La iniciativa, que en su accidentado trámite ha sufrido tantos y polémicos cambios y no esconde una especie de ánimo revanchista contra las Cortes, llega esta semana a cuarto debate, pero cada vez son más las voces que piden abortarla.

Un Frankenstein. En eso terminó el convertido el proyecto de Reforma a la Justicia que la próxima semana llega a cuarto debate en medio de una lluvia de críticas y alertas tempranas por sus peligrosas implicaciones para el funcionamiento, no solo de esa Rama sino de la misma estructura estatal y, sobre todo, del equilibrio de poderes entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Si cuando el Gobierno, en agosto pasado, puso sobre la mesa el proyecto, dejando en claro que no logró un consenso con las Cortes judiciales, pese a un año de consultas y estudio, fueron muchas las reservas que se señalaron sobre sus alcances, a medida que ésta ha ido avanzando en el Congreso las críticas se han multiplicado.

Es claro que los pasos del proyecto por la Comisión I de Senado, luego en la plenaria de la corporación y después en la Comisión I de la Cámara, lejos de perfilar una iniciativa de reforma coherente e integral, con un norte definido, ha terminado en todo un berenjenal en donde en cada instancia el articulado ha sufrido fuertes y profundas deformaciones, muchas de las cuales van en contra de lo aprobado en el debate anterior. Y todo ello, pese a que el presidente Santos ha liderado, desde la Mesa de Unidad Nacional, los acuerdos entre liberales, conservadores, La U, Cambio Radical y Partido Verde, para sacarlo avante.

Incluso no es exagerado señalar que fue uno el proyecto que radicó originalmente el entonces ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras y otro muy distinto el que salió aprobado en la Comisión I del Senado. E igual pasó con el que recibió la ‘bendición’ de la plenaria. Y lo más grave vino cuando la iniciativa llegó a la Comisión I de la Cámara, en donde le hicieron tantos cambios de forma y fondo, que en el propio Senado se empezaron a escuchar voces que alertaban sobre una “contrarreforma” y un “despedazamiento” de la iniciativa.

Los puntos más complicados continúan siendo el retiro de las facultades nominadoras y electorales a las Cortes, dejando en manos de Senado y Cámara, así como del Presidente de la República, la postulación o escogencia de los titulares de la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Registraduría.

Aunque el Gobierno insiste es que es sano quitarles estas facultades a las Cortes para evitar su politización, los críticos advierten que al dejar en manos del Ejecutivo y el Legislativo la escogencia de los jefes de entes de control, se está atentando contra la autonomía de las labores de fiscalización y clientelizando su función.

Otro de los puntos más complicados es el relativo a la facultad de la Corte Suprema de Justicia para investigar, juzgar y condenar a los congresistas. En medio de fuertes críticas al Congreso sobre un “ánimo revanchista” contra ese tribunal, se han proyectado varias modificaciones para quitarle a la Sala Penal esta prerrogativa de procesar a los altos funcionarios aforados.

Es más, en la ponencia para cuarto debate la próxima semana (la última de la legislatura) en la plenaria de la Cámara se le quita la competencia a la Corte de juzgar en primera instancia a los parlamentarios. Se propone, en cambio, que la primera instancia será realizada por un tribunal especial, conformado por seis magistrados elegidos entre otros por el presidente de la República y el Congreso. Según el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, esta fórmula garantiza la autonomía en el juzgamiento de los aforados.

Paralelo a esto se encuentra lo relativo a puntos en que el Gobierno inicialmente dijo que eran fijos pero luego fue aflojando en el trámite parlamentario. Las eliminaciones del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara quedaron sin ser validadas e, incluso, en el Congreso han tratado hasta de fortalecer ambas instancias o de aplicar cambios de poco alcance o contrarios a la lógica institucional de la especialización funcional.

