Luego de tres semanas en paro de la mayoría de los 350 mil profesores del sector público, los debates siguen centrados en las cuotas de responsabilidad que le caben al Gobierno y al sindicato de profesores en este cese de actividades que tiene a más de ocho millones de estudiantes sin clases. El ritmo de las negociaciones sobre temas salariales, de régimen de carrera y de sistema de salud es muy lento, al tiempo que crece la controversia en torno a la real voluntad de conciliar tanto del Ejecutivo como de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Ya está claro que la protesta afectará en forma sustancial los programas de estudio en escuelas y colegios oficiales en este primer semestre. Si bien algunos voceros de los docentes afirman que una vez se logre un acuerdo se buscará un mecanismo para ponerse al día, lo cierto es que el periodo de vacaciones de mitad de año ya está por arrancar y los alumnos no tendrán más opción que seguir por fuera de las aulas. Una triste realidad.

En medio de ese rifirrafe se ha venido desarrollando una discusión más de fondo y estructural, referida a la calidad misma de la educación que se imparte en Colombia. El Gobierno sostiene que hay avances en la materia. El propio Jefe de Estado resaltaba días atrás que todos los niños desde el grado cero al once estudian gratis en los colegios públicos; 500 mil alumnos ya están en jornada única; hay un plan para construir 30.000 nuevas aulas; se han entregado 38 millones de textos escolares; aumentó la capacitación en bilingüismo; la cobertura en educación superior pasó de 37 a 51 por ciento; 30 mil jóvenes de escasos recursos estudian en las mejores universidades con becas plenas; y las pruebas internacionales estandarizadas para medir la capacidad de los educandos colombianos en competencias de ciencias, matemáticas y comprensión de lectura han empezado a mejorar poco a poco…

A ese corte de cuentas le surgen réplicas desde distintos sectores de la academia, los profesores y otros expertos, según los cuales se confunde la cantidad con la calidad en materia de educación. Peros que recalcan que la tasa de bilingüismo es muy baja; la capacidad de análisis y reflexión del estudiantado deficiente; es mediocre todavía el rendimiento en las pruebas internacionales como las PISA; hay falencias en la calidad del recurso humano docente; programas como “Ser pilo paga” terminan siendo inequitativos; las tasas de deserción son muy altas; la corrupción y la politiquería esquilman los presupuestos…

A ese debate se suman otros elementos, si se quiere más objetivos. Por ejemplo, la Contraloría General evaluó los resultados del Sistema General de Participaciones (SGP) y encontró que tanto en salud como en educación no se han cerrado las brechas sociales e inequidades entre regiones, calculando que superar esta situación puede tomar entre 30 y 48 años. Agregó que las metas definidas para el sector educación se establecen únicamente para el caso de las coberturas pero no para calidad, “razón por la cual priman los resultados en el acceso al servicio pero no en el mejoramiento de la educación de la población estudiantil”. Otra de las conclusiones del estudio es que en relación con la cobertura bruta y neta para todo el ciclo de educación preescolar, básica y media en 2015, se observa disparidad de los resultados a nivel municipal. Igualmente el porcentaje de población de cinco años por fuera del sistema educativo se incrementó notoriamente en el lapso. En  relación con la matrícula total se evidenció un decrecimiento de 933.444 estudiantes. Por último, se recalcó que persiste la deserción.

Paradójicamente el Departamento de Planeación Nacional también emitió un informe en el que se analiza el Sistema General de Participaciones, concluyendo que los estudios recientes sobre el impacto del mismo evidencian su progresividad, así como su contribución a la reducción de las brechas sociales y la equidad en la distribución. “En educación se avanzó en la consolidación de los niveles de cobertura y permanencia para la educación básica y media….”.

Es difícil establecer cuál de los dos informes referenciados, el de la Contraloría o el de Planeación Nacional, es el más cercano a la realidad. Puede que sean ambos, pero la interpretación y ponderación de las cifras distintas.

Sin embargo, lo que queda claro es que más allá de la forma en que termine resolviéndose el actual paro de los docentes públicos, Colombia requiere un análisis a fondo sobre su sistema educativo. Un análisis con un enfoque más cualitativo que cuantitativo.  Ese es un tema pendiente desde hace muchos años en el país y cada vez se evidencia como inaplazable.