En duda verdaderas razones que hundieron cárcel para conductores borrachos | El Nuevo Siglo
Jueves, 24 de Mayo de 2012

El martes pasado la plenaria de la Cámara hundió en segundo debate el proyecto por medio del cual se establecía cárcel de 36 horas para los conductores sorprendidos en estado de embriaguez. Se presentó una proposición para archivarlo, la cual contó con 45 votos a favor y 44 en contra.

De esta forma se quedó a mitad de camino la iniciativa de la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta –MIRA), que surgió a raíz de la oleada de muertes y lesionados que se han presentado en accidentes de tránsito por culpa de conductores borrachos.

Sin embargo quedó en el aire un interrogante sobre las verdaderas razones que tuvieron los Representantes a la Cámara para hundir el proyecto. Por lo menos así lo indican las explicaciones que se escucharon.

El representante Hugo Velásquez dijo que en la decisión influyó una solicitud que en días pasados hizo al Congreso la Corte Suprema de Justicia para que no aprobara más tipos penales.

“Hemos sido notificados por la Corte Suprema de Justicia de que no podemos seguir aprobando leyes que impliquen el encarcelamiento mientras el Gobierno no solucione el problema de la saturación y la congestión que están enfrentando los centros penitenciarios”, dijo el Parlamentario.

Pero el senador Roy Barreras, quien es el más firme candidato a ocupar la Presidencia del Congreso a partir del 20 de julio, consideró que fueron otras las razones:

“Entiendo que para algunos legisladores el hecho de que arrestemos al borracho antes de que mate a alguien o se mate a sí mismo, es una medida sancionatoria muy severa porque, para el caso de servidores  públicos, se perdería el derecho a ser elegidos. Y si esa es la consecuencia, claro que deben perder ese privilegio”.

La representante Díaz coincidió con esa argumentación: “Hay algunos legisladores que no están de acuerdo porque les preocupa el hecho de que la pena de arresto de 36 horas les genere antecedentes judiciales y con esto quedarían inhabilitados para acceder a cargos de elección popular”.