Otro de los temas que generan más ampolla se refiere al de permitir que notarios y otros particulares puedan ejercer funciones judiciales en pleitos menores. Las Cortes advierten que se rompe allí la autonomía de la Rama, no sólo porque deja en manos de privados la administración de justicia, sino porque el Ejecutivo es quien nombra, mediante concurso, a los notarios. De esta forma, se rompe el equilibrio entre las Ramas del Poder público.

Y por último, pero no menos importante, está el artículo de fortalecer el fuero militar, que, palabras más, palabras menos, apunta a fortalecer la jurisdicción penal castrense, de forma tal que quede más claro que le corresponde a esta asumir de manera primaria y preferencial los procesos contra uniformados cuando se trate de delitos cometidos en servicio o en relación con el mismo.

¿Hundirla o no?

La deformación de la iniciativa ha llegado a tal punto, que hasta el propio Jefe de Estado admite que no le gusta mucho lo que se ha ido aprobando, pero que aún así lo mejor es apostar por sacarla avante en estos primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre, y dejar para en los cuatro restantes (son ocho por cuanto se tata de una reforma constitucional) enderezar los artículos que hoy levantan ampolla y un alud de críticas.

Sin embargo, en el Congreso se advierte que es tal la inconveniencia de la reforma que está avanzando, que lo mejor es no arriesgarse y lo más sano es optar por forzar ya su hundimiento, porque después ya podría ser muy tarde.

Hasta el presidente del Senado Juan Manuel Corzo advirtió que si algunas de las proposiciones aprobadas en el tercer debate del proyecto de Reforma a la Justicia y que han sido objeto de controversia por los presidentes de las Cortes, no son corregidas, es mejor pensar en el archivo.

“Si no se arreglan esos problemas y sigue como se desbarató en la Cámara la reforma, prefiero que se hunda”, aseguró. Agregó que “muchos parlamentarios creyeron que eso era una fiesta y no, la Constitución debe ser tratada con el mayor cuidado porque ésta es la carta sagrada de todos los colombianos”.

Sin embargo, anunció que cualquier falencia en la reforma que se encuentra en marcha será subsanada en la conciliación que ya acordó hacer con el presidente de la Cámara, el representante Simón Gaviria Muñoz.

Rebelión judicial

Lo cierto es que el Ejecutivo no da su brazo a torcer y que poco a poco se está quedando solo en su objetivo. De un lado, porque prácticamente toda la cúpula de la Rama Judicial ya le dio la espalda a la iniciativa.

Como se recordará, a finales de noviembre el primer alto tribunal en bajarse del bus, como se dice popularmente, fue el Consejo de Estado, lo cual fue doblemente grave. De un lado, porque se trataba de la primera Corte que le daba la espalda abiertamente a la iniciativa alegando que no subsanaba la crisis estructural del sistema de administración de justicia, y de otro porque fue precisamente el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo el único de la cúpula judicial en presentar un proyecto alternativo de reforma que ‘compitiera’ con el del Ejecutivo.

El presidente del Consejo, magistrado Mauricio Fajardo, fue enfático en advertir que la reforma está incompleta y no está escuchando a los sectores involucrados. Criticó, entre otros temas, las facultades judiciales que se les trata de asignar a notarios y abogados, dentro del paquete de descongestión propuesto por el Gobierno, así como la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Desde el mismo momento en que el Consejo de Estado se retiró de la discusión se sabía que las otras Cortes harían lo propio. Y así fue. A comienzos de esta semana, después de varios días advirtiendo las falencias de la iniciativa, la Suprema de Justicia también se retiró de la discusión.

"Uno expone los puntos de vista pero normalmente no se acatan, parece que estamos arando en el desierto. Y frente a lo aprobado por la Comisión Primera de la Cámara, preferimos retirarnos por varios factores, entre estos, por algunas proposiciones que fueron aprobadas a altas horas de la madrugada", expuso su presidente, magistrado Camilo Humberto Tarquino.

