- No se puede permitir la revictimización
- Control territorial, prioridad del Estado
El año comenzó con una noticia bastante impactante: Un corregimiento del municipio de Bojayá, en el Chocó, se encontraba aislado por cuenta del asedio de hombres armados de la banda criminal denominada ‘Clan del Golfo’.
Como es apenas obvio, de inmediato retumbó en la memoria de muchos colombianos una de las más graves masacres cometidas por la guerrilla de las Farc a lo largo de sus cinco décadas de violencia y terror. Para nadie es un secreto que el 2 de mayo de 2002 quedó marcado para siempre en la historia de nuestro país como una de sus fechas más trágicas, puesto que ese día un combate entre guerrilleros y paramilitares derivó en que los habitantes de Bojayá, atemorizados a cual más, se refugiaran en el casco urbano de la población y, fieles a sus creencias religiosas, una parte de ellos se escondió en la Iglesia local.
Por cuenta de esa barbarie ciega que ha caracterizado el conflicto interno en nuestro país, los subversivos creyeron que eran sus enemigos los que estaban refugiados en el templo y los atacaron con armas largas y explosivos por varias horas. Cuando todo acabó el saldo fue dramático: alrededor de 100 hombres, mujeres y niños resultaron asesinados, muchos de ellos calcinados… Hoy, casi 20 años después, todavía no es claro cómo es que pudo ocurrir semejante tragedia. La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) no ha ahondado respecto a un caso que con el tiempo se ha convertido en símbolo de la causa de las víctimas por lograr la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Tan solo se tiene que en 2016 algún vocero de las hoy desmovilizadas Farc pidió perdón por la masacre y que hace apenas unas semanas retornaron a ese municipio los restos de muchas de las personas fallecidas en la Iglesia pero que no habían sido identificadas todavía.
Si bien es cierto que en los últimos años en varias ocasiones se ha denunciado que esta zona del Chocó es escenario de un pulso a sangre y fuego entre guerrilleros del Eln y las bandas criminales, que intentan adueñarse de los enclaves en que antes delinquían las Farc, la noticia de esta semana sobre decenas de pobladores confinados por escuadrones del ‘Cartel del Golfo’ de inmediato prendió las alarmas al temerse que se repitiera la masacre del 2002. El Presidente de la República y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía de inmediato ordenaron una fuerte movilización de tropas hacia la zona, lo que, afortunadamente, según los reportes castrenses obligó a los delincuentes a salir huyendo de la región en cuestión de horas y que los asustados pobladores del corregimiento de Pogue pudieran recuperar algo de calma tras varios días de incertidumbre esperando lo peor.
Tras el Consejo de Seguridad en dicha población, que fue encabezado por el propio Comandante de Ejército, se determinó que habrá presencia permanente de las tropas en la región con el fin de mantener un riguroso control del orden público y evitar que las bandas criminales, que se lucran allí del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, puedan volver a intimidar a la población.
Por ahora, se podría decir que el peligro ha disminuido en Bojayá y sus alrededores. Tanto el Gobierno como la Fuerza Pública asumieron un compromiso ante el país de que no se volverá a desamparar esta región que, dicho sea de paso, está caracterizada, como la mayoría del Chocó, por tener uno de los más altos índices de pobreza y desigualdad.
Sin embargo, lo que debe preguntarse toda la ciudadanía es cuántos bojayás más existen hoy en el país. Municipios y corregimientos que años atrás fueron escenario de los picos más altos del conflicto y que hoy, lamentablemente, están bajo la amenaza de nuevos y viejos actores ilegales, tal como se deriva de la racha de asesinatos de líderes sociales y una escalada delictiva de la más diversa índole. Ya no hace falta repetir que este reciclaje violento tiene su principal, origen en que el Estado no fue diligente para entrar a recuperar el control territorial y la prevalencia institucional en muchas de las zonas que fueron desocupadas por la fracción de las Farc que sí se desarmó.
En el marco de la nueva estrategia operacional que este año deben empezar a aplicar tanto las Fuerzas Militares como la Policía, así como todo el conjunto institucional, deben priorizarse esas decenas o centenares de municipios veredas o corregimientos que, como Bojayá, continúan siendo blanco del accionar de los grupos armados. Si no se redoblan los esfuerzos en esta dirección mal puede hablarse en Colombia de la era del posconflicto. No nos podemos llamar a engaños.