La semana pasada congresistas advirtieron que durante los últimos días han aumentado amenazas contra los líderes antirrestitución de tierras.

Se han evidenciado algunas señales que darían cuenta que la ejecución de la Ley de Víctimas, uno de los proyectos estrella de este Gobierno, no se ha dado de la forma más esperada por parte del Ejecutivo.

Organismos de control lanzaron una señal de advertencia ayer durante la realización de un debate de control político en la Comisión Primera de Senado.

Según la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo se están presentando limitantes de tipo económico que impiden hacer realidad la Ley 1448.

Durante su intervención, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, expresó que los 72.000 millones de pesos que se le debían haber asignado a la entidad para poder cumplir con el papel que se le asignó dentro de la Ley de Víctimas.

“Los recursos solicitados al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda para el año 2013, no nos fueron asignados, la ley creó para el próximo año 200 cargos de planta, más 1.300 defensores públicos que tienen una tarea de cubrir el territorio nacional, de atender las víctimas, de orientarlas y de representarlas en todas sus reclamaciones”, dijo Otálora.

Para el Defensor del Pueblo es evidente la falta de planeación presupuestal que se está dando, “por falta de planificación presupuestal no podrá ser una realidad la Ley de Víctimas. Por eso pido a los señores del Ministerio de Hacienda juego limpio con el tema presupuestal”.

Otálora agregó que el Estado ya se acostumbró  a que algunas de sus entidades vivan de la caridad pública y puso el ejemplo de la Defensoría que a menos de un mes que se acabe el año no tiene destinados dineros para la Ley de Víctimas.

Con respecto al manejo de los recursos también se refirió la contralora Sandra Morelli quien dijo que ni el Ministerio de Hacienda, ni Planeación Nacional han hecho los esfuerzos sufrientes para hacer cumplir una frase citada por el presidente Juan Manuel Santos hace algún tiempo, “habría valido la pena ser Presidente sólo por lograr que las víctimas en Colombia sean reparadas e indemnizadas”.

“El Presidente dijo que esta era la ley más importante en la historia de Colombia y este lenguaje, y este compromiso no se reproduce en los demás niveles de la administración pública, pareciera que no se ha escuchado al Presidente, que no hay una comunidad de intereses y entendemos que no es así, porque no podríamos hablar de que no hay una unidad del Presidente con su equipo de Gobierno”, expresó la Contralora durante su intervención.

Para Morelli la Ley de Víctimas fue creada por Colombia y teniendo en cuenta esa premisa le recordó a todas las entidades públicas que es un compromiso del Estado y que no pueden ser lejanas a ella, ya que de lo contrario la iniciativa no solamente se quedaría en letra muerta, sino que se convertiría en un fracaso para el Estado Social de Derecho y para cualquier proceso de paz en el país.

Sin embargo, las preocupaciones no solamente se han evidenciado en los entes de control, también se han evidenciado en el Congreso, a su turno, el senador del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo, autor de la norma, al igual que Morelli y Otálora, entregó parte de la responsabilidad de la lentitud de la aplicación de la Ley de Víctimas al Ministerio de Hacienda.

“Hay ministerios como el de Hacienda y Salud, que no se han enterado de la existencia de la Ley de Víctimas y no siguen los lineamientos y el compromiso del presidente Santos”, expresó.

 Amenazas a líderes

Las de ayer no han sido las únicas críticas que se la han hecho a esta ley, ya que durante los últimos días se han disparado las denuncias por el aumento de amenazas de reclamantes de tierras que han desaparecido en el país.

“Queremos llamar la atención sobre nuevas amenazas contra líderes de reclamantes de tierra en el norte del país donde se han presentado toques de queda e intimidaciones. Creemos que se deben agotar todos los esfuerzos por parte del gobierno, la fuerza pública y de las autoridades judiciales para proteger a dirigentes de organizaciones de víctimas y reclamantes de tierras”, fue el llamado de atención que hizo hace una semana el representante del Partido Liberal, Rodrigo Rivera.