Agregó que la presencia en la discusión de la Corte Suprema tenía como objetivo darle "un aval al proceso de reforma a la administración de justicia" aunque reconoció que "desde el primer momento fue criticado por nosotros porque no acaba con el problema de acceso del ciudadano a la justicia. Hay mucha demanda de justicia pero poca oferta, pero siempre dijimos que no íbamos a obstaculizar ese proyecto".

Y la desbandada de la cúpula judicial no terminó ahí. A mitad de semana el propio vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura Ricardo Monroy Church anunció que la Sala Administrativa también se retiraba del debate.

 “El proyecto no aborda los retos más inminentes del sistema judicial, como las causas de la congestión, el desconocimiento reiterado de la jurisprudencia por las autoridades administrativas, la consistencia del sistema jurídico y su correlación con la protección de los derechos, el desarrollo económico y la competitividad, el acceso igualitario y universal a la administración de justicia y su cobertura descentralizada, la articulación institucional de los organismos públicos en un contexto de respeto al principio de separación de las Ramas del Poder Público y muchas otras materias ausentes del proceso precipitado de deliberación y aprobación”, explicó Monroy Church.

De esta forma, el proyecto tan solo quedaría con el respaldo, o al menos sin la negativa, de la Sala Disciplinaria del Consejo de Estado, toda vez que esta es la que sale más fortalecida en los cambios propuestos.

Es más, el viernes pasado su presidente, magistrado Angelino Lizcano, indicó que esa instancia seguirá en la discusión del proyecto: “La Sala Administrativa, que maneja los recursos y hace la administración de la Rama Judicial, tiene su origen tiene en las Cortes; dos de ellos (magistrados) los elige la Corte Suprema de Justicia, dos el Consejo de Estado y uno la Corte Constitucional. Ellos tomaron la decisión de no seguir más en el debate. Nosotros la Sala Disciplinaria continuaremos en el debate. Esto no es fácil, pero de todas maneras las funciones de ambas Salas son diferentes, porque nosotros disciplinamos a todos los funcionarios judiciales, es la de dirimir los conflictos de competencia y la de disciplinar a todos los abogados del país. Ese punto hace viable que sigamos nosotros en el debate”.

La otra Corte, la Constitucional, no puede participar directamente en las discusiones toda vez que la reforma luego irá a control de exequibilidad en ese máximo tribunal, y si alguno de sus magistrados se pronuncia al respecto, incurriría en un prejuicio, y por lo tanto se inhabilitaría para participar del análisis.

¿Entonces?

Así las cosas, la iniciativa llega esta semana a la plenaria de la Cámara. Como se dijo, prácticamente nadie está contento con su alcance y contenido, y en muchos casos se habla de una especie de contrarreforma, en donde el Ejecutivo y el Legislativo quieren recortarle poderes y jurisdicción a la Rama Judicial, rompiendo así el normal equilibrio de poderes públicos, que es sustento del ordenamiento constitucional.

Aunque el Gobierno maneja las mayorías parlamentarias a través de la coalición de Unidad Nacional, lo cierto es que no hay disciplina partidista y la reforma está desbocada y en cada instancia se le han colgado o cambiado tantos artículos que parece una “torre de Babel” judicial, una especie de ‘colcha de retazos’, incoherente, asistemática y desordenada.

No pocos analistas y voces de la academia judicial indican que confiar en que el Congreso, a motu propio, corrija el proyecto y deje atrás el tufillo de revanchismo que éste encierra contra las Cortes, sobre todo la Suprema, es muy arriesgado.

Es más, si la opción es escoger entre aprobar una reforma incoherente, inconveniente y regresiva o aplazar el cambio por más urgente que este sea, parecería que dada la peligrosidad institucional de la primera, esta segunda alternativa se impondría como la más viable, dadas las circunstancias. En otras palabras, que lo mejor sería aplicarle la eutanasia a un proyecto que, cual Frankenstein, muchos califican como adefesio institucional.