Los intereses patrimoniales de la capital del país podrían verse afectados por la decisión tomada por el alcalde mayor Gustavo Petro de modificar excepcionalmente las normas urbanísticas a través de la expedición del Decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), indicó la Contraloría de Bogotá.

Según el contralor distrital Diego Ardila, el proyecto presentado al Concejo modificaba tanto las previsiones como sus contenidos, lo cual implica un nuevo POT.

“Se incumplieron los requisitos establecidos en el Decreto Nacional 4002 de 2004, en materia del  soporte técnico requerido y los mecanismos de participación allí exigidos para surtir el trámite de aprobación de la modificación que no resultó ser una modificación excepcional sino un nuevo POT, para lo cual se debía igualmente cumplir con lo consagrado en la ley”, explicó Ardila.

En su momento se cuestionó que por la vía de la modificación excepcional se tocaban temas relacionados con la protección y conservación de los recursos naturales y paisajísticos que solamente se pueden hacer por la vía de revisión del POT; de lo que se infiere que lo adoptado por el citado decreto no sea una modificación excepcional de norma urbanística sino un nuevo POT.

A propósito de las actuaciones administrativas relacionadas con el POT, el contralor Ardila manifestó que la entidad a su cargo pudo evidenciar el incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Económico para “Bogotá Humana” 2012-2016, en cuanto a la construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y la consecución de suelo para tal fin.

Según el contralor Ardila, para construir las 70.000 VIP programadas en el cuatrienio, la actual Administración debería entregar anualmente 17.500 viviendas, meta que resulta ser ambiciosa dada la escasez de suelo en la ciudad y la suspensión de los proyectos Nuevo Usme y Campo Verde.

Señaló además, que para cumplir con la meta establecida, el Distrito  debía gestionar 188 hectáreas de suelo útil por intermedio de la Secretaría Distrital del Hábitat, la Empresa de Renovación Urbana, Metrovivienda y la Caja de Vivienda Popular. No obstante aunque logró el objetivo para la vigencia del 2012, las mismas tan sólo equivalen al 10,20 por ciento del total programado.

“Si la evolución de las metas en materia de gestión del suelo es del 0 por ciento, significa que Bogotá está en alto riesgo de no contar con la construcción de las viviendas programadas, cuyo número es de 70.000, todo como resultado de la falta de planeación en la gestión administrativa por parte de las entidades responsables”, indicó Ardila.

De esta forma, el contralor precisó que la población afectada será la de escasos recursos económicos, como también la asentada en zonas de alto riesgo por remoción en masa. “El avance demuestra escasa ejecución, lo cual resulta preocupante teniendo en cuenta la extensa tramitología que debe surtirse para  la entrega de VIP, tiempo que en promedio es de aproximadamente 3 años en el mejor de los escenarios o más, como es el caso de los proyectos el Porvenir y Operación Estratégica Nuevo Usme adelantados por Metrovivienda, que  llevan aproximadamente entre siete y nueve años respectivamente”, precisó.

La Contraloría de Bogotá también evidenció el incumplimiento del Convenio suscrito por el Distrito Capital con el Gobierno nacional (Ministerio de Vivienda), el cual tenía como objeto la construcción de las 2.664 unidades de VIP,  de las cuales se asignaron 1.921 unidades a la Caja de Vivienda Popular y 743 a Metrovivienda.

En cuanto a Metrovivienda, que hace parte del convenio en mención, desarrollaría 417 VIP en Plaza de la Hoja y 326 en San Victorino, para un total de 743 unidades. El valor de cada unidad de vivienda VIP  sería de 39.669.000 pesos, correspondientes a  los 70 smlmv, fijados por la norma, de los cuales, 62 salarios cancelaría el Fonvivienda por cada una, los que ascienden a 35,1 millones de pesos y el aporte del subsidio familiar en especie por vivienda que hará el Distrito Capital  de 8 smlmv, dijo Ardila.

El ente de control determinó que en el proyecto Plaza de la Hoja, el valor real por cada vivienda sería de 60,7 millones de pesos, cifra que como vemos superaría en un 54,10 por ciento (21,1 millones de pesos), el límite de  los 70 smlmv establecidos por la ley. Igualmente, para el proyecto San Victorino se determinó como valor real por cada vivienda la suma de 145,5 millones de pesos, cifra que superaría en un 264,43 por ciento, equivalente a 105,8 millones de pesos, el límite establecido por la norma.

Alcalde espera al Contencioso Administrativo

Ante la posibilidad de que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que fue firmado mediante decreto, sea demandado, el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, aseguró que espera que la justicia a través del Contencioso Administrativo le permita a los ciudadanos tener la posibilidad de acceder de una manera más| sencilla a la justicia a través de la creación de despachos para jueces establecidos en el POT.

“Yo espero que la justicia no suspenda el POT, aspiro a que la justicia haga justicia con la ciudad de Bogotá, es decir, que le permita a la ciudadanía tener espacio público, y que le permita la garantía de sus derechos como lo son la salud, la educación y a la misma justicia”, dijo Petro.

El alcalde Petro explicó que el Plan de Ordenamiento Territorial estipula que con los recursos de la Administración Distrital se creen en todas las localidades de Bogotá, despachos para jueces y fiscales que les brinden a los ciudadanos mayores posibilidades de acceso a la justicia.

“Lo que hace este POT al volver usos mixtos, los usos dotacionales, es hacer que con los recursos de Bogotá, no de la justicia, se puedan hacer despachos de jueces y de fiscales en todas las localidades de Bogotá, lo que ayudaría a acceder al derecho a la justicia de los ciudadanos y sería un mecanismo de paz, paradójicamente a la justicia le toca decidir en el Contencioso Administrativo, si suspende ese POT o no”, señaló el mandatario.

Finalmente, el burgomaestre manifestó que toda la justicia a la que más acceden los ciudadanos se encuentra en el centro de Bogotá, y en condiciones en las que deben trabajar unos encima de otros, por lo que el POT, garantizará el mejoramiento de estas condiciones y el esparcimiento de los mencionados despachos por toda la ciudad.

“Uno de los grandes cambios que trae el POT es la solución a uno de los mayores problemas de Bogotá. El 43 por ciento de los bogotanos en los últimos cinco años ha necesitado la justicia, y teniendo en cuenta que acceder a la justicia es un derecho fundamental, ya que la sociedad que no permite esto está condenada a la violencia, el POT sirve para solucionar este tema”, puntualizó.