Para el representante liberal es muy importante que el Gobierno logre proteger de manera efectiva a cada uno de los líderes de restitución, porque de lo contrario sería imposible garantizar la aplicación de la Ley de Víctimas. Rivera denunció que detrás de las amenazas están los miembros de algunas bandas criminales y algunas personas de los llamados ejércitos antirrestitución, los cuales buscan entorpecer el cumplimiento de la ley.

El representante Rivera insistió en que se deben hacer mayores esfuerzos para cumplir con el objetivo de la ley. “Hay que agotar los esfuerzos por parte del Gobierno y la Fuerza Pública para proteger a los líderes de esas organizaciones. Si no se logra ese objetivo va a ser imposible garantizar la aplicación de la Ley de Víctimas”, insistió.

Sobre el mismo tema se refirió la alianza ‘¿Y yo en qué puedo ayudar?’, la cual en el mes de octubre presentó un informe en el cual denunció el alto riesgo en el que se encuentran los promotores de la Ley de Víctimas, para ellos es un factor de preocupación es que, “las repetidas amenazas e intentos de agresión pueden interferir aún más en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”.

Según se estableció, las zonas del país más afectadas por las amenazas son: Montes de María, la zona bananera del Magdalena (municipios de El Retén, Aracataca, Fundación y Ciénaga), el norte del departamento del Valle, con epicentro en Cartago, y el norte de Antioquia y sur de Córdoba (zona del bajo Cauca).

El tema, incluso, ya llegó a manos del presidente Santos, a quien hace pocos días se le envió una carta pidiendo redoblar los esfuerzos por parte del Ejecutivo para lograr hacer realidad la ley y para que ponga mayor atención a las fuerzas que están detrás de la restitución.

Los directos afectados con la no ejecución puntual de la Ley de Víctimas han sido los colombianos, quienes a través de sus líderes han mostrado su descontento por el incumplimiento y han hecho denuncias sobre los factores que han puesto trabas al proceso.

Por ejemplo, Carmen Palencia, una de las líderes más representativas del proceso y directora de la ONG Tierra y Vida, dijo que conoce las evidencias de que presuntamente los ejércitos antirrestitución son financiados por sectores privados que se oponen a la implementación de la Ley. “No podemos olvidarnos que el combustible que mantiene viva la llama de los paramilitares y los antirrestitucionistas es el dinero de los despojadores, que tienen nuestra tierra y no la quieren devolver”, precisó la líder.

Para el director de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz), Luis Emil Sanabria, la Ley de Víctimas no está cumpliendo con las garantías de no repetición y le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se establezcan unas estrategias más amplias e integrales para que la seguridad de los beneficiarios de la ley no se limiten a chalecos antibalas y carros blindados.

Sanabria pidió puntualmente, “más inteligencia para la identificación de las estructuras armadas, políticas y empresariales que nos amenazan; más publicidad de la identidad de los testaferros investigados, más capturas, más depuración de la fuerza pública y más revisión de la estrategia de combate de las bandas criminales”.

El presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), Andrés Santamaría, hace dos semanas hizo referencia a la Ley de Víctimas y dijo que hay mucha quietud por parte del Ejecutivo para lograr hacerla cumplir. Lo anterior teniendo en cuenta que en el articulado que se aprobó, las personerías municipales deben ser las entidades encargadas de la toma de declaraciones, de la instalación de las mesas municipales de organizaciones de víctimas, entre otros.

Según Santamaría la falta de recursos para la ejecución de la Ley se evidencia en los porcentajes de cumplimiento, “nosotros promovemos las asociaciones de víctimas en los municipios y los que tomamos la primera declaración, sin la cual no hay entrada al proceso. El 75 por ciento de las reclamaciones en el país las toman los personeros. Pero nos dieron todas esas funciones y no nos dieron recursos. El 80 por ciento de las personerías no cuenta con un computador y el otro 70 no tiene inmobiliario”.

Aunque el Presidente de Fenalper no afirmó que la Ley se esté dejando de ejecutar, sí aclaró que no se está haciendo de la mejor forma. “La Ley de Víctimas no está funcionando bien y el Gobierno lo sabe, porque se lo hemos dicho. Tienen que entender que la mayoría de las víctimas no están en los municipios más apartados del país. Si no se les dan a los personeros las herramientas mínimas, no van a poder dar una atención integral”, puntualizó.