* La menor desaparecida en Bogotá
* No funcionó sistema de alerta temprana
El caso de una niña de dos años desaparecida en Bogotá desde mediados de enero mantiene impactado al país. Mientras que los cuerpos de bomberos rastrean un río y dos quebradas desde hace varios días, en atención a que la madre biológica dijo inicialmente que la menor había muerto y ella arrojó su cuerpo a un caño, al mismo tiempo las autoridades lanzaron ya una circular amarilla de la Interpol para buscarla en 196 países, ya que la progenitora en otra declaración dijo haberla ‘regalado’ porque no tenía como mantenerla. Sin embargo, hay otras hipótesis que se están investigando. En el entretanto, la madre y el padrastro ya se encuentran en la cárcel sindicados de incurrir en el delito de desaparición forzada, mismo que no aceptaron ante el juez de garantías. Será, entonces, el juez de conocimiento el que señale si son culpables o no. En caso de serlo, debe aplicárseles la pena más alta posible.
Como es apenas obvio, lo ocurrido con esta menor ha abierto un debate de amplias proporciones en el país respecto a por qué el complejo aparato interinstitucional que tiene el país para poder detectar a niños en situación de riesgo y vulnerabilidad no funcionó en este caso. Los interrogantes son múltiples. La tía de la menor, que tenía su custodia y le permitió a la madre biológica -una mujer con antecedentes problemáticos- llevarse a la niña para pasar unas horas con ella pero nunca regresó, afirma que cinco días después acudió al jardín infantil en donde cuidaban a la menor pero allí no la pudieron ayudar para iniciar la búsqueda. Luego, a comienzos de febrero, fue a un centro zonal de Bienestar Familiar en donde tras exponer el caso la remitieron a la línea de atención telefónica 141, en donde también explicó lo sucedido pero dado que la niña estaba con la mamá y no se tenía una dirección para ubicarla, el proceso fue radicado pero no avanzó sustancialmente. Días después, la tía se encontró con la madre biológica, que estaba ejerciendo la prostitución, y al preguntarle sobre la niña, ella le manifestó que había muerto y arrojó su cuerpo a un caño. Tras ello, la familiar interpuso la respectiva denuncia a la Fiscalía, empezando por fin el operativo para localizar a la menor y judicializar a los presuntos responsables de su desaparición.
Como se ve, pasaron varias semanas desde el momento en que la niña fue llevada por su madre hasta cuando las autoridades activaron su búsqueda urgente. Es claro que hay muchos interrogantes por despejar, pero el principal de ellos es por qué todo el sistema de alerta y acción temprana interinstitucional que está creado, precisamente, para arrancar desde el primer indicio sobre un menor en estado de riesgo, no cumplió con su cometido. No hay que olvidar que por mandato constitucional y legal los derechos de los menores de edad son prevalentes y hay creado todo un esquema de enfoque preventivo y ejecución inmediata para actuar antes de que se produzca un hecho grave o, peor aún, un desenlace fatal.
Obviamente los entes de control y vigilancia así como el Instituto de Bienestar Familiar están llamados a iniciar una investigación muy detallada para establecer si hubo aquí una cadena de errores o si el sistema vigente debe ser reformado para poder reaccionar a casos como este que tanto impacto ha generado al país.
Claro, no hay que confundir las circunstancias: la culpabilidad en la desaparición de la niña corresponde señalarla a la Fiscalía que, como se anotó, tiene ya tras las rejas a la madre y su pareja sentimental. Este último, incluso, tenía a su cargo otros cuatro menores de edad que aunque serían sus hijos biológicos estarían siendo utilizados para labores de mendicidad. Estos ya se encuentran bajo protección estatal afortunadamente.
Colombia, sin duda alguna, es uno de los países que tiene una de las legislaciones más drásticas para castigar a quienes atropellan o cometen delitos más graves contra menores de edad. Incluso está bajo revisión constitucional una reforma que establece hasta la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y adolescentes. Pero también ha construido a lo largo de los años un sistema institucional de prevención y alerta temprana para intervenir antes de que el daño sea causado. En el caso que nos ocupa dicho esquema no fue eficaz, es evidente. Pero no solo es un problema de las autoridades, ya que la política de protección a la niñez se basa en la corresponsabilidad entre la sociedad, la familia y el Estado. Un enfoque tripartito que falló en este doloroso caso y no puede repetirse.