reparación para todas las víctimas", subrayó.

La delegación solicitó por escrito a los negociadores en Cuba que "se conforme una Comisión Histórica del Exilio Colombiano con asignación presupuestaria para la construcción de una memoria colectiva del exilio diferenciada, que cuantifique las dimensiones de esta realidad, promoviendo la construcción de un relato histórico que revele la verdad de las víctimas exiliadas, dando cuenta de las causas, los efectos y las responsabilidades correspondientes".

Exhortó asimismo revisar la Ley de Víctimas de 2011 y "ajustarla al Derecho Internacional, sin detrimento de los derechos de las personas que requieren protección internacional y de la aplicación del derecho al Asilo y Refugio", para que no "signifique un retroceso respecto a la definición ampliada de víctimas que sostiene la Declaración de Cartagena de 1984".

La delegación concluyó reafirmando que los despojados exiliados deben ejercer "su derecho a disponer y disfrutar de su tierra y bienes a voluntad".