El retorno a sus hogares de los desplazados por el conflicto armado en Colombia avanza en medio de críticas y denuncias de violencia contra los reclamantes de terrenos, tras la entrada en vigencia en 2012 de la Ley de Restitución de Tierras.
Hasta ahora, la Unidad de Restitución de Tierras -encargada de la aplicación de la ley- ha recibido más de 40.000 reclamos por despojos y emitido sentencias de restitución en 666 casos, correspondientes a 15.000 hectáreas.
Estas cifras distan de los dos millones de hectáreas que el gobierno proponía restituir hasta 2014, pero según el director de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal, representan un "buen avance" si se tiene en cuenta que las demandas no han sido tan numerosas como se pensó al principio.
"Aunque hay cientos de miles de desplazados, no todos necesitan la orden de un juez para volver a sus tierras, solo los que tienen problemas (...) Tenemos 40.000 reclamaciones y en este momento estamos tramitando el 25%. Trabajamos a buen ritmo", dijo Sabogal a la AFP.
La Unidad de Restitución de Tierras informó además que de las familias con sentencias, "alrededor de 66% han retornado a vivir o ejercen un retorno laboral en sus predios", "aproximadamente 24% está pendiente de la entrega de sus terrenos y solo 10% no ha retornado", pues hacerlo tampoco es obligatorio.
Sin embargo, la ONG Human Rights Watch (HRW) criticó esta semana en un informe que hasta junio apenas se habían dictado sentencias en 1% de las reclamaciones y "solamente una familia había regresado a vivir en su tierra" por una sentencia.
HRW advirtió además que el proceso de restitución podría provocar un aumento en la violencia y las amenazas contra los desplazados, debido a que los despojadores "prácticamente nunca tienen que rendir cuentas" ante la justicia.
"El presidente (Juan Manuel) Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en derechos humanos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El reporte registra 17 asesinatos de reclamantes desde 2008, más de 80 casos de personas que han recibido "graves amenazas" por buscar recuperar sus terrenos y 360 personas en "riesgo extraordinario" por actividades vinculadas con la restitución.
La Ley de Restitución de Tierras entró en vigencia en enero de 2012 con la intención de devolver más de dos millones de hectáreas usurpadas en los últimos 20 años en Colombia, uno de los países del mundo con más desplazados.
El programa de restitución, que forma parte de una iniciativa más amplia de reparación a las víctimas del conflicto armado de casi medio siglo, tiene unidades de investigación especiales y más de 40 jueces a su servicio.
Según Sabogal, la restitución está por ahora enfocada en 120 zonas del país donde las autoridades garantizan la seguridad.
"Donde no estén dadas las condiciones de seguridad, no hacemos restitución. Precisamente uno de los grandes desafíos de esta política es adelantar el proceso en medio del conflicto", dijo Sabogal.
HRW estimó que la violencia asociada al conflicto ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a dejar sus hogares desde 1985. Esos desplazados han abandonado "6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados y sus aliados".
10 años para restituir
Aparte de los problemas de seguridad, el senador del izquierdista Polo Democrático Jorge Robledo criticó la ley porque su "lentitud" llevaría a que "cuando venza el plazo de 10 años para su aplicación, y no se llegue a la meta de restituciones, los despojos quedarán legalizados".
"La ley se podría convertir mas bien en una ley de legalización de despojos" que favorezca a paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes, aseguró Robledo a la AFP.
Pero desde la Unidad de Restitución de Tierras son optimistas respecto a un pronto acuerdo de paz, que facilite su trabajo y el regreso de los desplazados, a raíz de las conversaciones que el gobierno adelanta en Cuba con la guerrilla de las Farc.
"Ojalá el país tenga pronto paz y podamos implementar la política en todo el país (...) para que al final de los 10 años hayamos resuelto 100% de las solicitudes", aseguró Sabogal.
El tema de la propiedad de la tierra está en el origen del conflicto armado de Colombia y es el único punto en el que hasta ahora ha habido consenso en las conversaciones de paz con las Farc.
En Colombia, 52% de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15% de la población; mientras que el resto tiene terrenos pequeños y medianos, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).