Un tribunal de Guatemala inició este martes una audiencia para decidir si abre juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt, de 86 años, en lo que sería el primer proceso en el país por el genocidio perpetrado contra comunidades indígenas durante la guerra civil (1960-1996).

El general Ríos Montt, quien gobernó de facto y con mano de hierro entre marzo de 1982 y agosto de 1983, acudió a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en la capital, a cargo del juez primero B de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez.

En arresto domiciliario desde hace un año, Ríos Montt es responsabilizado por la matanza de unos 1.770 indígenas ixiles ocurrida en el departamento de Quiché (norte) entre 1982 y 1983.

"Lo que diga o lo que deje de decir va en contra mía", se limitó a afirmar el exdictador al llegar a la sede del tribunal acompañado por su hija y ex diputada Zury Ríos.

Por los mismos hechos están acusados los generales y exmiembros de la cúpula militar José Rodríguez, quien fue llevado en silla de ruedas, y el general Héctor López, ausente en la audiencia.

El juez ha ordenado exámenes médicos a López para verificar el argumento de la defensa de que su cliente no puede enfrentar un juicio por haber sufrido un derrame cerebral en diciembre, tras lo cual se decidirá si continúa el proceso o se le declara incapaz para afrontarlo.

La Fiscalía acusa al general Rodríguez de ser el creador y ejecutor de los planes contrainsurgentes implementados en las comunidades del pueblo maya Ixil, donde fueron arrasadas y masacradas varias aldeas.

El fiscal Orlando Rodríguez presentó un informe de 53 páginas en que detalla las funciones del jefe de gobierno y de los miembros de la cúpula militar, así como los planes contrainsurgentes que se aplicaron durante los casi 17 meses que duró el gobierno de facto de Ríos Montt.

"Ellos (los acusados) ordenaron las operaciones en el área Ixil", aseguró el fiscal durante la audiencia.

Si el juez ordena el juicio, los generales retirados serían los primeros en enfrentar responsabilidades por el genocidio cometido durante la guerra civil guatemalteca, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.

La pequeña sala donde se realiza la audiencia fue abarrotada por unas 100 personas, entre detractores y amigos de Ríos Montt.

Mientras el fiscal exponía la acusación, el exdictador tomaba notas en hojas de papel y por momentos evidenciaba su impaciencia golpeando el piso con los pies.

En tanto, en las afueras de la Corte, varios miembros de organizaciones humanitarias y familiares de las víctimas portaban globos blancos con los nombres de sus parientes muertos o desaparecidos.

La defensa de los militares había logrado bloquear el proceso, al interponer más de un centenar de recursos legales que fueron conocidos por salas de apelaciones del ramo penal, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, pero todos fueron rechazados.

El proceso se agilizó el lunes luego que el juez declaró sin lugar varios reclamos de la defensa de los acusados, incluido uno que buscaba desligar a Gálvez como encargado del caso.

Los generales Rodríguez y López fueron arrestados en 2011, y están recluidos actualmente en el hospital militar de Guatemala por alegados padecimientos de salud.

Después de la acusación del Ministerio Público, tendrá la palabra la defensa de los militares, tras lo cual el juez deberá resolver si abre o no juicio contra Ríos Montt y Rodríguez.

Sin embargo, debido a la complejidad del caso y la cantidad de pruebas, la decisión podría posponerse para los próximos días.