En Colombia es vista con grandes reservas la cercanía de la administración pública y política por los antecedentes de burocracia y aprovechamiento del erario que en muchos casos ha dejado esta relación. Sin embargo, no se puede olvidar que el servicio público es un hecho político como tal.

En este sentido el director del Instituto Nacional de Administración Pública INAP España, Manuel Arenilla Sáez, dijo que “no hay separación entre política y administración, y está muy bien hacerla desde el punto de vista de la garantía de los derechos y de la separación desde el punto de vista de los órganos de fiscalización, pero no existe”.

Añadió que esa función que cumple la administración pública es claramente de carácter político. “El poder que ejerce la administración sobre la ciudadanía, sobre las organizaciones, sobre el mercado, es un poder estrictamente político. No es económico, no es ideológico, no es tecnológico, es político”.

Arenilla planteó esta tesis en el marco del Encuentro Internacional de Directores de Instituciones de Educación Superior en Administración Pública (ESAP), que finaliza hoy en Bogotá.

¿Qué tipo de Estado?

Uno de los mayores problemas que hoy en día tiene la administración pública en Iberoamérica es la poca confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones, la administración pública y los funcionarios. Hay la percepción que es baja la gestión y persisten males como la corrupción.

Adicionalmente, pareciera que las instituciones tampoco confían en los ciudadanos, “por eso hay mucha resistencia a desarrollar mecanismos e instrumentos de participación ciudadana en la gestión pública. A mí me parecería una desconfianza mutua, y sobre esa base, no vamos a construir ese Estado, esa administración pública como mecanismo de cristalización del fin último del Estado: el bien social, el bien común, el bienestar en general”, indicó Gregorio Montero, secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).   

En ese sentido dijo que el Estado debe transformarse en la forma de relacionarse con la ciudadanía, en su forma de operar y concentrarse más en sus objetivos, que en suma es satisfacer las necesidades de los ciudadanos para ganar legitimidad.

Sin embargo añadió que este es un discurso que se viene manejando desde hace tiempo, “si por discurso fuera no habría un solo problema sin resolver en el mundo. Entonces ahora hay es que alinear el discurso político con la praxis política entendiendo que lo que se hace en la administración pública es política. Por eso las decisiones siempre serán políticas”.

Montero se preguntó si ¿es posible desarrollar la administración pública “si no somos capaces de reflexionar y tomar en cuenta la dimensión jurídica del Estado y de la administración pública?”.

Por su parte, Arenilla Sáez dijo que “nos preocupa mucho lo que hace hoy la administración pública” porque está haciendo énfasis en la gestión, lo que es reciente, anotó, no la misión ni la función. “Y esto se nos ha ido olvidando en el tráfico de los números, presupuesto, gasto, miles de actividades. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que en esta confusión que se ha producido muy especialmente en las tres últimas décadas, se nos haya olvidado cuál es la misión fundamental del servidor público. La misión fundamental del servidor público en un país democrático y avanzado es la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos”.  

En ese sentido dijo que la administración pública ha creído que lo esencial es lo que produce y no el objetivo principal que tiene encomendado. “Nos hemos centrado mucho en la eficacia y en la eficiencia con iguales resultados a ojos de los ciudadanos, y sin embargo no nos hemos centrado en la efectividad, en el logro real de lo que debe hacer la administración, que es mejorar de manera efectiva la calidad de vida de las personas, de las organizaciones sociales y de las empresas”.

La política en su lugar

La Directora Nacional de la ESAP, Elvia Mejía Fernández, dijo que “para conseguir que el sector público se transforme y juegue el papel que le corresponde, se necesita voluntad política, visión y consenso. No obstante, es igualmente necesario que la esfera política ocupe su lugar y no se mezcle de manera inadecuada con la administrativa, así como que el sector público y el privado se entiendan y colaboren para abordar retos comunes. Necesitamos una administración independiente, profesionalizada y sin injerencias o intereses espurios. La función pública debe estar libre de ataduras políticas para que realmente sirva a los intereses de los ciudadanos y de la sociedad, no de los partidos”.

Mejía Fernández dijo que desde este convencimiento, “proponemos un camino hacia ese cambio de modelo porque, como sociedad, nos jugamos mucho. Nada hay que influya más en el presente y en el futuro de un país que la salud de su Administración Pública y cómo la gestionan sus gobernantes. Que lo público funcione bien le interesa a los funcionarios y a los políticos, pero, sobre todo, al conjunto de los ciudadanos”.

Nueva gestión pública

La nueva administración pública no plantea un modelo de Estado sino que lo hace en función de una subordinación al mercado, no crea un modelo integrador entre los distintos niveles que hay en la sociedad, no está orientada a generar democracia de alta calidad, “olvida la función política y social de la administración pública, se centra simplemente en el emprendimiento”, dijo Manuel Arenilla.

Como consecuencia, destacó, el “éxito es que ha traído a primera línea de la agenda pública la eficiencia, y la eficiencia con valor indisoluble para los ciudadanos”.