* Traumático primer año del presidente Castillo
* En mira de Congreso y Fiscalía por corrupción
La situación política del Perú empeora cada día por cuenta de los escándalos de corrupción por lo que se investiga al presidente Pedro Castillo. El gobernante, que saltó de ser profesor rural y dirigente sindical regional a la primera magistratura, se había comprometido durante su campaña a combatir el robo al erario y el desgreño administrativo, implementando un gobierno de corte nacionalista. Una apretada mayoría se dejó convencer por ese discurso, cuya principal consigna era criticar a los políticos tradicionales y encarcelar a los ladrones de ‘cuello blanco’.
En medio del desprestigio partidista y dirigencial inca de las últimas décadas, el mensaje de Castillo, pese a su inexperiencia en temas de alto gobierno, caló en el electorado y finalmente ganó por poca diferencia con la también cuestionada aspirante de derecha Keiko Fujimori. Es claro que había desesperanza en la población por tener media docena de expresidentes de distintos partidos políticos que no terminaron sus periodos o que después de hacerlo cayeron presos por corrupción o violación de derechos humanos. Incluso un exmandatario se terminó quitando la vida cuando estaba a punto de ser detenido y otro más huyó a Estados Unidos y se espera su pronta extradición a Lima. El caso Odebrecht está en el trasfondo de varios procesos a jefes de Estado.
No hay que perder de vista que en Perú no solamente funciona de manera implacable la capacidad del Congreso para enjuiciar a los mandatarios de turno sino un aparato judicial sólido, con la Fiscalía al frente, que ha procesado a líderes de todas las corrientes políticas. También cuenta con un sistema de cárceles de máxima seguridad a prueba de fuga, como ocurrió con Abimael Guzmán, el condenado jefe de Sendero Luminoso que murió tras las rejas. Ni siquiera el también preso y enfermo expresidente Fujimori ha podido salir libre por razones humanitarias ni maniobras políticas.
La esperanza de que con la llegada de Castillo la situación cambiara se difuminó apenas tiempo después de su posesión en julio del año pasado. Actualmente el Congreso no solamente investiga a Castillo, sino que la Fiscalía tiene la lupa sobre su esposa, sobrinos y otros parientes cercanos a los que acusa de diversos delitos para enriquecerse. Es tristemente célebre el caso del exsecretario privado presidencial al que le encontraron en el baño del palacio gubernamental un bulto de dólares, al parecer de las comisiones que cobraba por negocios dolosos. Incluso una parte de las conductas penales que se le sindican al mandatario se habrían fraguado desde el momento en que salió elegido y estuvo residenciado en distintas casas y oficinas de Lima, en donde se habrían planificado acciones para asaltar el erario público, según dicen sus acusadores.
No hay que olvidar que Castillo, cuando resultó electo, anunció que no despacharía desde el Palacio Pizarro y estuvo en distintas instancias en los suburbios de Lima, dizque para mantenerse alejado de las intrigas de los negociantes de la política. Dicha estrategia, según sus críticos, resultó una farsa para encubrir y elaborar una verdadera telaraña de contratistas del Estado de dudosa calaña. Esos enredos han venido estallando, como bombas de tiempo, en el curso del primer año de mandato, al punto que la creencia popular es que el Jefe de Estado no gobierna sino que el tiempo se le va en defenderse no solo ante el Congreso (que ya le ha adelantado varios procesos y en alguno estuvo a punto de ser separado del cargo), sino ante la Fiscalía, en donde sus familiares y exaltos funcionarios son investigados.
Los señalamientos a Castillo son graves, ya que van desde delitos contra la administración pública hasta tráfico de influencias en distintos procesos contractuales públicos. El expediente crece semana tras semana y la Fiscalía dice contar con nuevas y comprometedoras pruebas en su contra.
Si bien se mantiene a flote la economía peruana, pese al coletazo de la crisis pandémica, el pico inflacionario y el caldeado ambiente externo derivado por la guerra en Ucrania, es claro que la estabilidad institucional y gubernamental se deteriora día tras día. Los contradictores de Castillo apuestan a que saldrá del poder antes de terminar el año e incluso ya asoman nombres de candidatos a reemplazarlo. En el Congreso ya perdió las mayorías ajustadas que tenía, sobre todo después de que su propio partido le diera la espalda por desacuerdos programáticos y burocráticos. La gestión, entre tanto, sigue dando bandazos y el inconformismo social crece. Así las cosas, todo hace pensar que Perú no saldrá en el corto tiempo del viacrucis político que ha marcado sus tres últimas décadas.